El 15 de octubre, Punta Arenas acogió las XXIII Jornadas de Derecho de Energía, un evento clave donde expertos nacionales e internacionales abordaron los retos y oportunidades del sector energético, con un enfoque en las regulaciones necesarias para enfrentar el cambio climático. Organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Magallanes (UMAG), este foro subrayó la relevancia de la región de Magallanes en la transformación energética de Chile.
Alejandro Vergara Blanco, director del Programa de Derecho Administrativo Económico de la PUC, destacó la importancia de llevar este conocimiento especializado a regiones como Magallanes, en pleno proceso de industrialización energética. Ramón Mayorga McDonald, académico de la UMAG, también enfatizó el papel histórico de la región en la matriz energética nacional, con la transición hacia energías limpias, como el hidrógeno verde, posicionando a Magallanes como un actor clave en el futuro energético del país.
Juan Carlos Olmedo Hidalgo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, resaltó en la apertura la necesidad de modernizar la regulación del sector eléctrico, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar la calidad del servicio. Además, subrayó la importancia de involucrar a los usuarios finales en la transición hacia energías renovables, mencionando el potencial del hidrógeno verde como una solución clave para el almacenamiento de energía a largo plazo.
El evento también incluyó paneles sobre energías renovables, agua y energía, control jurisdiccional y legislación eléctrica. Asencio Navarro Ortega, académico de la Universidad de Granada, analizó la transición energética en la Unión Europea, mientras que Estanislao Arana García, experto en derecho del agua, abordó la relación entre agua y energía, destacando el papel crucial de las centrales hidroeléctricas reversibles. A nivel local, la abogada Antonia Jorquera Cruz señaló los desafíos legales en torno al suministro provisorio en proyectos de energía renovable en Chile, proponiendo una revisión normativa para evitar riesgos financieros en el sector.
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