El 10 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley de Transparencia que también incluía la creación y puesta en marcha del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que desde el 12 de diciembre del mismo mes, preside Esther Arizmendi, quien repasó su funcionamiento durante los dos últimos años. Este organismo público cuenta con un plan estratégico 2015-2020 y es uno de los tres independientes al gobierno de turno, junto a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
“La transparencia hace a los ciudadanos más críticos y participativos y no lo saben”, aseguró Arizmendi durante el desayuno informativo que se celebró en la sede de Ecoembes. “En España llevábamos 40 años sin Ley de Transparencia -desde que entró la Democracia en 1975- y era un déficit que no nos podíamos permitir, porque éramos de los pocos países europeos que no teníamos una ley, junto a Chipre y Malta. Los ciudadanos nos merecíamos la posibilidad de escrutar la actividad pública de nuestras administraciones y saber cómo se gasta el dinero y quiénes son los responsables de las medidas y decisiones que se toman”.
Arizmendi reconoció que en la Administración esta Ley se ve como se ve como “más trabajo y algo muy molesto, porque se tiene que dar respuesta a las preguntas en el plazo de un mes y se les va a requerir hasta el final. Por eso la transparencia no es ni una utopía, ni moda ni mantra, es un derecho sustantivo, subjetivo y subjetivo que viene a cambiar las relaciones entre ciudadanos y políticos”.
Durante los dos años del funcionamiento del Portal de la Transparencia y del organismo que preside se han registrado 6.843 solicitudes de información, pocas todavía, según ha manifestado, si comparamos las que se reciben en los países de nuestro entorno. De ellas, 1.306 (19%) han derivado en reclamaciones.
Para Arizmendi “todas las empresas tienen que ser conscientes de que la empresa se ha convertido en un valor diferencial y en una ventaja competitiva”. Además, ha repasado las mejoras necesarias para impulsar la Ley y avanzar en la transparencia: facilitar el acceso al portal, dotar al Consejo de Transparencia de capacidad sancionadora, hacer más comprensible el lenguaje administrativo y publicar los documentos en formato reutilizable.
“La transparencia tiene un papel disuasorio, cuanto más te vigilan, mejor te comportas”, dijo Arizmendi, quien consideró “que lo peor que le podría pasar a la transparencia es que se quedara en algo fosilizado y no en movimiento. Eso depende de los ciudadanos, que tienen que tomar mucha conciencia para fomentarla”.
