El think tank OIKOS publica un estudio en el que revela que España podría perder más de cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 2050 si se mantienen las actuales políticas globales de descarbonización. Este trabajo también indica que la inflación podría agravarse en más de 3 puntos durante las próximas dos décadas si no se desarrollan las medidas adecuadas, lo que provocaría una recesión con el consiguiente aumento del desempleo. Nuestro país muestra una especial vulnerabilidad debido a sus propias circunstancias geográficas y económicas, por lo que una transición energética ordenada resulta esencial, según este informe de OIKOS.
El informe parte de los análisis realizados por prestigiosas entidades, entre ellas la Network for Greening the Financial System (NGFS), el grupo de trabajo de los principales bancos centrales y científicos climáticos, que establece escenarios que oscilan entre las políticas actuales de descarbonización en el ámbito (Current Policies), una transición desordenada y fragmentada (Divergent Net Zero) y una acción inmediata y ordenada que lograse alcanzar los objetivos de París (Net Zero 2050).
De mantenerse las actuales políticas globales de descarbonización, la mayor vulnerabilidad de España ante la inacción climática podría causar una caída en el PIB de hasta el 4,4% en 2050, que se quedaría en una reducción del 3,3% en el escenario de descarbonización desordenada y en el 1,5% en el supuesto de que se acometiera una transición ordenada.
Esta merma del PIB se acentuaría, según estas proyecciones, a lo largo de la segunda mitad del siglo y podría alcanzar el 7% del PIB en el caso de la inacción climática. Los cálculos contenidos en el informe recogen también un impacto inflacionario provocado por el efecto del despliegue y aumento del precio a las emisiones, que eleva el coste de la energía. Este impacto oscila más de tres puntos en función de los escenarios y sería más pronunciado en una transición desordenada y fraccionada, en el que los precios podrían aumentar hasta un 6%.
El informe constata asimismo múltiples ramificaciones e impactos de segundo orden, que podrían incluir rupturas en las cadenas de suministros o crisis migratorias con un potencial impacto de desestabilización política tanto en la UE como en otras regiones del mundo.
En términos climáticos, los impactos se acelerarían a partir de 2030. Si se mantienen las actuales políticas globales de descarbonización, la temperatura media aumentaría 3ºC en la mayoría de las Comunidades hasta llegar a 2100 e iría acompañada de una reducción de las precipitaciones de hasta el 19% en regiones como Andalucía.
La lucha contra el cambio climático solo será efectiva como tarea global
Las principales conclusiones del informe ponen de manifiesto que “la lucha contra el cambio climático solo puede ser efectiva si es global a medio y largo plazo, con políticas públicas aún no desplegadas pero no con medidas unilaterales sin coordinación internacional”, asegura el Cofundador de OIKOS, Toni Timoner.
En este sentido, el informe concluye que España ya ha conseguido desacoplar crecimiento económico y aumento de emisiones, aunque todavía queda camino por recorrer, siendo necesario también que la acción colectiva se aplique en países en vías de desarrollo. A su vez, refleja que la lucha colectiva recompensa económicamente, aunque no de forma inmediata, si bien desaconseja que la transición energética se produzca de forma desordenada y abrupta, pues podría conducir a España a una recesión, una subida de los precios y un aumento del desempleo.
Toni Timoner insiste en que “la oportunidad de actuar con una transición ordenada se está cerrando a medida que se posponen medidas de descarbonización” y añade que, en vista de los resultados del informe, “a España le compensa económicamente más que a la mayoría del resto de socios europeos impulsar una transición energética ordenada e inmediata y acelerar los esfuerzos de adaptación climática”.
“La ruta óptima para minimizar el impacto económico es una transición ordenada hacia un mix energético que, junto con el despliegue de mecanismos de captura y almacenamiento de CO2, permita una reducción progresiva de emisiones sin costes económicos onerosos”, señala Timoner.
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