Estar en el Diálogo Social no es un capricho de la economía social, sino una demanda acorde al momento histórico que vivimos

España es líder en materia de economía social. Esta afirmación se constata en las múltiples iniciativas que instituciones europeas e internacionales, así como gobiernos de la UE han puesto en marcha con el objetivo principal de potenciar y fortalecer este modelo empresarial.
 
Las resoluciones de Economía Social aprobadas por Naciones Unidas, OIT, OCDE, DAVOS, así como el Plan de Acción Europeo y la Recomendación de la Comisión Europea, o las adoptadas por el Gobierno de España como el Plan Impulso de la Economía Social en el marco del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados, entre otras, son una demostración de dicha afirmación. No obstante, el liderazgo de España en esta materia no es un hecho reciente, y es que en 2011 España ya se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aprobar una Ley de Economía Social.
 
Estas iniciativas y otras tantas que se han llevado a cabo o que se pondrán en marcha en los próximos meses no hacen más que demostrar el peso que tiene este modelo empresarial tanto en España como en el ámbito internacional. Un modelo empresarial que solo en España representa a más de 43.000 empresas presentes en todos los sectores económicos con empresas de todos los tamaños y que representa el 12,5% del empleo.
 
Teniendo en cuenta la gran riqueza que, en todos los sentidos, aporta el modelo de la economía social a nuestro país y los grandes avances que se han producido en esta materia en los últimos tiempos, desde CEPES no podemos más que reiterar nuestra demanda histórica de un diálogo social más abierto y plural, con la que pretendemos modernizar la mesa del diálogo social con el fin de construir unas políticas públicas que contemplen la diversidad de fórmulas jurídicas que existen en el ordenamiento jurídico español.
 
Nuestra petición se encuentra avalada por la Recomendación del Consejo de la UE sobre el desarrollo de condiciones marco de la Economía Social que mencionaba previamente, y que insta a los Estados miembros a explorar las posibilidades para facilitar la participación de los empresarios de la economía social en el diálogo social, desarrollando nuevas reglas de representatividad empresarial. Por todo ello, nuestra reivindicación no se trata de un capricho, sino de una demanda necesaria acorde al momento histórico que vivimos.