Los programas de pagos por servicios ambientales pretenden corregir el mal funcionamiento del mercado mediante la creación de incentivos económicos apropiados que permitan transferir recursos financieros de los beneficiarios de los servicios ecosistémicos a quienes los ofrecen (FAO, 2014: 1).
La práctica indica que tampoco es suficiente contar con leyes, tratados, estatutos o reglamentos muy bien redactados por especialistas y es fundamental que tales normas surjan de acuerdos previos sobre cuáles son los problemas y cómo se piensa encararlos (Pochat, 2005: 49).
Una de las cuestiones que dificulta más la aplicación práctica del pago por servicios ambientales es la valoración económica (que es subjetiva y que resulta difícil de determinar). Es un aspecto que ha sido ampliamente tratado por diversos organismos internacionales dedicados a la investigación y al diseño de políticas públicas (Minaverry, 2013: 4). La elaboración de una ley específica sobre el pago por estos servicios –tal como poseen algunos países de la región–, puede conllevar tanto aspectos positivos como negativos, que deben ser abordados interdisciplinariamente, en especial en relación con su reconocimiento y retribución legal.
Sin embargo, en algunos países, como es el caso de Argentina, aún no existe normativa que regule las prestaciones ambientales de manera autónoma, lo cual dificulta su reconocimiento y utilización práctica. A su vez, la jurisprudencia sobre esta temática tampoco se ha desarrollado de manera sustancial en la región, salvo en algunos casos excepcionales que deben ser analizados en profundidad para poder extraer sus lineamientos generales. Consideramos que la normativa voluntaria es un complemento valioso, en particular, a través de la familia de normas ISO orientadas hacia la gestión ambiental, serie ISO 14000.
Al respecto, la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), adecuadamente llevado a cabo y mantenido, confluye a lograr los fines propuestos. Entre las ventajas económicas generalmente asociadas a la implementación de estas herramientas se encuentran: disminución en el uso de materia prima y del consumo energético, mejora de la eficiencia del proceso, reducción de la generación de residuos y de los costes asociados a su adecuada coordinación. Los Sistemas de Gestión ISO 14001 constituyen el marco para el desarrollo ambiental más reconocido a nivel mundial, dado que resultan suficientemente flexibles como para que puedan ser aplicados por organizaciones de todo tipo, grandes o pequeñas, privadas o públicas.
Permite a las organizaciones gestionar el mejoramiento del impacto ambiental negativo de sus actividades y demostrarlo, pero por supuesto, un SGA resultará beneficioso sólo si está correctamente implementado y mantenido. La serie ISO 14000 representa una respuesta a los desafíos que enfrentan el sector productivo, los gobiernos y los demás actores sociales en el logro del desarrollo sostenible, dado que constituye un importante aporte para la conciliación de los aspectos económicos, sociales y ambientales.
Una política de estas características tiene por finalidad la formulación de principios y objetivos que orienten la puesta en práctica de un conjunto de acciones que promuevan un desarrollo sustentable. La gestión ambiental pública incluye al conjunto de acciones normativas, administrativas y operativas impulsadas por el Estado en pos de alcanzar un desarrollo sustentable. Por tanto, las principales funciones de tal gestión son el diseño, formulación y puesta en práctica de una política y una legislación ambientales, de un sistema administrativo y de un conjunto de instrumentos para la acción.
