Fundación MAPFRE ha celebrado el primer Foro ‘Desafíos y oportunidades de la España rural’ con el objetivo de abordar las claves que permiten impulsar el desarrollo en el entorno rural. El encuentro ha estado centrado en dos ejes prioritarios: el empleo y el acceso a servicios sociosanitarios de calidad y los cuidados de larga duración. Estos son los dos objetivos específicos sobre los que ha girado la convocatoria de ayudas +Rural que Fundación MAPFRE ha convocado en calidad de Organismo Intermedio del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza del FSE+ para el periodo de programación 2021 – 2027.
La apertura de la jornada ha corrido a cargo de Ángel M.ª Frontelo, subdirector general de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), dependiente de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es la autoridad gestora del Fondo Social en España.
Durante su intervención, Frontelo ha puesto en valor el impacto que los 11.500 millones de euros de este Fondo tendrán en nuestro país y ha resaltado que el “Fondo Social Europeo es una inversión rentable ya que, por cada euro invertido, el retorno es mucho mayor; es una inversión orientada a mejorar la vida de las personas”.
Moderado por el periodista Ángel Expósito, el foro ha estado dividido en dos mesas de debate. La primera, titulada Empleo en el mundo rural. Nuevos yacimientos y oportunidades, ha contado con la participación de representantes del entorno rural, de la Administración Autonómica, del sector privado y de los colectivos que trabajan con las personas que lo habitan.
María José Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha destacado que “para que pueda haber empleo, lo primero que debe haber es población, y que esta tenga las mismas oportunidades que los que viven en las urbes”.
Para conseguirlo, ha apuntado a la importancia de satisfacer las necesidades básicas de las personas, dado que “5.000 ayuntamientos de España tienen problemas de despoblación. Es decir, la mitad de los municipios de España tienen este problema y, para evitarlo, se debe trabajar en unas políticas claras y orientadas, una inversión controlada y eficiente”. “Creo que la España rural puede ser una oportunidad para el país, hay que cuidarla y protegerla”.
Por su parte, Celia Derecho Montes, secretaria general de Empleo Junta de Extremadura, ha recalcado la importancia de “incidir en la transformación digital como elemento clave para avanzar en el desarrollo rural, en la formación bien orientada para llegar a los colectivos desfavorecidos, así como a las mujeres y a los jóvenes”.
“Desde las Administraciones Públicas tenemos que buscar un equilibrio entre atraer inversión, que se fomenta con convenios; apoyo institucional y proporcionar ayudas como las de la formación estratégica para el empleo”, ha subrayado. Además, ha apuntado que “la España rural debe ser uno de los ejes de la economía nacional, ya que aporta una gran variedad y riqueza cultural, artística y turística; y de sectores económicos como el agroalimentario, que ofrecen gran cantidad de ventajas y oportunidades que tenemos que ser capaces de aprovechar”.
Para finalizar ha recalcado que es posible y necesario mantener las profesiones tradicionales, pero también abrir nuevas posibilidades de empleo, impensables hasta la pandemia, y que ahora son una realidad; pero que requieren de una mejora en la conectividad, las infraestructuras y las vías de transporte.
Daniel Morales Gutiérrez, director de Sostenibilidad en Orange y de la Fundación Orange, ha expresado su convencimiento de que “llevar la conectividad de banda ancha, tanto fija como móvil, a las zonas de menor densidad poblacional favorecerá la cohesión económica y social e impulsará la repoblación, el teletrabajo y la actividad económica en zonas actualmente vacías. Para poder llevar a cabo estos despliegues, la iniciativa privada de las empresas de telecomunicaciones está siendo fundamental, pero debe, necesariamente, complementarse con el esfuerzo público. Gracias a los fondos europeos, España se encuentra ante la posibilidad histórica de acelerar el despliegue de las infraestructuras en aquellas áreas rurales donde la rentabilidad de estas inversiones es difícil, para reducir así la brecha digital entre los territorios”.
Finalmente, Carmen Quintanilla, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), ha puesto el foco en los problemas que aún persisten en relación a la conectividad, dado que “el 60% de los pueblos en España tiene un mal acceso a las nuevas tecnologías, con una brecha digital de 8 puntos con respecto a las ciudades”.
Por eso, considera que es la España rural la que sostiene el sector primario y, por ende, la generación de productos alimentarios de calidad para abastecer a las grandes ciudades y a media Europa: “No somos la España vaciada, somos la España donante y se debe analizar cómo tener la calidad de vida necesaria en todos los municipios, tanto a nivel de transformación digital como de servicios públicos”.
Además, ha destacado el papel protagonista de la mujer en la transformación que se pretende dar al entorno rural y la necesidad de prepararlas para el relevo generacional de las explotaciones del sector primario. Ha considerado que hay que plantear la reordenación territorial y la mancomunidad de los servicios entre pequeñas poblaciones si se quiere garantizar su supervivencia. Apuntando a la economía de los cuidados, las energías renovables o el turismo rural entre los nuevos yacimientos de empleo que permitirían la creación de nuevos puestos de trabajo y la atracción de la población a los pueblos. “Las oportunidades pueden ser posibles si realmente tenemos voluntad e impulso político para hacerlo”, ha concluido. Al cierre del panel los participantes han coincidido en rechazar el término de “España vaciada” para definir una realidad especifica de las personas que viven en la España rural. Se aborda una inmigración como una realidad que requiere estar reglada, que puede ayudar a invertir la tendencia de la pirámide poblacional, pero que requiere de una formación y una adaptación a su nuevo hábitat, y que ocupa empleos como los cuidados.
Todos han señalado que afrontan el futuro del entorno rural con optimismo, pero que se requiere de la puesta en marcha de políticas que incentiven la creación de puestos de trabajo que mejoren la formación y la complementariedad con el ámbito urbano y que cuenten con el trabajo conjunto con el sector privado y con la participación de sus habitantes, garantizando su calidad de vida.
El acceso a servicios sanitarios en la zona rural.
La segunda mesa de debate ha llevado por título El acceso a los servicios sanitarios y cuidados de larga duración y ha contado con la visión de la Administración Autonómica, del sector privado, de los profesionales sanitarios y de los colectivos afectados.
Trinidad Ruth Molina, directora general de Atención Sociosanitaria Salud Mental y Adicciones de la Junta de Andalucía, ha hecho hincapié en que, para evitar la pérdida de humanización que comporta la tecnología, están desarrollando estrategias que se materializan mediante la creación de comités donde participan activamente entidades del tercer sector y representantes de los colectivos y donde se trabaja en protocolos de atención adaptados a las nuevas tecnologías y que permitan mantener la humanización en los centros de salud, además de disponer del mejor material electromédico.
Silvia Hernández Tejero, directora del Sector Financiero y Seguros de Microsoft España, ha dejado claro que “todo lo que tiene que ver con la telemedicina, como la monitorización remota, supone ventajas fundamentales que debemos desplegar en las comunidades rurales. Buscamos experiencias más móviles, en tiempo real, abriendo una nueva era a los entornos rurales para favorecer los servicios médicos”.
En este sentido, ha destacado que “la inteligencia artificial generativa, que permite la interacción mediante la voz humana, viene a resolver la brecha digital existente, mejorando la experiencia del paciente y también del médico, al ofrecerle información sobre las citas médicas, informes… independientemente de dónde esté”.
Por su parte Paula Chao, vicepresidenta de la Sociedad Española Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), en representación de los profesionales sanitarios, ha considerado que “hay que pensar en garantizar la salud de la población y eso no quiere decir únicamente que el consultorio local tenga que estar abierto”. En su intervención, Chao también ha abogado por trabajar en soluciones creativas e innovar en el entorno rural debido a la carencia de personal sanitario, porque “es en lo que peor estamos”.
Durante su discurso ha afirmado que la implantación de las nuevas tecnologías se encuentra con la resistencia de los usuarios del entorno rural dado que implica la pérdida del contacto humano, uno de los principales valores del entorno rural que evita la soledad y da soporte gracias al tejido social. Y ha hecho alusión a la falta de formación en los nuevos avances y al hecho de que sean los profesionales médicos quienes están supliendo esa carencia formativa del paciente.
Por su parte, Ruth Vidriales Fernández, presidenta de la Comisión de Valoración de la Discapacidad del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha opinado que “las personas con discapacidad que viven en entornos rurales se enfrentan a enormes desafíos para ver atendidas sus necesidades y garantizados sus derechos, en todas las esferas de sus vidas”. En esta línea ha considerado que “hace falta conocer las necesidades compartidas y las específicas de cada situación”.
Asimismo, ha señalado que algunas barreras, como la enorme dispersión de la población y de los servicios, pueden ser comunes a las que experimenta el resto de la población. No obstante, ha insistido que, en el caso de las personas con discapacidad, los desafíos se incrementan enormemente, ya que su impacto se multiplica al presentarse en interacción con distintas barreras físicas, sensoriales y también cognitivas que existen en el contexto.
Además, ha insistido en que se están haciendo grandes avances en discapacidad, pero “muchas de las nuevas tecnologías no son accesibles. Hay personas que no las comprenden bien, no manejan el mail o nunca han tocado un PC”. La red social de apoyo que hay en los pueblos, compuesto por los familiares y los cuidadores informales, es la que sigue sustentando la vida de las personas con discapacidad. “La tecnología ayuda y permite una monitorización más recurrente de las personas y también que los contactos humanos con los profesionales sean de calidad”.
Para finalizar la mesa redonda, todos los ponentes han coincidido en señalar que encaran el futuro con esperanza: con una población envejecida, pero activa y sana, que no quiere desprenderse de su arraigo y abandonar su entorno. Los modelos predictivos y preventivos que la tecnología aportará son los que permitirán este escenario a medio plazo.
Como clausura de la jornada, el director general de Fundación MAPFRE, Julio Domingo Souto, ha recalcado los casi cincuenta años de la fundación mejorando la vida de las personas y llegando donde otras instituciones no llegan. Ha destacado las ayudas en programas de empleo que en Convocatorias como Accedemos ha supuesto una inversión de casi 23 millones de euros desde sus inicios.
Adicionalmente ha indicado que, “como Organismo Intermedio en el Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, en Fundación MAPFRE asumimos el compromiso de que el FSE+ llegue a los más vulnerables y se intensifiquen los proyectos de ámbito social con convocatorias como las ayudas +Rural, cuyos beneficiarios de los primeros 6 millones se conocerán en los próximos días. Porque el futuro de estas poblaciones es el futuro de nuestra sociedad”.
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