Con el respaldo de la Confederación Cooperativa (Cooperar) y otros miembros de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), que preside el argentino Ariel Guarco, los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron una resolución sobre la promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible.
Fue durante la Asamblea General de la ONU, realizada el pasado 18 de abril en Nueva York donde se presentó la propuesta de resolución elaborada con el impulso de los gobiernos de España, Chile y Senegal, y apoyada por Argentina y otros países a través de Cancillerías y ministerios con interés en el desarrollo del sector solidario.
“Este es un momento histórico. El movimiento cooperativo ha sido uno de los principales pilares institucionales que constituyen la economía social y solidaria desde su origen histórico en los años 1830 y ha participado activamente en el renacimiento moderno de este concepto”, señaló Ariel Guarco, quien lidera la ACI y Cooperar.
Agregó que la resolución será un instrumento clave para aumentar la visibilidad de la economía social y solidaria, y ofrecer la oportunidad de un intercambio y aprendizaje por parte de los Estados miembros, orientando a las agencias de la ONU sobre las áreas prioritarias de trabajo en esta materia y documentando sus contribuciones al desarrollo sostenible.
La Confederación gestionó días atrás el apoyo a esta iniciativa a través de una comunicación con la Cancillería, encabezada por el canciller Santiago Cafiero; el subsecretario de Asuntos de América Latina, Gustavo Martínez Pandiani; la representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, embajadora María del Carmen Squeff; y el jefe de asesores de Jefatura de Gabinete, Martín Yáñez.
“Un crecimiento económico más inclusivo y sostenible”
La resolución de Naciones Unidas reconoce que la economía social y solidaria “contribuye a un crecimiento económico más inclusivo y sostenible al buscar un nuevo equilibrio entre la eficiencia económica y la resiliencia social y ambiental que fomenta el dinamismo económico y favorece una transición digital justa y sostenible, la protección social y ambiental y el empoderamiento sociopolítico de las personas en relación con los procesos de toma de decisiones y los recursos”.
Asimismo, valora “la promoción de la democracia y la justicia social, en particular mediante la mayor concienciación de los trabajadores de la economía social y solidaria sobre sus derechos humanos y laborales, el desarrollo de asociaciones y alianzas para alcanzar objetivos comunes, la mejora del potencial empresarial y las capacidades empresariales y de gestión, el fortalecimiento de la productividad y la competitividad, y el apoyo a la innovación social y tecnológica y a los modelos empresariales participativos”.
En esa línea, alienta:
A los Estados Miembros a que promuevan y apliquen estrategias, políticas y programas nacionales, locales y regionales para apoyar y potenciar la economía social y solidaria como posible modelo de desarrollo económico y social sostenible, habida cuenta de las circunstancias, los planes y las prioridades nacionales, entre otras cosas, desarrollando marcos jurídicos específicos, cuando proceda, para la economía social y solidaria, dando visibilidad, siempre que sea factible, a la contribución de la economía social y solidaria a la hora de elaborar las estadísticas nacionales y ofreciendo incentivos fiscales y de contratación pública, reconociendo el papel de la economía social y solidaria en los programas educativos y las iniciativas de desarrollo de capacidades e investigación y reforzando el espíritu empresarial y el apoyo a las empresas, en particular mediante un mayor acceso de las entidades de la economía social y solidaria a los servicios financieros y a la financiación, y alienta la participación de los agentes de la economía social y solidaria en el proceso de elaboración de las políticas.
A las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, incluidos los equipos de las Naciones Unidas en los países, a que presten la debida atención a la economía social y solidaria como parte de sus instrumentos de planificación y programación, en particular el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, a fin de apoyar a los Estados, a petición de estos y de conformidad con sus mandatos, en la determinación, formulación, aplicación y evaluación de medidas y marcos políticos coherentes y propicios para el desarrollo de la economía social y solidaria como herramienta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y reconoce a este respecto la labor del Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria.
A las instituciones financieras multilaterales, internacionales y regionales y a los bancos de desarrollo a que apoyen la economía social y solidaria, incluso a través de los instrumentos y mecanismos financieros existentes y de otros nuevos que se adapten a todas las etapas de desarrollo.
Finalmente, solicita al Secretario General de Naciones Unidas que “elabore un informe, con los recursos existentes, en colaboración con el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (UNTFSSE, por sus siglas en inglés), acerca de la aplicación de la presente resolución, teniendo en cuenta la contribución de la economía social y solidaria a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de una recuperación inclusiva, resiliente, sostenible y que genere empleo”.
Asimismo, incluye en el programa provisional de su septuagésimo noveno período de sesiones, bajo el tema titulado “Desarrollo Sostenible”, y el subtema “Promoción de la Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Sostenible”.
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