Son muchos los problemas de vivienda a los que debemos hacer frente en el siglo XXI en España. Por supuesto, los más candentes, lacerantes y dramáticos son los que afectan a familias que se ven abocadas a perder su vivienda por imposibilidad de hacer frente al pago, sea este el de la cuota de amortización de un préstamo o bien el de la renta mensual del alquiler. Recordemos que, aun no acabando en todos los casos con lanzamientos efectivos, los desahucios acordados por los juzgados han superado, entre los años 2008 y 2020, la cifra de 700.000. Inicialmente se trataba fundamentalmente de situaciones de endeudamiento, pero con el tiempo han ido tomando mucho más peso los relacionados con insolvencias de alquiler, convirtiéndose este sector en uno de los de mayor fragilidad estructural.
Y sin embargo, además de esta triste tragedia con la que hemos empezado el siglo, estamos conviviendo con un problema que es conocido a nivel doméstico por todas aquellas familias que lo padecen, pero que no se plantea de forma abierta en los medios de comunicación ni en los movimientos sociales. Se trata de la alarmantemente baja tasa de emancipación de los jóvenes. Con datos de finales del 2020, sólo el 17,3% de nuestros jóvenes de entre 16 y 29 años viven fuera de casa de sus padres. Este porcentaje es el más bajo de Europa, es el peor desde el año 1999 y nos indica diversas cosas, además del tremendo sufrimiento de todos aquellos que ven truncadas sus expectativas de empezar una vida autónoma. Retraso en la edad de procreación con el consiguiente menor número de hijos es otra derivada que nos sitúa de nuevo a la cola de los países europeos; retraso en la entrada en el mercado laboral y en el inició de la cotización en la seguridad social, otra grave consecuencia del techo de salida inicial.
Según el Informe del 2020 del Observatorio de la Emancipación que elabora el Consejo de la Juventud de España, en el tramo de 16 a 29 años, sólo el 33,5% están ocupados y de estos, el 49% lo está con contratos temporales y el 23% sólo a tiempo parcial. El trabajo, por lo tanto, se erige como el factor determinante para poder dar el paso hacia la emancipación.
Pero interesa aquí observar qué ocurre con los jóvenes que, habiendo encontrado un empleo, se plantean acceder a una vivienda autónoma. Descartando la opción de la compra de una vivienda para la que es requisito imprescindible un ahorro previo y unas garantías de contrato laboral exigentes, si analizamos el mercado del alquiler, los precios medios actuales resultan disuasorios para un joven solo ya que debería dedicar el 92,9% de sus ingresos al pago de la renta, pero incluso también para un hogar joven (compuesto por dos miembros con ingresos), que debería destinar a este pago el 47,5% de los ingresos.
Se colige de todo ello que el trabajo es una condición necesaria e imprescindible para la emancipación, pero no suficiente cuando el acceso a una vivienda propia aparece como un obstáculo insuperable. La vivienda debería, por lo tanto, concentrar todos los esfuerzos de las administraciones públicas para pasar de ser un obstáculo a un trampolín para la emancipación. Reducir el coste de acceso a la vivienda, adaptándolo a la capacidad adquisitiva de los jóvenes, sería allanar el camino hacia su autonomía residencial y para darles garantías de estabilidad futura. Pensemos que incluso entre los que han conseguido la proeza de alquilar una vivienda o una habitación compartida, según un reciente estudio realizado por el Consejo de la Juventud de Cataluña, el 56% prevé que va a tener que cambiar en breve de vivienda, precisamente porque no va a poder seguir haciendo frente a su coste y un 41% padece problemas de tristeza o angustia.
La política de vivienda y la política urbanística deberían tomar buena nota de estos alarmantes indicadores y establecer estrategias radicales para conseguir cambiarlos de signo. No basta con parches coyunturales que sólo sirven para contener hemorragias; hay que atacar la raíz de los problemas y para ello hay que tener una mirada en el medio y el largo plazo. Para abordar este desafío de forma amplia y con el objetivo de consensuar unas directrices claras que den solución al problema estructural, organismos como el Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, (CSCAE), han sido creados para sentar por primera vez en la misma mesa a todos los agentes que pueden accionar mecanismos de la solución desde el conocimiento compartido.
La aparición de los Fondos Next Generation para la recuperación, Transformación y Resiliencia, es una ocasión para empezar a encauzar de forma decidida la provisión de vivienda de alquiler asequible y social. Más de treinta organizaciones privadas y sociales, entre las que se cuenta el el CSCAE, solicitaron al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la dedicación de fondos a esta finalidad. Los 1.000 millones, aprobados para los años 2002 y 2003, permitirán subvencionar del orden de 50.000 viviendas. Este será, sin duda un paso importante en la buena dirección, pero no deberíamos olvidar que las necesidades de nueva vivienda de alquiler social para situarnos en niveles semejantes a los de los países del entorno europeo, son hoy de 800.000 viviendas, que podrían provenir de nueva construcción pero también de la reconversión del parque existente.
Se trata de dar un giro al déficit estructural que venimos padeciendo y poder así no sólo atajar los graves problemas actuales de déficit de vivienda asequible sino también sentar las bases para que en el futuro la vivienda deje de ser uno de los factores más determinantes de la desigualdad social y de la bajísima tasa de emancipación de los jóvenes.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Espacios Urbanos Sostenibles
