2023 ha sido un año marcado por dos procesos electorales. Primero autonómicas y municipales, que provocaron un adelanto de las generales en junio. Tras meses buscando el acuerdo, ya tenemos la legislatura en marcha con la renovación de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, lo que supone un continuismo.
El sector de la automoción apuesta claramente por la descarbonización y una neutralidad tecnológica. Está en nuestro ADN. Vamos a cumplir, si la propia evolución del mercado así lo permite, con la prohibición prevista por la Unión Europea de no permitir la venta de vehículos que emitan gases contaminantes por el tubo de escape a partir del 1 de enero de 2035.
Entre motocicletas, turismos, vehículos comerciales e industriales existen en el mercado más de 300 modelos cero emisiones. Es decir, los fabricantes, tanto de componentes como de vehículos, y los distribuidores estamos plenamente comprometidos con la descarbonización del transporte.
Vemos la movilidad sostenible como una oportunidad para España. Tenemos más energía renovable que cualquiera de nuestros socios europeos, lo que nos da una ventaja competitiva. Debemos fomentar la economía circular. Y con estas dos premisas podemos ser más atractivos para reducir la huella de carbono y relocalizar piezas y modelos que reduzcan desde ya su generación de emisiones.
Ahora bien, estas ventajas han de ser potenciadas por las administraciones. España debe ser un país atractivo para los inversores extranjeros. No podemos perder más oportunidades, si vemos que otros socios europeos están ya construyendo fábricas de baterías para vehículos cero emisiones.
Pero, para movernos en vehículos cero emisiones, debemos verlos por nuestras calles. Las ventas de motocicletas eléctricas crecen a mayor ritmo que las de los turismos. Esta penetración es muy débil en furgonetas y casi inexistente en vehículos pesados. No obstante, necesitamos acelerar si queremos cumplir con los objetivos que marca Europa. Porque no se trata de lanzar más modelos al mercado, que lo seguiremos haciendo, sino de que ciudadanos, empresas y entes públicos se pasen a la movilidad de bajas y cero emisiones. Hay que facilitárselo.
Tenemos un plan Moves que ha contado con un presupuesto nunca antes visto, de 1.200 millones. Sin embargo, la percepción del ciudadano es que las ayudas no le llegan. Y peor es la de las empresas, dado que cuentan con menos incentivos fiscales para dar el salto a la electromovilidad. No olvidemos que las empresas son las que más renuevan vehículos, por lo que son claves para la descarbonización del parque móvil.
Tampoco ayuda la escasa implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los casi 150 municipios obligados a ello en 2024. Y no contar con medidas homogéneas para las áreas metropolitanas genera más confusión. Las ZBE mejoran la calidad del aire, estamos a favor. Pero siempre que el ciudadano y las empresas tengan alternativas para moverse y entregar sus productos de forma sostenible.
Si ciudadanos y empresas ven la reducción de emisiones como una imposición más que como un incentivo serán reacios. Con una fiscalidad positiva, con unas ayudas directas a la compra, con un gestor público que coordine la red de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, facilitaremos la movilidad sostenible de nuestra sociedad sin dejar a nadie atrás.
Urge tomar medidas coordinadas para dar certidumbre a ciudadanos y empresas sobre qué tipo de vehículos comprar o alquilar.
Autores de esta tribuna
Arturo Pérez de Lucia, Director General de AEDIVE; Jaime Barea, Director Corporativo de GANVAM; José López-Tafall, Director General de ANFAC; Juan Luis Barahona, Presidente Ejecutivo de FENEVAL; José Ignacio Moya, Director General de Faconauto; José María Riaño, Secretario General de ANESDOR; José-Martín Castro Acebes, Presidente de AER; José Portilla, Director General de SERNAUTO; y Javier González Pereira, Presidente de ASCABUS.
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