El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa presentó este miércoles su informe anual “La información sobre sostenibilidad en las empresas del IBEX 35”, referente al ejercicio 2022.
El informe, revela que la calidad de la información no financiera proporcionada por las empresas del IBEX 35 en siete áreas clave (gobierno corporativo, lucha contra la corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y clientes y consumidores) es deficiente, con un promedio de 45,40 puntos en una escala de 100. Así mismo, califica como cuestionable el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por la ley 11/218 en materia de información no financiera y diversidad.
Las 5 primeras empresas del ranking son: Endesa, Iberdrola, Enagás, Inmobiliaria Colonial e Indra. En la cola del ranking están IAG, ArcelorMittal, Banco Sabadell, Unicaja Banco y Solaria.
Las áreas de análisis que presentan una información más completa son aspectos laborales (66,97) seguido de clientes y consumidores (62,48) y medio ambiente (47,15). Por el contrario, las áreas con menor grado de transparencia son las relacionadas con los derechos humanos (31,62), la fiscalidad (32,99) y la lucha contra la corrupción (36,56). Los aspectos de buen gobierno obtienen una calificación de 40,01.
Según Orencio Vázquez, Coordinador del Observatorio de RSC “Los resultados del estudio indican que la transparencia y rendición de cuentas en los aspectos sociales y medioambientales es deficiente”. Vázquez añade que “es crucial avanzar en la supervisión del cumplimiento de la Ley y mejorar la calidad y alcance de la verificación de la información no financiera. Además, las empresas deben prepararse para cumplir con las nuevas exigencias normativas como la Directiva de diligencia debida, que responsabiliza a las empresas por los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de actividad, así como la Directiva de información sobre sostenibilidad y la esperada Directiva sobre Greenwashing”.
Algunas de las principales conclusiones del estudio son:
La sostenibilidad en los Consejos de Administración: Avances y desafíos
La incorporación de temas de sostenibilidad en la gobernanza corporativa está ganando importancia en la regulación nacional y comunitaria. Aspectos como la evaluación, la implicación y la remuneración del consejo vinculada a aspectos sociales y medioambientales, así como la identificación de riesgos relacionados, son esenciales.
A pesar de que todas las empresas del IBEX 35 informan sobre la realización de evaluaciones anuales al consejo de administración, sus comisiones y sus consejeros en 2022, solo 2 empresas mencionan haber incluido aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG), en dichas evaluaciones. En este sentido la directiva (UE) 2017/828 sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, es clara y señala la obligación de realizar una evaluación usando criterios de rendimiento financiero y no financiero, incluyendo factores ambientales, sociales y de gestión, cuando corresponda.
Como aspecto positivo, señala que todas las empresas mencionan la implicación del consejo en la evaluación y gestión de temas ambientales y sociales, identificando riesgos principalmente relacionados con el cambio climático. Sin embargo, prevalece un enfoque de riesgos centrado en la empresa, mientras que los riesgos derivados de sus actividades reciben una menor atención.
En cuanto a la remuneración de los consejeros, 34 empresas informan de objetivos ASG en sus sistemas de incentivos (remuneración variable), de las que solamente 11 especifican objetivos y métricas para su obtención.
La gestión de los impactos en los derechos humanos en las empresas del IBEX 35 sigue siendo la peor valorada del análisis: Aún queda mucho por recorrer para cumplir con la Directiva de Diligencia Debida.
En los Estados de Información no Financiero de las empresas del IBEX 35 correspondientes a 2022, 15 empresas hacen mención explícita a la próxima Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD). Sin embargo, aunque el 69% de las empresas analizadas afirman tener procesos de diligencia debida en derechos humanos, la calidad de la información proporcionada tiende a ser generalista y poco precisa y tiene un gran margen de mejora.
A menudo, el impacto en los derechos humanos se produce a través de las actividades indirectas de las empresas. Aunque 24 de las empresas ofrecen información sobre los criterios de derechos humanos utilizados en la contratación de proveedores, solo 7 mencionan la realización de auditorías externas y únicamente 1 empresa detalla la frecuencia y realización de auditorías sin previo aviso.
La lucha contra la corrupción es un tema central en el informe, destacando la persistente falta de transparencia en este ámbito crucial para las empresas. Esta carencia de información es especialmente relevante en áreas tan sensibles como los consejeros independientes, la evaluación de riesgos, los canales de denuncia, las actividades de lobby o la independencia de la auditoría externa.
Criterios difusos para salvaguardar la independencia de los consejeros independientes
En el año 2022, la figura del consejero independiente adquiere una relevancia considerable, especialmente después de la polémica surgida en la Junta General de Indra, donde cuatro de ellos fueron cesados fuera del orden del día. Aunque los consejeros independientes pueden desempeñar un papel crucial en la lucha contra la corrupción y los conflictos de interés, persiste la falta de transparencia sobre cómo las empresas garantizan que no haya alineamiento con los accionistas significativos que los nombran. De las 17 empresas que nombraron nuevos consejeros independientes en 2022, solo 8 mencionan la intervención externa en el proceso, y ninguna planea que los accionistas minoritarios ratifiquen estos nombramientos en la Junta General. Asimismo, resultan controvertidas las elevadas remuneraciones percibidas, con 12 consejeros independientes ganando más de 500.000 euros, pero ninguna empresa especifica límites claros para preservar su independencia.
La eficacia aún por demostrar de los canales de denuncia en la lucha contra la corrupción
El whistleblower se ha convertido en una herramienta clave para luchar contra la corrupción. Aunque las 35 empresas analizadas afirman contar con un canal de denuncia, la información sobre su funcionamiento y las quejas recibidas es limitada. Ninguna empresa proporciona detalles sobre la participación de los trabajadores u otros grupos de interés en la configuración del canal y solo 12 empresas tienen canales gestionados por terceros independientes. Solo 2 empresas, IAG y Redeia, mencionan realizar evaluaciones periódicas del canal de denuncias. En cuanto a las denuncias recibidas, 17 empresas informan sobre el número y la tipología, pero solo 4 empresas desglosan la información según el origen, periodo o ámbito geográfico.
Es preocupante la falta de detalle sobre el resultado de las denuncias. Las empresas se limitan a mencionar si las denuncias fueron admitidas o desestimadas, sin aportar datos específicos sobre resolución, sanciones o medidas correctivas tomadas.
Prácticas de lobby empresarial y puertas giratorias Un desafío evidente
En España, la ausencia de una regulación específica sobre las actividades de lobby se ve agravada por la proliferación en los últimos años de numerosos casos de corrupción que implican tanto a entidades públicas como a empresas privadas. Esto ha generado recomendaciones recurrentes por parte del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) de la UE para regular esta práctica. En nuestro análisis, la información relacionada con las prácticas de lobby es una de las grandes ausentes: solo 9 empresas proporcionan detalles sobre su actividad de lobby en el año 2022, y de ellas, solo 3 mencionan iniciativas legislativas concretas que han seguido. Además, ninguna empresa informa sobre las reuniones relevantes llevadas a cabo en el contexto de estas actividades.
El estudio también identifica la práctica conocida como “puertas giratorias”, con hasta 21 consejeros en 14 empresas analizadas que han ocupado altos cargos políticos en el sector público en los últimos 10 años. Esta cifra aumentaría significativamente si se incluyeran ex altos cargos cesados hace más de 10 años, así como otros perfiles como ex alcaldes de grandes poblaciones, consejeros autonómicos, diputados y altos cargos de partidos políticos. Solo 1 de las 35 empresas analizadas tiene una política específica para abordar la cuestión de las puertas giratorias.
Desafíos en la independencia de auditores externos: Necesidad de mejoras
Las empresas auditoras pueden y deben desempeñar un papel crucial en la identificación y gestión de los riesgos empresariales, incluidos aquellos relacionados con la corrupción. Sin embargo, su independencia es fundamental para llevar a cabo estas funciones de manera adecuada. Una fuente potencial de conflictos de interés son los servicios distintos a la auditoría prestados por la misma firma auditora. De las 35 empresas analizadas, solo 7 (AENA, CaixaBank, Banco Sabadell, Enagás, Iberdrola, Indra y Repsol) proporcionan información detallada y desglosada de todos los servicios facturados, incluyendo importes y conceptos. Además, ninguna de las 35 empresas prohíbe expresamente la contratación de servicios diferentes a los de auditoría o los limita por debajo del máximo legal.
En cuanto a los ingresos por servicios distintos a los de auditoría, en 11 empresas representan menos del 10% del total facturado por el auditor externo. En otras 20 empresas, esta cifra oscila entre el 10% y el 30%. Sin embargo, en cuatro empresas (Acciona, Amadeus, Inmobiliaria Colonial y Naturgy), estos ingresos superan el 30% del total facturado por el auditor externo.
Sobre los estados de información no financieros
En relación con la obligación de transparencia de la Ley 11/2018, los Estados de Información no Financiera de las empresas del IBEX 35, reflejan la diversidad de enfoques que tradicionalmente han caracterizado a las memorias de RSC cuando eran voluntarios. Sin embargo, el cambio hacia la obligatoriedad no ha resultado en una mejora sustancial en cuanto a la exhaustividad y comparabilidad de la información no financiera proporcionada por estas empresas. Esto se debe principalmente a la falta de uniformidad en los niveles de detalle y en los indicadores utilizados, lo que dificulta la comparación de la gestión de impactos sociales y ambientales entre ellas.
A pesar de las carencias identificadas en los estados de información no financieros, los informes de verificación externos no han señalado ninguna salvedad. Esto evidencia la divergencia de criterios seguidos por los verificadores externos con relación a la información y las conclusiones del presente estudio.
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