Con motivo de la publicación de la última Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, las principales organizaciones ambientales españolas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— han escrito sendas cartas al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, para denunciar la inclusión del “ecologismo radical” en el apartado “Terrorismo”, con mención expresa a las organizaciones ecologistas Extinction Rebellion (Rebelión o Extinción) y Futuro Vegetal.
A juicio de las cinco organizaciones, incluir al “ecologismo radical” dentro de un apartado sobre terrorismo envía un mensaje negativo a la sociedad acerca del ecologismo y supone un importante salto de escala en la criminalización y desprestigio de este movimiento. En un momento, además, en que el activismo ambiental es más necesario que nunca, dada la preocupante crisis ecológica que amenaza a las sociedades humanas, a las que ya está generando enorme estrés y sufrimiento, especialmente a la población más vulnerable.
La memoria de la Fiscalía recoge que los grupos ecologistas “han incrementado notablemente su actividad”, lo cual es producto de las graves consecuencias de la crisis ecológica. Sin embargo, como también recoge la memoria, la acción ecologista está circunscrita a la desobediencia civil no violenta, incluyendo a los mencionados Rebelión o Extinción y Futuro Vegetal. De hecho, en las declaraciones del martes 12 de septiembre posteriores a la publicación de la Memoria, fuentes de la Fiscalía admiten que los grupos ecologistas mencionados no son en ningún caso una amenaza terrorista. Y añaden que no hay ninguna causa abierta contra esto, lo cual muestra que no es correcta la inclusión del ecologismo radical en el apartado de terrorismo.
Las manifestaciones y acciones de los grupos ecologistas son estrictamente
Los grupos ecologistas recalcan en sus cartas que la desobediencia civil no violenta es precisamente lo contrario al terrorismo: está econocida explícitamente por la ONU como una forma legítima de protesta y tiene un largo recorrido que valida su forma de acción, tanto a nivel internacional (como el movimiento por los derechos civiles en EE UU) como nacional (como el movimiento por la objeción de conciencia). También recuerdan que quienes tildaron a estos movimientos no violentos de terroristas cometieron un error histórico. El tiempo ha dado la razón y ha encumbrado a quienes optaron por esta forma de protesta pacífica, como Martin Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela o Wangari Maathai.
Los cinco grupos ecologistas han citado las palabras del primer relator especial de Naciones Unidas para los defensores del medio ambiente, Michael Forst, cuando denunciaba que “cada vez más políticos tratan como ‘ecoterroristas’ a los defensores del medio ambiente que recurren a la desobediencia civil”, que son precisamente los activistas más amenazados del mundo. Consideran que la Memoria de la Fiscalía redunda en esta tendencia de desprestigiar y criminalizar a quienes defienden un territorio más habitable para todas las personas.
Dado que señalar sin fundamento al movimiento ecologista como una amenaza terrorista supone un grave impedimento a la lucha contra la crisis ecológica y un ataque al derecho a la protesta -fundamental para el desarrollo de la democracia- las organizaciones ambientales han solicitado al Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo a que se lleve a cabo una revisión del apartado sobre “terrorismo” de la Memoria Anual de la Fiscalía y elimine el “ecologismo radical” definitivamente de este bloque, así como la mención a los grupos Extinción o Rebelión y Futuro Vegetal de éste.
Accede a más información responsable en nuestra biblioteca digital de publicaciones Corresponsables.
