Además, es destacable cómo más del 24% de los mismos se encuentran comprendidos en población menor y juvenil, de mayor grado de vulnerabilidad pero igualmente de mayor voluntad de permanencia e integración.
Con ello Chile pasa de ser un país emisor de personas migrantes de épocas pasadas a receptor de migración, especialmente de países vecinos (Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador…) pero también de zonas como Europa (especialmente de ciudadanía española y en menor medida italiana). Y es que, a pesar de que en los últimos trimestres de este año se percibe una ligera desaceleración de la economía del país, sus números y su seguridad jurídica continúan siendo referentes y las oportunidades y la calidad de vida que se percibe que existen en el país latinoamericano sirven de reclamo a los que más lo necesitan.
A pesar de todo este periodo de bonanza y de que PNUD señaló a Chile como uno de los países del Sur que entre 1990 y 2012 obtuvieron un incremento mucho mayor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que el pronosticado en función al valor de su IDH en 1990 (datos 2013), la realidad es que, en la actualidad, el país ocupa el último lugar entre los países de la OCDE en índice de desigualdad….y es que el “gran Santiago” en nada se parece a la mayor parte del territorio nacional, independientemente de que sea en la misma ciudad o en cualquier parte de la geografía regional.
Regiones que, por otra parte, necesitan cada vez más afrontar procesos de descentralización que atiendan de una forma más precisa a la realidad local, pero lo que es más importante, lideren de una forma real un verdadero proceso de “Desarrollo”, desde su propio seno, que redunde positivamente en la calidad de vida de su ciudadanía y transforme la realidad de su territorio para los próximos años. Únicamente acercando la autonomía y el destino del mismo a su pueblo es como se logran generar auténticos procesos de empoderamiento y abandono de la condición de “subdesarrollo”.
Si en todos estos desafíos se identifica únicamente el rol que ha de asumir el sector público se estará cayendo en una lectura imprecisa de la realidad, toda vez que tanto la sociedad civil organizada, como el mundo académico como el sector privado están llamados a jugar un papel determinante.
El sector privado debe interpretar lo que su entorno es y quiere llegar a ser. Es en esa “construcción colectiva” donde ha de focalizar su política de Responsabilidad Social como un agente más, ni más ni menos importante que el resto, contribuyendo al trabajo compartido de lograr el desarrollo regional tan necesario incluso para la preservación de los mismos equilibrios de mercado. Un papel que, en la lógica de Naciones Unidas, tenga en consideración la correlación existente entre el Impacto que la actividad puede generar, el Riesgo que la empresa asume y hace asumir a la comunidad y a su entorno; y el Retorno que la propia actividad genere en utilidades para sus propietarios.
Pero es más, un rol que asuma que la región en la que actúa debe seguir siendo un espacio adecuado de progreso y desarrollo tras su retirada (deslocalización o abandono) y que su contribución a ella ha de pasar por evitar “dependencias comarcales” en clave de “mercados pseudo-cautivos” que abandonen a su suerte a la misma cuando la compañía decida abandonarla…porque si los pueblos no son dueños de su destino, sea por la acción pública o por la privada, estaremos evitando el tan denostado y necesitado umbral de desarrollo, integración e igualdad que la realidad de Chile está demandando y necesitando para seguir siendo referente en el mundo.
