El estudio ‘El impacto de la pobreza energética en la vulnerabilidad social de la población atendida por Cruz Roja en el contexto de la crisis inflacionaria’ revela datos alarmantes sobre la situación que viven las personas atendidas por la Organización Humanitaria. Este estudio, presentado hoy en Madrid, se ha realizado en colaboración con la Cátedra de Energía y Pobreza de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Comillas ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas. En la presentación han participado María Cortijo, del Área de Datos, Estudios y Calidad de Cruz Roja Española, y Roberto Barrella, de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Comillas ICAI.
La investigación, realizada mediante técnicas cuantitativas y cualitativas en más de 1.500 hogares con personas usuarias de Cruz Roja, revela que el problema más acuciante experimentado por las familias durante 2022 –últimos datos disponibles– fue la incapacidad de más del 60% de los encuestados de mantener el confort en sus viviendas tanto en invierno como en verano, lo que se puede relacionar con múltiples causas y condiciones.
La primera es de carácter socioeconómico: “más del 85% de los hogares del estudio sobre Vulnerabilidad Social y Pobreza Energética en España se encuentran en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE) principalmente por el bajo nivel de renta de la población analizada, con un 63% de las personas en situación de pobreza relativa y un 68% con carencia material y social severa”, explica Sara Casas, del Área de Conocimiento de Medio Ambiente de Cruz Roja Española. “La pobreza relativa se identifica tradicionalmente como una de las causas principales de la pobreza energética. Por otro lado, la falta de confort se puede relacionar también con el mal estado y la baja eficiencia energética de la mayoría de las viviendas analizadas”, asegura Roberto Barrella, de la Cátedra de Energía y Pobreza de Comillas ICAI.
La falta de temperatura adecuada en los hogares, fenómeno que golpea de forma más evidente a las personas vulnerables, está muy relacionada con una tendencia creciente de muchas familias a restringir la calefacción por miedo a la factura. Un hecho que se disparó en 2022 debido a la inflación y que supuso que solo un 9% de las personas encuestadas utilizaran la calefacción sin restricciones durante el invierno anterior al estudio (2022-2023). Además, “más del 90% de los hogares que decidieron no encender la calefacción, o hacerlo de forma mucho más reducida. Ante este escenario, más de un 25% de los hogares experimentaron retrasos en el pago de facturas en mayor proporción que en años anteriores lo que confirma la conexión entre este miedo a la factura con la creciente situación de incomodidad térmica de estos hogares”, comenta María Cortijo, del Área de Datos, Estudios y Calidad de Cruz Roja Española.
El impacto social y personal de estos hábitos y, en general, de la pobreza energética, queda sintetizado desde seis perspectivas distintas: el impacto en la salud mental y física (el 23% de los encuestados manifiestan problemas de salud relacionados con la pobreza energética); el riesgo de intoxicaciones, incendios o cortes de electricidad (el 25% almacena productos inflamables y un 6,6% sufre cortes en suministros energéticos); el endeudamiento y retrasos en los pagos de facturas (el 27% reconoce el retraso en el pago de sus facturas y un 70% recorta gastos en ellas); la reducción de la vida social, de ocio y entretenimiento (el 67,2% de los encuestados sufre recortes en su vida social); el incremento de la conflictividad familiar y el impacto en la vida escolar y laboral (el 31% reduce su gasto en educación).
Los datos y reflexiones de Cruz Roja “dibujan una situación de precariedad energética que se enmarca principalmente en la que se ha destacado a nivel nacional como la cara más acuciante de esta lacra social: la pobreza energética oculta o escondida, que señala aquellos hogares que consumen menos energía de la necesaria por incapacidad económica para afrontar ese gasto”, pone de manifiesto María Cortijo, del Área de Datos, Estudios y Calidad de Cruz Roja Española.
Otro indicador significativo de esta situación es el relativo a la pobreza de transporte, con datos que reflejan que casi la mitad de la población no se desplaza. Esa ausencia de movilidad, que puede interpretarse como carencia de vulnerabilidad, representa justamente lo contrario: la situación de desempleo condiciona radicalmente la movilidad de la mitad de la población atendida por Cruz Roja. Y, cuando lo hacen, aproximadamente la mitad de los atendidos usan el transporte público.
Por otro lado, la investigación cualitativa ha mostrado cómo la pobreza energética tiene sesgo de género y de origen, especialmente en las familias monomarentales, con situaciones vitales de extrema fragilidad. En particular, el estudio cuantitativo muestra que alrededor del 62% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer, declaran una temperatura inadecuada en la vivienda frente a un 64-65% de los que tienen a un hombre. Estos resultados correlacionan con las preferencias adaptativas u otras preocupaciones mayores de mujeres y migrantes que se intuyen desde las transcripciones de las reuniones de los grupos focales.
“No usamos aire acondicionado, sí la cocinilla y el termo eléctrico. Así conseguimos facturas que no son tan elevadas (30 o 40 euros al mes). Cuando mis dos hijos están en casa por vacaciones, por ejemplo, utilizan la PlayStation y están en casa un poquito más, pero con el ventilador nos apañamos. En invierno utilizamos un brasero eléctrico y mantas, y bastante ropa de abrigo.”
(Monserrat, GF Tenerife).
“No puedes ir a ningún lado, no hay entretenimiento. Yo nunca tuve cursos educativos o actividades extraescolares para mis hijos. Ni un fin de semana para salir por ahí y hacer algo, ni para el viaje de fin de curso. Encima de que somos pobres, no quieres quedar en mal lugar, pero te ves obligada a luchar por tu familia y quitar de cosas que no son básicas pero que al final ves que otras personas las tienen y es muy duro.”
(Anabel, GF Cádiz).
Otro resultado llamativo que se abre paso en pobreza energética es la llamada ‘pobreza de verano’. En la población atendida por Cruz Roja, el calor preocupa tanto como el frío y afecta a la misma proporción de población, que apagan o reducen drásticamente el uso de la calefacción en invierno y de la refrigeración en verano.
Las dos caras estacionales de la pobreza energética enlazan de forma evidente con el problema de la mala calidad de la vivienda y de los servicios energéticos en los hogares. Más de la mitad de las personas encuestadas (59%) viven en un edificio construido sin criterios de eficiencia energética, y las goteras, humedades o podredumbre en la vivienda son fenómenos que afectan, además, al 22% de las viviendas. Un porcentaje similar de personas (22,9%) han declarado tener ventanas que no aíslan del frío y del calor. Además, la mayoría de los hogares encuestados desconocen o no han podido aplicar ninguna medida de mejora de la envolvente térmica o de los sistemas de climatización que podrían haber elevado su grado de eficiencia energética.
“Para sobrellevar esta falta de calidad y de confort en su vivienda y/o para evitar incurrir en un gasto que no pueden sufragar, la población vulnerable emplea distintas estrategias de adaptación o ahorro forzado. Así, en cuanto a la climatización, o más bien a la ausencia de la misma, la estrategia más utilizada durante el invierno es el abrigarse más, mientras que se utilizan mayoritariamente ventiladores eléctricos o la ventilación natural para paliar el calor durante el verano”, detalla Sara Casas.
Otro consumo que se recorta habitualmente es el de iluminación, seguido por el de agua caliente y de electrodomésticos. Casi un cuarto de la población encuestada ha visto empeorar su salud física y/o mental como consecuencia de esta situación de vulnerabilidad energética. Este empeoramiento de la salud también se puede relacionar con el recorte en gastos sanitarios llevado a cabo por casi un tercio de la población del estudio.
Por otro lado, la grave crisis energética e inflacionaria que se vivió en 2022 ha empeorado la calidad de vida de la población encuestada también en aspectos de movilidad, comida, ropa y vida social. En particular, la vida social se percibe en la gran mayoría de los casos como un lujo que no se puede permitir al tener que pagar otros tipos de gastos más necesarios –cómo, por ejemplo, el energético– que han subido de precio. En particular, resalta que la pobreza energética tiene relación con una menor socialización de los hijos e hijas en el ámbito escolar: con frecuencia, se prioriza el pago de las facturas sobre actividades extraescolares, excursiones o el ocio.
En cuanto a la asistencia y las ayudas que reciben, el 70% de los hogares encuestados no se beneficia de los bonos sociales nacionales y un 57% de ellos no conoce el procedimiento para solicitarlas, sobre todo en los casos de familias que tienen un régimen de vivienda en alquiler y aunque muchas cumplen los criterios sociodemográficos para recibirlas. En cuanto a otras ayudas, el porcentaje de no beneficiarios baja al 62,6%, el 57,6% de los hogares receptores contó con ayudas de Cruz Roja y un 38,5% con subsidios de la administración local competente.
Cruz Roja apunta un camino hacia una transición energética justa e indispensable para superar o hacer frente a las situaciones de pobreza energética con alternativas y mejoras para escalar y potenciar la lucha contra esta lacra social:
• Ampliar la platea de los bonos sociales y otras políticas de mitigación en el corto plazo: facilitar la información y el acceso a los subsidios y ayudas al consumo energético para todos los hogares en situación de vulnerabilidad, en particular, los perfiles más invisibilizados, pero más afectados por la pobreza energética.
• Enfocar las medidas a medio-largo plazo: Mejorar la calidad de las viviendas fomentando la eficiencia energética y el autoconsumo con programas ad-hoc para personas en pobreza energética y acompañarlas durante el proceso de renovación.
• Fomentar la humanización de la atención social: con una atención que vaya más allá de cubrir la necesidad puntual y una mayor implicación de los poderes públicos en la provisión de vivienda de protección social, que daría seguridad y tranquilidad en sus vidas.
• Promover una mayor y mejor coordinación entre los distintos actores en la lucha contra la pobreza energética: desde la intervención local, con una mejor compenetración de la labor del Tercer sector y de los Servicios Sociales, hasta las políticas implementadas a todos los niveles de la administración, con el aporte necesario de otros agentes (compañías energéticas, academia, asociaciones vecinales, etc.).
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