Tal y como señala la Comisión Europea, los edificios son responsables del 40% del consumo de energía en la UE, por lo que parte de los esfuerzos de la Agenda 2030 se dirigen a que los edificios sean más sostenibles. En este sentido, España destaca de forma positiva entre Europa, ya que las empresas españolas emiten una media de 21 kgCO₂eq/m, mientras que la media europea es de 32 kgCO₂eq/m. Estos datos, recogidos por el ESG Index de la firma de inteligencia de datos ESG Deepki, muestran que las oficinas españolas tienen un 35% menos de emisiones de carbono.
En nuestro país, la construcción de edificios se rige por el Código Técnico de la Edificación (CTE), una normativa que establece unos estándares mínimos de calidad y seguridad y que, desde 2006, presta especial atención a la sostenibilidad de los edificios, de forma que todos los edificios construidos con anterioridad no estaban obligados a cumplir determinados requisitos en materia de eficiencia energética, quedando este aspecto al libre criterio del constructor y los arquitectos. El certificado de eficiencia energética evalúa el nivel de eficiencia de los edificios en función de su consumo energético, con calificaciones entre la A y la G. Es un sello oficial e internacional que sólo puede emitir un técnico cualificado, para lo que se tienen en cuenta los sistemas de calefacción y refrigeración, ventilación, iluminación o agua caliente sanitaria. Esta certificación es la más extendida en nuestro país, además de ser obligatoria en el caso de que se quiera poner la vivienda en venta o alquiler.
Certificaciones ecológicas en toda Europa
En Europa, la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), pendiente de aprobación, fija los objetivos para la futura eficiencia energética de los edificios europeos. Además de las normas comunes ya establecidas, los Veintisiete, así como España, tienen sus propias normativas y certificados verdes para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.
Francia cuenta con la etiqueta ISR. promovida por el gobierno para reconocer las inversiones sostenibles y responsables. En Alemania, la Ley de Energía de los Edificios, es la principal normativa sobre eficiencia de los edificios del país, y la DGNB es un sistema nacional de certificación para evaluar la sostenibilidad de los edificios y, además, de los distritos urbanos. Italia, al igual que España, alberga un gran volumen de edificios con una calificación energética D o inferior. A pesar de ello, la norma CasaClima es un referente en el país para la certificación de edificios eficientes y sostenibles. E ITACA, que evalúa la sostenibilidad energética y medioambiental de los edificios desde distintos aspectos (salud, uso de la energía, agua y otros recursos).
Aunque cada país aplica su propia legislación y cuenta con sus propios sellos y certificaciones medioambientales voluntarias, todos guardan ciertas similitudes, no sólo por el marco europeo, sino también por el objetivo común de ofrecer una garantía de calidad medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) y sostenible de los edificios.
Los activos más ecológicos y certificados resultan más atractivos para los inversores, ya que los activos con mayor rendimiento ESG resultan ser más líquidos que los activos “marrones”, que corren el riesgo de quedarse varados. Conseguir una calificación A no es fácil, ya que es la más exigente en cuanto a criterios de eficiencia energética y requiere un consumo inferior a
50 kw/m2 al año, lo que es más propio de edificios diseñados con este objetivo y que incluso tienen en cuenta la orientación del edificio.
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