El presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, hace una valoración positiva, en términos generales, de la jornada laboral de treinta y siete horas y media, anunciada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, como motor de cambio en los usos del tiempo en nuestra sociedad, que mejorará la conciliación de la vida personal y laboral y la calidad de vida de las personas.
Esta medida que sitúa a España al mismo nivel que otros países de la Unión Europea, está ya contemplada en muchos convenios colectivos y es aplicada por muchas empresas que, incluso aplican jornadas de duración inferior a la propuesta por el Gobierno. La capacidad de autogestión de muchas empresas de Economía Social y su gobernanza democrática ajustan su capacidad productiva con la conciliación de la vida laboral y personal de las personas que las componen.
Asimismo, el presidente de la Patronal de Economía Social señala que “para alcanzar la plena efectividad, esta medida debe ir acompañada de las correspondientes adaptaciones que pueden requerir algunos sectores o, de forma específica, aquellas empresas que desarrollan contratos con la Administración Pública, especialmente, aquellas que prestan servicios de atención a las personas”.
La implantación de la reducción de la jornada laboral, en los casos en los que las empresas adjudicatarias de estos contratos hacen un aporte intensivo de mano de obra para garantizar la calidad de los servicios que prestan, debe conllevar una revisión de los precios del contrato que permitan elevar los costes de personal. “De no ser así, los perjuicios unilaterales que sufrirán las empresas adjudicatarias de éstos podrían incluso derivar en su entrada a pérdidas”, explica Pedreño.
Más allá de las nuevas necesidades que pueda generar la implantación de la nueva jornada laboral, el presidente de CEPES considera imprescindible garantizar la sostenibilidad de los servicios del sector de los cuidados que se prestan mediante contratos públicos.
Factores como la inflación acumulada, el incremento del SMI, incrementos en convenios colectivos, implantación de nuevos permisos, etc., hacen imprescindible un desarrollo normativo que modifique, entre otras normas, la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, que permita la revisión de costes y el equilibrio económico de los contratos de servicios de atención a las personas con las administraciones públicas. “Cuestiones que entendemos que el Gobierno está ya considerando” puntualiza Pedreño.
El alcance de estas adaptaciones, tal y como señala Pedreño, “va a requerir de evaluaciones detalladas y análisis de impacto en sectores como el de la hostelería, la pesca o el agroalimentario, donde esta medida puede suponer, entre otros, un fuerte impacto en la cadena de suministro, ya que desde la producción hasta la distribución, se demandarán ajustes en los tiempos de entrega y disponibilidad de productos en el mercado”.
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