El Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad gracias al Movimiento Asociativo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Tras 20 años sin renovación y una década de diálogo con las administraciones, además de múltiples acciones de incidencia política y social para incorporar la realidad de muchas personas que no estaban siendo bien valoradas, han visto materializado el esfuerzo.
Para una persona con discapacidad el baremo de valoración de la discapacidad supone la puerta de acceso al sistema de derechos establecidos en nuestro país. Tener una valoración adecuada de la discapacidad es crucial para que las personas accedan a esos derechos y beneficios que implica y que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad.
Este nuevo procedimiento se deshace del enfoque que giraba en torno al modelo médico-rehabilitador de la discapacidad para centrase en un modelo biopsicosocial con claras alusiones a los derechos humanos y, por tanto, en una tendencia hacia el paradigma de la autonomía personal y el modelo social de la discapacidad. El nuevo baremo, que contempla la interacción de cada persona en la comunidad y la prestación de apoyos personalizados, apuesta por los derechos humanos, por la inclusión real y por la participación activa de las personas con discapacidad.
Antes de la aprobación del Real Decreto, no se tenían en cuenta ciertas consideraciones que dejaban fuera de ese sistema de derechos a muchas personas y por las que durante todos estos años, desde el movimiento asociativo de la discapacidad, han estado luchando para que se incorporasen.
El baremo incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica extensamente reivindicadas por COCEMFE y su Movimiento Asociativo. Además, establece un trámite de urgencia cuando fuera necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social y pone en el centro a la persona flexibilizando el proceso a través de medios telemáticos y asegurando en todo momento la accesibilidad universal.
Para conseguir que el nuevo baremo tenga un despliegue igualitario, justo y equitativo, es imprescindible una dotación suficiente de recursos públicos en todos los territorios, reforzando los equipos multidisciplinares, que entre otras cuestiones termine con la espera de hasta 36 meses a la que se enfrentan personas con discapacidad en algunas comunidades o municipios para tener una valoración de su discapacidad. También es imprescindible la adopción de mecanismos de agilización que permitan tener un baremo lo más actualizado posible y el establecimiento de un sistema de reporte y seguimiento de resultados de la implantación del mismo.
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