“Nuestro objetivo, y así lo hemos pedido a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, es que podamos tener al menos dos meses de audiencias públicas para escuchar a ONG’s, gremios, expertos, federaciones de trabajadores y a todos que quieran hacer valer su opinión para luego el proyecto, enriquecido por este debate parlamentario, someterlo a la primera votación en general en la Cámara de Diputados”, dijo Cubillos.
El trámite de la principal reforma ambiental de los últimos 9 años no se prevé sencilla.
Uno de los aspectos que centrará el debate es cómo está diseñado el mecanismo de participación ciudadana temprana, la que pese a generar adeptos, tiene detalles que expertos concuerdan se deben mejorar.
Dino Pruzzo, del equipo de Medio Ambiente de Jara del Favero, comentó que para los Estudios de Impacto Ambiental -para lo cual este trámite será obligatorio-, debiera permitir que se incluyan aspectos planteados por la comunidad en la evaluación para mejorar el proyecto.
Sin embargo, agregan que sería relevante que se establezca un plano mínimo para realizar la participación ciudadana temprana y no uno máximo de duración, porque podría implicar que posteriormente se cuestione un proceso realizado en un plazo inferior.
¿Bajará la conflictividad que el resultado de esa participación sea revisado por un Tribunal Ambiental? “No nos parece. No se advierte por qué un órgano jurisdiccional debiera validar los términos de referencia obtenidos en el proceso”, dice el equipo de Jara del Favero.
El abogado y exfiscal del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, cree que el mecanismo no cumple el objetivo de minimizar la judicialización.
“Puede que contribuya a democratizar el proceso ambiental o a fomentar la participación, lo que sin duda es valioso, no obstante, mientras se mantenga la actual regulación de la Participación Ciudadana, los denominados términos de referencia, constituyen una verdadera caja de pandora en cuanto a su impacto judicial, pudiendo abrir un nuevo foco recursivo e indeseado”, dice.
Inicio del debate
“Es una propuesta bastante amplia que considera diversos aspectos, no sólo limitados a reducir el componente político en la evaluación y a ampliar la participación ciudadana, sino también a reducir la discrecionalidad de la administración en la evaluación. El proyecto se hace cargo de aspectos históricamente controversiales”, dice Winston Alburquenque, de VGC Abogados.
En Jara del Favero creen que es positiva porque se buscar dar mayor objetividad técnica al procedimiento, mientras Cash agrega que es “valiosa” la propuesta, pero se equivoca el rumbo en lo procedimental, dado que deberían impulsarse dos proyectos, uno abocado a la gestión ambiental y otro a lo recursivo
