Esta semana se abre el proceso de admisión del alumnado de primer ciclo de educación infantil en centros públicos en varias comunidades autónomas —en algunas ya lo ha hecho— y previsiblemente muchas familias vulnerables no obtendrán plaza debido a un sistema de puntuación que no siempre beneficia a quien más lo necesita. Así lo denuncia la ONG Educo en su informe “Retos en la educación entre 0 y 3 años”, que analiza la financiación y el acceso a esta etapa por comunidades autónomas.
Para optar a una plaza se puntúan determinados requisitos, pero el sistema de baremación varía según el lugar de residencia. Algunas comunidades autónomas priorizan condiciones que otras obvian o puntúan menos, por lo que las familias más vulnerables no se ven beneficiadas en igualdad de condiciones. “No puede ser que el acceso al ciclo 0-3 venga determinado por el lugar donde vivas. Los 1.000 primeros días de vida son decisivos para el desarrollo de niños y niñas. Y las administraciones tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación desde el nacimiento para asegurar la igualdad de oportunidades y romper los círculos de pobreza y exclusión”, dice Dori Rodríguez, especialista en educación de Educo.
“La falta de plazas públicas ante la alta demanda, sumada a la falta de financiación, hace que, finalmente, el coste de la escolarización en este ciclo sea asumido en gran parte por las familias”, reconoce Rodríguez. “Según el último dato disponible de 2016, el 74% de las familias con las rentas más bajas no acceden a servicios de cuidados para menores de 3 años. Hay quienes no pueden pagar el coste y se quedan fuera porque criterios como la renta no siempre priman sobre otros como la proximidad del domicilio o la situación laboral del padre, madre o tutor legal”, aclara.
Aparte del económico, otros factores sociales, culturales y administrativas también influyen. De hecho, los núcleos familiares cuya madre no trabaja, o su nivel educativo es bajo, y además vive en una zona poco poblada, es el perfil con menor acceso a servicios socioeducativos entre 0 y 3 años.
Educo ha analizado los criterios que se puntúan para asignar las plazas públicas en cada comunidad autónoma y, a modo de semáforo, ha valorado su impacto en el acceso de las familias más vulnerables. Algunos criterios, como la condición de familia numerosa o monoparental, o de las niñas y niños en acogimiento familiar o residencial, favorecen su acceso; mientras que otros les perjudican, como la exclusión de las familias en desempleo o la ausencia de puntuación a las familias con personas con discapacidad.
“Los criterios que se relacionan con la renta, o con las condiciones sociales que pueden generar exclusión, deberían tener mayor peso y priorizarse en los casos de empate”, reclama la experta de Educo. “Por ejemplo, en muchos sitios se prioriza que las familias estén trabajando para favorecer la conciliación. Y eso puede dejar fuera a las que están buscando empleo, especialmente a las mujeres, por ser quienes renuncian en mayor medida a sus puestos de trabajo para ocuparse de los cuidados. La etapa 0 a 3 es clave para el desarrollo de niños y niñas y debemos asegurar su atención más allá de que permita la conciliación. El derecho a la educación desde el nacimiento garantiza el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo y ataca las desigualdades desde la raíz”, apunta Rodríguez. “Habría que priorizar el acceso de las familias en riesgo de pobreza y tener siempre en cuenta a la infancia en situación de especial vulnerabilidad, como los niños y niñas atendidos por servicios sociales, y los niños y niñas pertenecientes a minorías étnicas y migrantes. Estos últimos no están considerados en la mayoría de las comunidades a pesar de que casi el 60 % de las familias extranjeras extracomunitarias están bajo el umbral de la pobreza”, concluye.
Avanzando hacia la gratuidad
La gratuidad que ofrecen algunas comunidades autónomas y municipios facilita el acceso de niños y niñas en hogares con bajos ingresos a esta etapa educativa tan importante. Pero sigue siendo algo excepcional en el conjunto del Estado.
Por el momento, solo en Aragón y la Comunidad de Madrid la atención educativa (sin incluir comedor) no tiene coste alguno en las escuelas públicas y concertadas en todo el ciclo. En Galicia y La Rioja es gratuita en escuelas públicas y privadas. En Murcia lo es en las escuelas autonómicas y en Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia se ha establecido la gratuidad en las aulas de 2-3 años con intención de extenderla progresivamente al resto de edades. País Vasco ha anunciado que sus escuelas de 0 a 3 años serán gratuitas a partir del próximo curso. “Aplaudimos estos logros, pero hay que seguir trabajando hasta alcanzar los retos para la equidad de los que habla el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea”, puntualiza Rodríguez. Estos retos incluyen ofertar suficientes plazas de manera gratuita; pero también garantizar la asequibilidad tanto en la atención educativa como en el comedor escolar o las actividades extraescolares; abordar las disparidades territoriales; definir y aplicar estándares de calidad homogéneos; entre otros.
En cuanto a la financiación, Educo va más allá del Plan: reclama la gratuidad en 0-3 años, como ya sucede en el segundo ciclo. “El Plan recogido en la LOMLOE para la extensión de la gratuidad y el acceso no es suficiente, la meta debe ser la universalización”, sentencia Rodríguez.
Panorama general
Todo esto ocurre en un panorama nacional muy desigual en cuanto al acceso de las familias al periodo de 0-2 años, que depende de la región en la que se resida. Mientras en el País Vasco se alcanza el 54,4% de escolarización y en la Comunidad de Madrid el 51,7%, Cataluña se sitúa en el 39,6 % y Murcia y Ceuta apenas sobrepasan el 20% (21,7% y 21,5% respectivamente). Tampoco paga lo mismo por acceder al primer ciclo de educación infantil una familia que vive en Andalucía (235,11 euros al mes), en Castilla La Mancha (180 euros) o en Castilla y León (108 euros).
La desigualdad territorial es enorme: aunque la media española de acceso es elevada (41,8%), y está cerca del 45% que fija el Consejo de la Unión Europea para 2030, 6 comunidades y las dos ciudades autónomas no han alcanzado ni el objetivo del 33% fijado para 2010.
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