SEO/BirdLife desarrolla una nueva propuesta formativa para abordar los delitos contra la fauna a nivel internacional, esta vez en Turquía con el fin de analizar los problemas asociados a la muerte no natural de fauna, compartir soluciones, las mejores prácticas y buenas experiencias en su investigación policial, así como la cooperación para reforzar el cumplimiento de la legislación sobre delitos medioambientales.
Ayer tuvo lugar esta formación online que ha contado con agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía. Más de 200 personas han participado en el curso, entre las que se encontraban agentes de policía, responsables de conservación de la naturaleza y de parques nacionales de Turquía.
La formación se ha centrado en los contenidos del Manual de investigación policial de delitos e infracciones contra la biodiversidad. Los objetivos son conocer los pasos fundamentales para abordar la investigación de delitos contra la biodiversidad; aportar a los agentes de la autoridad y técnicos especializados, los criterios esenciales para identificar sobre el terreno cuándo se ha cometido un delito de esa naturaleza mediante el conocimiento de la causa aparente de la muerte de especies de fauna; y analizar las herramientas de cooperación entre las distintas entidades involucradas en la investigación delictiva ambiental.
David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife explica que “muchos delitos ambientales tienen las mismas motivaciones e impacto en diferentes partes del mundo. El intercambio de experiencias y conocimiento en su investigación es una herramienta esencial para su abordaje y para promover soluciones de ámbito internacional. Este es el objetivo que perseguimos con este tipo de formación”.
Proyecto para recudir la caza ilegal en el Mediterráneo
El curso se ha organizado en el marco del proyecto internacional Safe Flyways: Ending the Illegal Killing of Birds in the Mediterranean, liderado por BirdLife International y que tienen por objetivo contribuir a la aplicación efectiva de la legislación ambiental y a los procesos judiciales en España y otros países de la UE y del Mediterráneo para reducir el impacto de la caza ilegal de aves. Sólo en la cuenca Mediterránea se calcula que mueren al año por causas ilegales unos 25 millones de aves.
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