La ONG Educo lanza el informe Coordinador/a de Bienestar y Protección: balance del primer año, donde analiza y repasa este cargo nacido con la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), e instaurado en los colegios con desiguales e insuficientes resultados. Siendo la violencia contra la infancia una de las principales problemáticas actuales –los datos muestran incrementos alarmantes- la ONG lamenta que una figura destinada a la promoción del buen trato y la creación de entornos seguros no sea una realidad efectiva.
“Hay un incremento de casi el 40% de las notificaciones de violencia, los abusos sexuales contra la infancia y la adolescencia han aumentado un 300% y las cifras de suicidios de niños y niñas entre los 10 y 14 años nunca han sido tan altas. Es inadmisible que no se vuelquen todos los esfuerzos en intentar resolver esta problemática y que una figura nacida con vocación de protección, no solo en la propia escuela sino en todos los ámbitos que acompañan al niño, niña y adolescente, se haya convertido en un mero trámite”, afirma Pilar Orenes, Directora general de Educo.
Esta es la principal conclusión que destila el informe: un mero encargo lleno de lagunas. La figura no cumple las funciones para las que fue creada y no lo hace porque falla en la teoría y en la práctica. El desarrollo normativo es insuficiente y diferente según la comunidad autónoma. “Al no haber un decreto estatal que exija unos mínimos obligatorios sobre las funciones exactas del rol, unas horas exclusivas para desarrollarlas, y una formación eficaz y previa al desempeño del puesto, la figura falla. Cada comunidad ha desarrollado la norma a su manera y, salvo ejemplos contados, lo ha hecho sin apenas profundizar en ella. Urge un decreto estatal que clarifique”, explica Paula San Pedro, coordinadora de Incidencia de Educo y coautora del informe. Además, el informe destaca que en siete comunidades (Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco) la figura se regula mediante una circular que no tiene ni carácter obligatorio.
A la desigual regulación se une que ninguna comunidad autónoma tiene presupuestado el nuevo puesto. “El presupuesto es pieza clave para que puedan desempeñar sus funciones. Los colegios no pueden asumir estos gastos. Sin la inversión de las administraciones competentes, la propuesta fracasará porque los procedimientos e iniciativas que el o la coordinadora de Bienestar identifique para generar entornos seguros y protectores han de estar sostenidos por un presupuesto específico”, dice. Dentro del presupuesto debería estar contemplada también la remuneración, para legitimar y poner en valor la figura, como se hizo con el coordinador o coordinadora COVID- 19. Actualmente, solo tres CCAA (Canarias, Cataluña y Galicia) proponen algún tipo de complemento, y no necesariamente económico.
A la falla normativa le sigue la falla práctica. Para empezar, dice Educo, se ha observado que hay un gran desconocimiento sobre las funciones que debe realizar esta figura de nueva creación. De hecho, en el desarrollo normativo de ocho CCAA (Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, Murcia y La Rioja) no se incluye una mínima definición de las características del puesto. “Hemos hablado con numerosas personas que ejercen el rol y el sentimiento es común: se encuentran perdidas y sin apoyo de los distintos niveles de la administración”, explica Paula San Pedro. Además, la figura no está profesionalizada y solo dos CCAA (Extremadura y Galicia) establecen la necesidad de formación inicial. En la práctica se observa que muchos docentes no saben bien qué formación necesitan y desconocen conceptos. “Es complicado que estas personas puedan ofrecer capacitaciones a otros profesionales del centro o a padres y madres, tal y como establece la LOPIVI”, comenta la portavoz. “El éxito de esta figura dependerá en gran medida de su formación. No puede ser que nosotros recibamos una capacitación de 30 horas mientras que la de los monitores de tiempo libre sea de 270 horas. Es una vergüenza.”, se queja un coordinador de Bienestar y Protección de un colegio de Madrid consultado para el informe.
Al no estar profesionalizado, muchas veces se suple el puesto con cualquier docente, sin atender siquiera a su trayectoria. “Encontramos que mucho profesorado interino, que apenas conoce el colegio y está de paso, tiene que asumir el cargo”, Paula San Pedro. “Tampoco se tiene en cuenta el expertise, y acaban en el puesto profesores de matemáticas o lengua, sin tener en cuenta su conocimiento”.
Es común también observar la falta de horas liberadas. Normalmente cuentan con entre una y tres horas semanales, sin importar si existen protocolos abiertos o el número de alumnado del centro. En cuatro CCAA la normativa ni siquiera establece la liberación de horario (Cantabria, Navarra, Murcia y País Vasco). Esto contrasta significativamente con las dificultades burocráticas, algo que Educo también recalca, abogando por facilitar y simplificar los procedimientos en caso de abrir un protocolo.
“Es un marrón”
La suma de carencias asociadas al puesto repercute directamente en la seguridad y confianza de la persona que tiene que asumirlo: “Yo acepté este rol porque creo firmemente que puede ayudar a mejorar la salud emocional del alumnado. Pero la realidad es muy distinta. Es un marrón, dejas todo a medias, no lo pagan y no hay horas. No sé si seguiré el próximo curso”, aseguraba una coordinadora de Bienestar y Protección de un colegio de primaria en Huesca.
La inseguridad que muestra el profesorado se debe asimismo a la falta de redes de apoyo. Quienes asumen la labor se quejan de no contar siempre con todo el apoyo que necesitan dentro de la escuela, el aval de la dirección y un protocolo al que acogerse. Asimismo, falta apoyo externo de las consejerías de Educación, los servicios sociales, los centros de salud y la Policía. Necesitan un asesoramiento que no encuentran. “Derivamos un caso grave de un alumno a los servicios sociales al principio de curso, siete meses más tarde seguimos sin tener respuesta. No hay suficientes recursos y no dan abasto”, comentan desde un IES en Santiago de Compostela.
“Es evidente que la figura del coordinador de Bienestar y Protección no puede acabar sola con la violencia contra la infancia. Para dar una respuesta a la altura de la problemática, la persona que asuma este nuevo rol debe estar arropada por todos”, comenta Orenes.
Para otorgar a esta figura el peso y la importancia que requiere, Educo aboga por un decreto estatal, pero recuerda que este solo funcionará si las administraciones asumen el liderazgo que les corresponde. El éxito de este profesional dependerá principalmente de los compromisos que estén dispuestos a asumir el brazo ejecutivo y legislativo estatal, autonómico y local.
Conocedores de la importancia de asegurar la protección y el bienestar de la infancia en los centros educativos, la ONG Educo ofrece apoyo y formación para integrar los estándares internacionales de protección infantil organizacional a través de la metodología PROTEGEmos. “Nuestra larga experiencia en este ámbito nos permite asegurar la vital importancia del coordinador o coordinadora de Bienestar y Protección, reconociendo las características y recursos adecuados”, dice Orenes.
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