El anuncio de la suspensión indefinida de las operaciones en la Siderúrgica Huachipato ha generado una profunda preocupación y duras críticas por parte de los parlamentarios de la región del Biobío, quienes han calificado la jornada como un “día negro” para la región y advierten sobre las devastadoras consecuencias sociales que podría desencadenar esta decisión. Con más de 20 mil empleos en juego, los legisladores temen que la situación lleve a un verdadero “terremoto social“, afectando no solo a las familias directamente vinculadas a la siderúrgica, sino también a toda la economía local, incluyendo a proveedores y pequeñas y medianas empresas que dependen de Huachipato.
El grupo CAP, propietario de la siderúrgica, justificó la suspensión de actividades por la “insostenible” situación financiera de la empresa, a pesar de las sobretasas impuestas al acero importado de China, que inicialmente se pensaron como una medida para proteger el negocio. Sin embargo, estos aranceles no lograron trasladarse a los precios de manera efectiva, lo que llevó a la empresa a tomar la drástica decisión de cesar sus operaciones. El ministro de Economía, Nicolás Grau, expresó su descontento ante esta situación, calificando la decisión como una “acción irresponsable” por parte de Huachipato y de la empresa Molycop, debido a su incapacidad para llegar a un acuerdo sobre las condiciones de ventas y precios, lo que ha agravado la crisis.
Entre las reacciones, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) lamentó profundamente el impacto de esta decisión, subrayando que afecta directamente a más de 20 mil personas en la región y criticó que la empresa decida no continuar operando a pesar de haber recibido las medidas arancelarias solicitadas hasta septiembre. También acusó al gobierno de actuar de manera tardía y de no anticiparse a una situación que, según él, está generando un verdadero “terremoto social” en la región.
El diputado Eric Aedo (DC) fue aún más contundente en sus críticas, acusando a Huachipato de haber “mentido” desde el principio. Aedo señaló que siempre tuvo dudas sobre el compromiso de la empresa para mantener sus operaciones, y acusó a la siderúrgica de actuar de mala fe al cerrar sin intentar un acuerdo real con Molycop, una empresa privada con la que no lograron pactar los términos necesarios para continuar con la producción.
Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) describió la situación como un “golpe duro” para la región y el país, lamentando que, aunque la situación tiene raíces en decisiones de mercado y empresariales, no se puede ignorar el impacto que tendrá en las familias de la región. Pérez subrayó que esta situación podría resultar catastrófica y llamó a la empresa y al gobierno a trabajar juntos para evitar que miles de familias queden sin sustento.
Finalmente, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) expresó su profunda preocupación por el golpe directo que esta decisión representa para la economía local y, sobre todo, para las 20 mil familias que dependen de Huachipato. Acevedo hizo un llamado urgente a los empresarios para que reconsideren su decisión y evalúen todos los escenarios posibles para mantener la industria del acero viva en el país. Asimismo, instó al gobierno, y en particular al Presidente Gabriel Boric, a explorar todas las opciones disponibles para asegurar que Huachipato continúe operando como una empresa estratégica en Chile.
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