Pero este año ha sido particular. Los recientes casos de corrupción y las acusaciones de financiamiento irregular a la política por parte de empresas fueron temas obligados en dichas asambleas, en las que presidentes de Directorio, gerentes generales y fiscales fueron llamados a responder a requerimientos de información por parte de los accionistas, especialmente representantes de las AFP, sobre la realización o no de donaciones a campañas políticas y sobre la forma en que se realizaron.
Desde la perspectiva de la inversión responsable (IR), este hecho evidencia un interesante despertar del activismo accionario vinculado a la preocupación de los inversionistas por las variables extrafinancieras que están impactando el valor de su inversiones. En concreto, el cómo la empresa gestiona su relación con lo público -en lo referido a políticas y prácticas de lobby y aportes a campañas políticas- y la transparencia de dichas prácticas, ya que representan un riesgo concreto para la creación de valor de las compañías y, por ende, para sus accionistas.
La IR es aquella que considera activamente, dentro de su proceso de análisis y toma de decisión de inversión, tanto los criterios financieros (rentabilidad/riesgo) como los criterios extrafinancieros vinculados a variables Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG). En este contexto, el activismo accionario se constituye en una interesante estrategia de IR, que aprovecha el poder de los accionistas para influir en el comportamiento corporativo, ya sea a través de su participación directa, del envío de propuestas de accionistas, de la votación, o de la desinversión, todo ello determinado por criterios ASG.
En una época de escándalos financieros, de corrupción y de creciente preocupación por las consecuencias del cambio climático, el activismo accionarial se asienta como una forma de minimizar el riesgo a la vez que mejora potencialmente los rendimientos en general, hecho particularmente cierto para el caso de los fondos de pensiones, principal inversor institucional con un acentuado rol fiduciario a ejercer y tomar en consideración al momento de decidir dónde invertir con visión de medio y largo plazo.
A nivel internacional el activismo accionario, como estrategia de IR, es una práctica reciente pero que en los últimos años viene evidenciando un importante ascenso. Así lo refleja el último estudio del Center for Board Matters publicado en abril. Entre los principales hallazgos se destaca que se mantiene alta la presentación de propuestas por parte de los accionistas exigiendo mayor información y/o mejorar gestión de temas vinculados a Sustentabilidad o ASG.
Según se indica en sus conclusiones, a la fecha, del total de propuestas de resoluciones de accionistas presentadas, las vinculadas a temas ambientales y sociales representaron el 52% del total de propuestas en 2015, comparadas con el 46% en 2014 y el 39% en 2013. Cabe destacar que las propuestas sobre temas sociales y ambientales también significaron la mayor tasa de retiro puesto que los proponentes llegaron a acuerdo con las empresas: el 17% de las propuestas sobre temas ambientales o sociales fueron retiradas con acuerdo versus el 5% al 14% en otras categorías. Algunos de los tópicos presentes en las propuestas de resolución de accionistas retiradas estaban vinculadas con políticas de diversidad e igualdad de oportunidades, políticas de reducción de emisiones GEI, reportes de Sustentabilidad así como sobre la divulgación y supervisión de gastos en lobby y campañas políticas.
En Chile aún estamos lejos de las cifras que nos presenta este estudio global. No obstante, la actual coyuntura es un llamado a los principales actores del mercado de capitales para que pongan atención a temas vinculados con gobierno corporativo, ambientales y sociales. Es así como sin proponérselo el activismo accionarial, visto este año a través de exigencias de mayor información e incluso con prácticas de desinversión, está dando sus primeros pasos en el mercado de capitales chileno, lo que sin duda entrega un buen augurio para el avance de la IR en el país.
