El estallido de la pandemia y las medidas tomadas para su gestión profundizaron problemas estructurales del país y desnudaron una realidad muy cruda: la protección de los niños y adolescentes no está garantizada.
El balance de 2020 respecto a la situación de la niñez y adolescencia del país es aterrador. Es como asomarse a una serie de terror distópico donde en cada episodio sucede algo peor que en el anterior, ante la mirada impávida de los espectadores. Hoy en Argentina 6 de cada 10 niños vive en la pobreza y más de la mitad de los niños del país no viven en un hábitat saludable, por ejemplo no tienen baño o acceso al agua potable.
A estos factores estructurales se sumaron situaciones surgidas por la pandemia, al finalizar el ciclo lectivo 2020 más del 90 % de los niños y adolescentes no retomaron la presencialidad escolar, lo que generará consecuencias de largo plazo en su desarrollo. El cuidado de la salud también se vio deteriorado en 2020 donde se registraron un 40 % menos de consultas y vacunaciones a niños y adolescentes, sumado al acceso desigual y fragmentado al cuidado de la salud mental. La violencia sumó su parte: el maltrato hacia niños y adolescentes en todas sus formas estuvo en franco ascenso en 2020, producto del aislamiento, la falta de recursos y redes de contención, así como también producto de la violencia de las fuerzas de seguridad sobre adolescentes y jóvenes. La desigualdad en el ejercicio de derechos y la vida en constante situación de vulneración es una realidad para más de la mitad de los chicos y chicas del país.
Crecer siendo niña/o, adolescente o joven es un ejercicio de supervivencia diario. Significa estar en riesgo porque el Estado no prioriza el cuidado y atención de los grupos más vulnerables del país. Hoy la situación se agrava pero no es nueva y no hay plan para resolverla. Desde la recuperación de la democracia, niñez y adolescencia es el sector poblacional al que menos PBI se asignó en la gestión de Políticas Públicas.
No hablamos solo del diagnóstico de hoy. Se trata de la histórica dispersión, discontinuidad y poca claridad de las Políticas destinadas a proteger la niñez. El presente es desalentador y el futuro no parece alumbrar nada distinto si no opera antes un profundo compromiso y una real prioridad en la infancia y adolescencia.
La salida de esta película de terror es necesariamente en conjunto y por eso tenemos en nuestras manos el broche de oro para empezar a cambiar la situación. Es momento de exigir con contundencia que niños y adolescentes sean prioridad. Que el presente y el futuro puedan ser distintos y mejores depende de cada uno de nosotros: debemos reclamar y exigir al Estado el cumplimiento de su rol indelegable de garante de derechos.
El Presupuesto 2021 enviado recientemente al Congreso augura un año muy duro para el país y la inversión en niñez, adolescencia y juventud no acompaña el dramático escenario que se atraviesa. ¿hasta cuándo es posible seguir alimentando esta bomba de tiempo y mirar horrorizados cuando las consecuencias se agolpan a nuestros ojos?
El Estado y sus gestores se enfrentan a la oportunidad histórica de cambiar el rumbo, de tomar acciones que realmente impacten y pongan en el centro la protección infantil y el desarrollo integral y por ende el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Qué pasará con el acceso a alimentos, al cuidado de salud, qué sucederá con las trayectorias educativas, qué proyectos se ofrecerán a adolescentes y jóvenes, cada una de estas preguntas es un componente central del futuro que debemos construir hoy. Después ya será demasiado tarde.
