El proceso de adquisición de tierras en el Catatumbo, un tema que ha generado debate en Colombia, está vinculado al Plan Catatumbo, una estrategia gubernamental destinada a transformar la región y fortalecer la producción agrícola legal. A pesar de las críticas sobre el decreto de conmoción interior y la figura de expropiación administrativa contemplada en el Decreto 108 de 2025, las autoridades han aclarado que las 3.500 hectáreas que se van a adquirir no serán confiscadas, sino compradas a través de acuerdos voluntarios con los propietarios de las tierras.
Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), enfatizó que la adquisición de las fincas “ha sido parte de un proceso de ofertas voluntarias” y aclaró que el primer paso es precisamente la compra negociada, no una expropiación forzada. En sus declaraciones al diario El Colombiano, Harman aseguró: “Hoy nosotros vamos a arrancar a adquirir tierras del Catatumbo con ofertas voluntarias, entonces eso es lo primero que hay que aclarar”.
La pregunta que surge entre los colombianos es sobre la identidad de los propietarios y los posibles afectados. Según las autoridades, estos predios pertenecen a habitantes de la región que han decidido vender sus tierras dentro del marco del Plan Catatumbo, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo sostenible en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado.
Las tierras adquiridas estarán destinadas a proyectos de desarrollo sostenible. El gobierno ha presentado las “fincas de paz” como parte de una estrategia para garantizar estabilidad a la región, con un enfoque en la producción agrícola lícita. Además de ofrecer alternativas económicas, las fincas de paz servirán como refugios humanitarios en situaciones de crisis generadas por los enfrentamientos armados.
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, destacó que la medida no se trata de una confiscación, sino de una enajenación forzosa que indemniza a los propietarios a valor comercial. “La expropiación no es una confiscación; es una enajenación forzosa en la que se indemniza al propietario a valor comercial y se pone el terreno al servicio de objetivos de emergencia”, expresó Carvajalino, quien aseguró que este mecanismo ha sido utilizado durante décadas con fines de utilidad pública en Colombia.
Dentro del plan también se contempla la creación de una Zona de Reserva Campesina “Paz y Unión del Catatumbo” que abarcará 59.000 hectáreas, beneficiando a 61 veredas de los municipios de Hacarí, Ábrego, Bucarasica y La Playa de Belén. La zona se enfocará en la producción agrícola y la seguridad alimentaria, buscando garantizar el acceso a la tierra a las comunidades desplazadas por la violencia.
El objetivo de la compra de tierras es promover un modelo sostenible en el que las comunidades gestionen los predios mediante asociaciones campesinas y organizaciones sociales, fomentando cultivos lícitos y proyectos agroindustriales. Además, las “fincas de paz” se transformarán en espacios de refugio en momentos de confrontación, con la intención de asegurar la estabilidad de las comunidades que han sufrido desplazamientos forzados.
Harman añadió que esta iniciativa busca garantizar derechos humanos y formar parte de un sistema nacional con garantes internacionales en el marco del Derecho Internacional Humanitario. “Lo que queremos es que esas fincas sean parte de un sistema nacional de derechos humanos, parte de una revisión integral con garantes internacionales en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, dijo el director de la ANT.
Con el acompañamiento de organismos internacionales y bajo estrictos estándares legales, el gobierno colombiano busca transformar el Catatumbo, reduciendo la dependencia de economías ilícitas y ofreciendo alternativas productivas sostenibles para las comunidades afectadas por el conflicto.
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