Fundación Naturgy ha celebrado hoy un seminario sobre ‘¿Se está cronificando la pobreza energética?’, en el que se ha presentado el estudio ‘Comprendiendo la pobreza energética. Un análisis de la persistencia’, elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB-Universitat de Barcelona y publicado por Fundación Naturgy.
El estudio constata que las medidas que se han puesto en marcha para paliar la pobreza energética transitoria no sirven para atajar la pobreza energética crónica y hay que buscar otras soluciones. Así, los determinantes socioeconómicos de los hogares en la pobreza energética crónica son más evidentes que en la transitoria.
Esto se traduce en que, según las estadísticas, contar con un mayor nivel de riqueza o tener una vivienda en propiedad disminuyen significativamente la probabilidad de sufrir pobreza energética crónica. En consecuencia, los autores plantean que es preferible adoptar medidas de largo plazo orientadas a conseguir reducir la desigualdad económica y fomentar la igualdad de oportunidades para aliviar la pobreza energética persistente.
En lo relativo a la situación laboral y el nivel educativo, el equipo de investigadores liderado por María Teresa Costa señala que también influyen, ya que estar trabajando o haber finalizado la educación superior, en particular, reduce significativamente el riesgo de pobreza energética crónica.
Según el estudio, datos recientes evidencian que alrededor de 42 millones de europeos podrían ser reconocidos como pobres energéticos, al no poder acceder a unos servicios energéticos esenciales y a precios razonables en el hogar. Asimismo, se ha detectado un aumento notable de la incidencia en 2023, en gran medida atribuible a la crisis energética y a la fuerte subida de los precios del gas y de la electricidad, que siguen afectando principalmente a los hogares más vulnerables.
Así, el 6,9% de la población de la Unión Europea se enfrentaba a dificultades para mantener sus viviendas a una temperatura adecuada de confort. En España, al igual que en Portugal, la situación es aún más preocupante, ya que afecta a un 20,8% de la población.
Esta situación subraya la gravedad del desafío que enfrenta nuestro país junto a otros países mediterráneos y del Este de Europa, acentuando la necesidad de reducir la proporción de hogares definidos como pobres en términos energéticos, un objetivo político cada vez más relevante. De hecho, la transición hacia economías descarbonizadas debe diseñarse e implementarse de tal manera que no genere ni profundice en las desigualdades existentes.
Por otra parte, los hogares en los que el sustentador principal es una mujer muestran un mayor riesgo de padecer pobreza energética transitoria. El resultado de los análisis del grupo de autores reconoce la dimensión de género en la probabilidad de ser pobre energético, al tiempo que ponen de manifiesto la necesidad de que las políticas energéticas que abordan la pobreza energética introduzcan esta cuestión de una manera más consciente y efectiva.
Los bajos ingresos son uno de los principales determinantes de la pobreza energética, de modo que la brecha salarial y de pensión entre hombres y mujeres dificulta que las mujeres mejoren su bienestar y sigan siendo afectadas con mayor intensidad por la pobreza energética, al ser menos capaces de afrontar los costes de la energía o de inversión en equipos con mayor eficiencia energética.
En su análisis también han encontrado que, en lo relativo al retraso en el pago de facturas, los hogares unipersonales tienen una menor probabilidad de experimentar pobreza energética, ya sea transitoria o crónica. Una posible explicación puede ser que este colectivo haya restringido su consumo de energía, razón por la cual muestran un menor riesgo de pobreza energética ante indicadores que capturan aspectos más financieros.
En otras palabras, el motivo de estas discrepancias puede venir explicado por las diferencias existentes entre la percepción personal de los hogares respecto a su situación de confort térmico en la vivienda y la lucha real por gestionar el pago de las facturas del hogar, entre ellas las correspondientes a la energía.
Con estos datos, el objetivo final de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) consistente en la reducción de la pobreza energética en España, respecto a la situación de 2017, en al menos un 25% para el año 2025, está muy lejos de verse cumplido.
¿Se está cronificando la pobreza energética?
Tras la presentación de las conclusiones del estudio ‘Comprendiendo la pobreza energética. Un análisis de la persistencia’ por parte de María Teresa Costa, catedrática emérita de Economía y directora emérita de la cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, una mesa de expertos moderada por Pablo del Río González, investigador científico del Instituto de Política Públicas del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha debatido para intentar entender cuál es la dinámica de la pobreza energética a lo largo del tiempo y los factores que pueden convertirla en un problema crónico.
Maria-Eugenia Sanin, coordinadora del Applied Economics & Policy Group del Center for Economics at Paris-Saclay (CEPS), abordó los “mecanismos de protección social integrales, como se aplica en algunos países, en los que una tarjeta social identifica la situación de vulnerabilidad y la ayuda es integral: alimentos, energía, vivienda, educación. Todos los miembros de la familia tienen un seguimiento en términos de subsidio, y se evitan errores de exclusión. Como la vivienda forma parte de esa protección, se puede integrar la cuestión de la pobreza energética”. Sanin también ha propuesto aplicar innovación regulatoria y financiera para reducir tanto la pobreza energética como su persistencia.
Monica Giulietti, profesora del Industrial Economics de la Nottingham University Business School, señaló que “a través de desarrollar la eficiencia energética, podremos resolver el acceso inclusivo a la energía y el acceso de aquellas comunidades más vulnerables, teniendo en cuenta que va a haber un coste. Pero sigue existiendo riesgo de que partes de la sociedad no vayan a poder participar en la transición energética. Los agentes del cambio son clave para acercar las políticas y ayudas a los más vulnerables”.
Por su parte, Luis Ayala, catedrático de Economía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, apuntó que “la pobreza es fundamentalmente monetaria, y se refleja en distintas dimensiones parciales. Las dificultades y costes de acceso a servicios energéticos se multiplican cuando una renta es baja. Sin políticas más ambiciosas, los problemas puntuales pueden convertirse en crónicos”.
En la clausura de la jornada, Víctor Marcos Morell, director general de planificación y coordinación energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) agradeció la organización a este seminario “en un momento en el que estamos en plena reflexión sobre la nueva estrategia de pobreza energética y queremos escucharos a todos”.
Por su parte, Marcos hizo una llamada a la implicación de todos los sectores, dada la cantidad y la importancia del trabajo necesario como parte de la estrategia nacional. Además, señaló la importancia de unir el término de eficiencia energética al de pobreza, incidiendo en la relevancia de establecer un objetivo específico enfocado a mejorar la eficiencia energética en colectivos vulnerables.
Por su parte, Rafael Villaseca, presidente de Fundación Naturgy, puso de manifiesto que “con este estudio queremos informar a los responsables de las políticas públicas sobre los instrumentos y estrategias más efectivas y directas para contribuir en la erradicación de la pobreza energética. Caben pocas dudas de que hay que hablar de la cronificación, y si atendemos a los índices, no son optimistas. En 2023, las cuestiones relativas a la pobreza energética no han mejorado: las temperaturas inadecuadas en algunos hogares en invierno han empeorado a pesar de los esfuerzos, y aún forma parte de preocupaciones de instituciones públicas y privadas”.
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