Este enfoque no sólo cubre a los grupos de interés, directamente impactados por la operación de una empresa, sino que crecientemente los analistas de inversión consideran en la construcción de portafolios, a empresas con este comportamiento.
Hace 40 años, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos estableció las “Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”, las que han sido actualizadas en cinco oportunidades, la última en 2011, con la incorporación de los Derechos Humanos en la acción empresarial. Este instrumento contiene principios y normas para orientar a las empresas en la forma de gestión de su cadena de suministro, bajo el concepto de debida diligencia. Abordan el desafío de generar confianzas mutuas entre las empresas y la sociedad.
Hoy estos principios son la base en la construcción de cualquier matriz de riesgo por parte de las empresas evaluadoras extra-financieras, que persiguen valorar un activo inmaterial, e incorporarlo en su análisis, determinando su rendimiento. Sin embargo, aún es complejo medir el impacto financiero que puede tener en un activo con un desempeño responsable. No obstante, si es posible observar que en la medida que esos beneficios sean visibles, será demasiado tarde incorporarlos, ya que su valorización se habrá incrementado.
Las Líneas Directrices, tienen la particularidad de ser vinculantes para los 46 países adherentes, del cual Chile es parte desde 1997. De la región, también son parte México, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, y Argentina. El gran desafío hoy es fortalecer la difusión, promoverlas y examinar los procedimientos de aplicación ante un presunto incumplimiento, ya sea por una empresa extranjera inversora en el país, o por una firma chilena en el exterior.
Chile está comprometido con el fomento y la aplicación de las Líneas Directrices. Estamos convencidos que las empresas multinacionales, así como sus firmas colaboradoras, filiales y socios empresariales en el extranjero, impulsarán la adopción de normas responsables que comprendan los estándares definidos por la OCDE, constituyendo un pilar fundamental para el desarrollo inclusivo y el crecimiento de los países.
