La demanda de agua dulce no para de crecer. La ONU asegura que por cada aumento de 1 ºC de la temperatura, los recursos hídricos disminuyen un 20%. Y el uso de agua sigue creciendo en volumen: a nivel mundial lo ha hecho un 1% anual durante las últimas cuatro décadas y se calcula que mantendrá este ritmo hasta 2050. A este paso, se estima que la demanda de agua dulce supere la oferta en un 40% en 2030.
El último informe de la UNESCO especifica que este incremento se concentra en particular en los países de rentas medias y bajas, sobre todo en las economías emergentes. Explica lo que se sabe desde hace tiempo: aumenta la escasez hídrica y disminuye la calidad del agua debido a la contaminación. Según la organización, se dan dos contextos cuyas diferencias requieren enfoques distintos: las escorrentías agrícolas constituyen el problema más grave en los países de mayor nivel de vida; mientras que, en los países de rentas bajas, la baja calidad del agua suele ir asociada a un tratamiento insuficiente de las aguas residuales.
Este tratamiento insuficiente es el que hace que más de 1.500 millones de personas no dispongan de acceso a servicios de retrete o letrinas seguras o cercanas a su hogar, habiendo más de 418 millones que aún se ven obligados a practicar la defecación al aire libre. Según la OMS, la falta de agua potable e higiene causa la muerte de unos 1,4 millones de personas, más de la mitad por enfermedades diarreicas debidas a la contaminación fecal.
El alto precio de la inacción
Por lo que respecta al agua, según el Banco Mundial faltan 85.600 millones de dólares anuales para cumplir con las metas del ODS 6 en 2030. La inacción sale cara: cada año se pierden hasta 260.000 millones de dólares por falta de acceso al agua y al saneamiento. Los cálculos aseguran que cada dólar invertido generaría un retorno de cuatro. Si añadimos los desastres naturales provocados por el clima (sequías e inundaciones), los cálculos del Banco Mundial aseguran que el retorno podría llegar a ser de 15 dólares.
No actuar sale caro. Aun así, el panorama mundial parece no favorecer la movilización financiera para estos fines. Lo estamos viendo en la dificultad para tangibilizar los acuerdos sobre pérdidas y daños redactados en la pasada COP 27: cuesta establecer un cálculo y un sistema de financiación justos para los países más perjudicados, que son los que menos han contribuido al calentamiento.
Cómo financiar el agua y el saneamiento
Todos los expertos señalan como fundamental atraer inversiones privadas para promover su asociación con las públicas. Existe un amplio y bien definido abanico de necesidades: la construcción y operación de infraestructuras, la gestión eficiente del agua y la implementación de tecnologías innovadoras en los sectores de la reutilización, desalación y aprovechamiento de los residuos de la depuración.
Pero el capital no llegará sin la construcción de alianzas eficientes que impulsen la cooperación internacional de una forma sólida, más allá de las declaraciones de intenciones, como ha ocurrido con los 689 acuerdos no vinculantes de la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. Debe generarse confianza en base a colaboraciones estables con donantes bilaterales y multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales.
Sin embargo, la inversión, por sí misma, no garantiza la equidad. En el último informe de la Unesco queda claro quiénes deben ser los beneficiaros preferentes: los 2.000 millones de personas que carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura y los 3.600 millones que no tienen servicios de saneamiento que garanticen su salud. Urge un cambio a favor de la cooperación y las alianzas, con base jurídica avalada internacionalmente, para que ello sea posible.
Un desafío global
La financiación adecuada para el cumplimiento de los ODS es un desafío que requiere un esfuerzo conjunto de los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas y la sociedad civil. Las crisis de suministro pueden ser muy desestabilizadoras, exponer la fragilidad de los estados, provocar un aumento de los conflictos violentos y multiplicar los desplazamientos forzados.
La promoción de la sensibilización y la voluntad política también son fundamentales para movilizar los recursos necesarios. Hay agua y hay dinero, lo que falta es perspectiva, tanto económica como humana, y trabajo conjunto de todos los competentes.
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