Coincidiendo con la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario el pasado 26 de abril en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, once entidades se han unido para pedir a los partidos políticos su compromiso en la lucha por el desperdicio alimentario de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
En la actualidad, se desperdicia un total de 7,7 millones de toneladas de alimentos anuales en España, lo que equivale a 250 kg de alimentos al segundo. Esto ocurre mientras 6 millones de personas sufren pobreza alimentaria en España por falta de recursos y más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Además, se trata de un problema medioambiental que conlleva un uso ineficiente de nuestros recursos en todo el territorio: el desperdicio de alimentos representa el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas, mientras que el 30% de la tierra cultivada se está utilizando para producir alimentos que nunca se van a consumir.
Alianzas para cumplir con los ODS
Estos datos revelan la acuciante necesidad de hacer frente a la problemática del desperdicio alimentario en nuestro país. Por ello, la empresa Too Good To Go y las organizaciones sociales Asociación Desperdicio Cero, Manos Unidas, Red Alimenta, Refood España, Asociación Región de Murcia Limpia, Fundación Residuo Cero, Fundación Social Fooding, Teachers for Future Spain, Fundación Vida Sostenible y World Vision han firmado un manifiesto que exige a los partidos políticos que concurren en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo el compromiso de incluir en sus programas electorales propuestas para revertir esta situación.
Todas estas entidades tienen en común que abordan el desperdicio alimentario desde diferentes perspectivas, ya sean relacionadas con medio ambiente, sostenibilidad, educación, o hambre cero, y algunas de ellas están trabajando desde un punto de vista más local con el fin de abordar los retos que presenta el día a día de la realidad del desperdicio de alimentos.
Y es que, tal y como versa el manifiesto, “en el año 2015, España se comprometió a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los que se incluye la meta de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha, para el año 2030 (ODS 12.3)”.
Programas electorales imprescindibles
Las firmantes de este documento declaran que “es urgente que se lleven a cabo acciones concretas que engloben a todas las CCAA y municipios, ya que, aunque se han dado pasos, aún queda mucho trabajo por hacer en lo que respecta al desperdicio. Nos hemos unido porque este reto no puede pasar desapercibido en las próximas elecciones”. Estas peticiones van en línea con el Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, cuyo dictamen fue finalmente aprobado el pasado 26 de abril en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que reconoce el importante papel de las comunidades autónomas a la hora de planificar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la ley.
De esta forma, a través de dicho manifiesto se señala como imprescindibles la inclusión de las siguientes propuestas en los programas electorales:
1.- El compromiso de aprobar una estrategia de desperdicio alimentario en la que se incluyan objetivos específicos de reducción hasta el 2030 por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria. Para poder actuar frente al desperdicio alimentario, es necesario fijar unos objetivos concretos, medibles y cuantificables desde un punto de vista ambiental, social y económico. Solo así será posible establecer medidas acordes a la magnitud del reto al que se enfrenten las comunidades autónomas y municipios en todo el territorio, a la vez que se pueda medir el progreso hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3.
2.- En las comunidades autónomas, la incorporación del desperdicio alimentario en los contenidos curriculares, así como en la formación y actividades del conjunto de la comunidad educativa (equipos directivos, profesorado, familias, personal laboral, contratas, entre otros).
3.- En los municipios, el apoyo a aquellos establecimientos y organizaciones que implementen acciones frente al desperdicio de alimentos (venta de imperfectos, gestión de excedentes, venta más barata en la cercanía fecha de caducidad o consumo preferente en supermercados, entre otras actividades). El desecho de residuos debe ser la forma más cara de gestionar los excedentes de alimentos, por lo que será necesario implementar medidas dirigidas a ayudar a aquellos que destinan tiempo y recursos a combatir el problema del desperdicio alimentario.
“Estamos en un momento clave para adoptar medidas de calado que hagan frente a este problema y la próxima legislatura a nivel autonómico y local va será crucial para marcar la diferencia a la hora de cumplir con los objetivos marcados para el año 2030”, concluyen.
