El Gobierno de Gustavo Petro ha puesto como prioridad el impulso de las energías limpias en Colombia. Sin embargo, después de dos años en el poder, aún no se ha definido una hoja de ruta clara para alcanzar este objetivo.
En foros internacionales, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha señalado que mientras países como Brasil, México y Costa Rica han logrado avances significativos en energía solar, eólica e hidroeléctrica, Colombia ha lanzado proyectos importantes en energía solar y eólica en los últimos dos años. Estos proyectos han contribuido a diversificar la matriz energética y reducir las emisiones de carbono.
A pesar de estos esfuerzos, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, ha destacado varios obstáculos. Uno de los mayores desafíos es la instalación de parques eólicos en La Guajira, con una capacidad de generación de 2,400 MW, que debieron estar operativos en 2022, pero hasta la fecha no han entrado en funcionamiento.
Además, la falta de una hoja de ruta para la transición energética, prometida por la exministra Irene Vélez en noviembre de 2022 durante la COP 27, ha sido un punto de crítica constante. La Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) aún no ha sido implementada, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la política energética del país.
Julio César Vera, presidente de XUA Energy, sugiere que una medida crucial para avanzar en la transición energética es eliminar el subsidio al diésel. Según Vera, mantener estos subsidios impide el desarrollo de una movilidad sostenible y el uso de energías de bajas emisiones.
Acosta también resalta la necesidad de cumplir con las leyes 142 y 143 de 1994 y la Ley 2099 de 2021, además de nombrar a los seis expertos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para disipar la desconfianza en el sector energético. El clima de incertidumbre y las propuestas de reforma que darían más poder regulatorio al presidente podrían alejar las inversiones necesarias para los proyectos de generación y transmisión de energía.
Vera propone aumentar el impuesto al carbono de US$5 por tonelada emitida a niveles superiores a US$10 o US$20 por tonelada. Esta medida, junto con el desarrollo de proyectos de reforestación y eficiencia energética, ayudaría a reducir las emisiones del país.
Además, es fundamental profundizar los programas de eficiencia energética y reducción de emisiones contaminantes en diversos sectores. La implementación de tecnologías avanzadas y el uso de combustibles alternativos son esenciales para este objetivo.
El liderazgo y la coordinación interinstitucional son cruciales para avanzar en los proyectos de energías renovables. La entrada en funcionamiento de estos proyectos, especialmente los correspondientes a las subastas de 2019, 2021 y 2024, es vital no solo para la diversificación energética sino también para cumplir con los plazos previstos.
El gas natural también juega un papel crucial en la transición energética, proporcionando estabilidad y confiabilidad a las energías renovables. Su importancia se demostró durante el Fenómeno de El Niño, siendo esencial para más de 35 millones de colombianos.
Un documento de Corficolombiana señala que la economía colombiana necesita transformar su modelo de desarrollo productivo en el marco del cambio climático. Sectores como la explotación de minerales clave, la agroindustria, la generación de energía verde y el ecoturismo pueden contribuir significativamente a mejorar la productividad y las fuentes de ingresos fiscales del país.
Para materializar este potencial, Colombia debe superar grandes desafíos de coordinación público-privada, regulación y estrategias de fomento. La transformación de la economía global ofrece oportunidades interesantes de desarrollo para el país, que deben ser aprovechadas con estrategias efectivas y ambiciosas.
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