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La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) publica el Informe de Evaluación Regional sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe (RAR24). Este informe ofrece un análisis exhaustivo de la situación actual de los desastres en la región y proporciona recomendaciones clave para fortalecer la resiliencia y promover el desarrollo sostenible.
América Latina y el Caribe se enfrentan a una creciente frecuencia e intensidad de desastres que amenazan el desarrollo sostenible. Actualmente, el 53% de las pérdidas económicas mundiales por desastres ocurren en esta región, y seis de los diez países con mayores pérdidas económicas en relación con su PIB se encuentran en América Latina y el Caribe.
El RAR24 destaca la eficacia de la inversión en reducción del riesgo de desastres (RRD) para proteger los avances del desarrollo y asignar recursos destinados a cerrar brechas en la implementación de la Agenda 2030.
Sin embargo, el informe señala que el financiamiento para la RRD sigue siendo insuficiente. La falta de inversión en prevención y resiliencia incrementa las vulnerabilidades y conduce a que muchos países, con grandes desafíos estructurales y estratégicos, enfrenten pérdidas significativas ante eventos adversos.
El informe enfatiza que resiliencia y sostenibilidad van de la mano. No invertir en RRD equivale a financiar desastres futuros. “América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a desastres, los cuales están en aumento debido a causas hidrometeorológicas”, indica Nahuel Arenas García, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de UNDRR.
“El cambio climático está detrás de 9 de cada 10 desastres”, afirma Esperanza González-Mahecha, especialista senior en cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que resalta que es vital aumentar la resiliencia e incorporar el riesgo de desastre en el diseño y la construcción de infraestructuras evitar nuevos riesgos.
Por lo tanto, es imperativo que los países de la región prioricen la inversión en estrategias de prevención y fortalecimiento de la resiliencia para garantizar un desarrollo sostenible y seguro para sus poblaciones.
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