La Amazonia es un territorio de más de siete millones de kilómetros cuadrados y una de las áreas de mayor biodiversidad en el mundo. Ha contribuido por siglos en la conservación natural del planeta gracias a las toneladas de dióxido de carbono que absorbe, uno de los gases que contribuye a incrementar el efecto invernadero, acelerando el cambio climático.
Estamos ante una región por demás compleja, ya que su cuenca abarca ocho países distintos, con diferentes proporciones de territorio selvático, entre los que se encuentran: Brasil, con 61,8%, Perú con 11,3%, Bolivia un 8,1%, Colombia con 6%, así como Venezuela con 5,6%, Guyana un 2,6%, Ecuador con 1,7%, Surinam 1,7% y el departamento de ultramar de la Guayana Francesa con 1,1%. Es un área vasta donde habitan más 40 millones de personas, entre ellas unos 410 grupos indígenas con diversas lenguas y culturas. En esta historia, unificar los esfuerzos en pro de la conservación de la zona es una tarea difícil, pero de vital importancia para la humanidad.
Existen varias amenazas sobre el bosque amazónico, pero sin duda la más preocupante es la deforestación. En 2021 un grupo de científicos se manifestó en el Informe de Evaluación de la Amazonia, donde recomendaron una prohibición inmediata de la tala de bosques en un área de dos millones de kilómetros cuadrados en el todo el sur de esta selva.
“Entre el 18% y el 20% de la selva tropical ya ha sido deforestada y otro 38% se está degradando. Los científicos aseguran que si alcanzamos el 25% de deforestación llegaremos a lo que llaman un punto de inflexión con cambios que resultarán en el colapso del ecosistema amazónico”, explica Genevieve Connors, Gerente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Economía Azul para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
La Amazonia es parte de un círculo virtuoso, considerado un bien público global, por lo que su colapso o degradación extrema puede desestabilizar el sistema climático mundial.
“Se ha llegado a muchas prácticas insostenibles. Una de las causas es la actividad ilegal, que puede ir desde la tala de madera, acaparamiento de tierras, la pesca y la minería, pero también hay impulsores macroeconómicos, por supuesto. Si hay cambios en los precios de la materia prima, como la madera o la soja, o variación en los tipos de cambio, todos tienen impactos indirectos en la deforestación. Solemos pensar solo en actividades ilegales, pero realmente la deforestación es causada por la actividad de un sistema económico completo”, asegura Connors.
La infraestructura no planificada también es un impulsor de la deforestación. En 2020, la revista Nature Communications contabilizó 158 represas operando en diferentes países amazónicos y revela la intención de construir más del doble. Si bien la energía hidroeléctrica es una fuente limpia de energía renovable, algunos proyectos generan altas emisiones de gases de efecto invernadero.
Apoyos que trascienden
En la región se han implementado varias iniciativas, tales como el programa Paisajes Sostenibles de la Amazonia (ASL, por sus siglas en inglés), el cual es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y liderado por el Banco Mundial, para desarrollar proyectos de conservación en la zona con diferentes gobiernos y socios. Este programa, que consta de tres fases, estando ésta última en preparación, ha tenido financiamiento por 300 millones de dólares y busca restaurar miles de hectáreas, así como promover prácticas sustentables en la tierra.
“El Banco Mundial lidera el programa, pero la mayor parte del dinero va a los gobiernos nacionales de los países para que implementen sus propios programas amazónicos, contribuyendo a una visión regional. Lo que la organización realmente está tratando de hacer es apoyar la colaboración regional, creando intercambio de conocimientos a través de capacitación, seminarios, conferencias, eventos para científicos, ONG, pueblos indígenas y miembros del gobierno que puedan reunirse y compartir su experiencia en torno a la protección del medio ambiente en la Amazonia”, asegura Connors.
Trabajar con al menos ocho países de la región no es una tarea fácil en una región tan compleja y diferente en sus políticas, necesidades y comunidades indígenas que habitan la Amazonia. La cooperación entre gobiernos es necesaria para la conservación de la región y ya ha habido avances en ese sentido.
Los países de la Amazonia han realizado esfuerzos para conservarla. En 1978 se firmó el Tratado de Cooperación Amazónica y en 2019 el Pacto de Leticia por la Amazonia.
“Yo diría que estos son excelentes intentos. Todavía son pequeños en relación con las necesidades de la región y los nuevos gobiernos. Por ejemplo, en Colombia y Brasil ya están pensando mucho en ese sentido: ¿Qué pueden hacer para agregar más? ¿qué pueden hacer para unir a estos países de una manera más fuerte, para conservar y evitar el punto de inflexión? Otro ejemplo es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o la COP28, que este año será en Dubái. El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha recibido confirmación para albergar la COP30 en dos años [además de reducir a cero la deforestación en 2030]. Para 2025, en la ciudad de Belém, en el estado de Pará, hay una serie de cumbres en preparación. Traer más liderazgo regional para resolver el problema de la Amazonía es una de las prioridades de su gestión”, explica Connors.
De acuerdo con el informe Clima y Desarrollo en Brasil del Banco Mundial, es necesario implementar estrategias de resguardo y conservación de la selva, cultivando más alimentos en menos cantidad de tierra. En este sentido, recientemente se publicó un informe que insta a poner más foco en la productividad para promover el desarrollo económico y reducir la presión sobre los bosques en los estados amazónicos brasileños.
Mercados de carbono, una solución para sus habitantes
La conservación de la Amazonia debe ir de la mano del desarrollo de su población y es necesario generar un equilibrio entre el valor que se le da al bosque y la práctica de actividades como la agricultura y la ganadería. En este sentido, la población indígena tiene un papel fundamental, pues son más de 2 millones de personas que habitan y viven en estas tierras desde hace miles de años.
“Es posible tener crecimiento económico mientras se protegen los derechos de los pueblos indígenas, tanto su derecho a la tierra como su derecho a los recursos. Por ejemplo, el derecho a los ingresos de los mercados de carbono, no hay razón para que algunos de esos ingresos no se compartan. Los beneficios deben compartirse con los pueblos indígenas en cuya tierra se encuentran. Por supuesto, siempre existe una tensión entre la conservación y el desarrollo, ya sea para los pueblos indígenas o para otras personas. Y creo que esto es algo que los países amazónicos realmente han tratado de pensar en sus constituciones, en sus políticas”, comenta Connors.
De igual manera, la especialista explica que el sector privado debe impulsar inversiones con un sentido de sustentabilidad, con conocimientos de la región y un sentido ecológico: “Financiar la naturaleza nunca es fácil porque es difícil generar ingresos, y eso es lo que busca el sector privado, flujos de ingresos de la operación de un puerto o la construcción de una represa o el funcionamiento de una planta de energía renovable. Es muy difícil llevarlos a un sector donde, ¿quién paga por los árboles? Esta es exactamente la razón por la que los mercados de carbono son absolutamente esenciales para generar el tipo de ingresos que interesan al sector privado”.
La tarea es compleja y necesita la colaboración de diferentes sectores, pero los gobiernos deben ser protagonistas en las acciones para resguardar la selva amazónica, generando políticas efectivas basadas en investigaciones científicas, así como campañas de concientización y prácticas sustentables.
“Estamos viendo más y más liderazgo de los países de la Amazonia. Espero que sean esos países los que tomen la iniciativa y nosotros podamos aprender de ellos”, finaliza Genevieve Connors.
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