En 2015, durante la COP 21, el Acuerdo de París marcó un hito global en la lucha contra el cambio climático, estableciendo el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como paso fundamental hacia la descarbonización de la economía. Colombia, al igual que otros países, firmó el acuerdo con la meta de reducir sus emisiones en un 51% para 2030, con miras a alcanzar la carbono-neutralidad para finales de esa misma década. Este objetivo se alineó con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la ONU, que incluyen el acceso a energías limpias y no contaminantes, así como estrategias para fortalecer la resiliencia ante el cambio climático.
Colombia ha sido pionera en la transición energética en América Latina, desde la década de los 90, con iniciativas como el impulso al gas vehicular y la reconversión del carbón a gas natural en la generación de energía. La Ley 1715 de 2014, que promovió el uso de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), y la Ley 2099 de 2021, que amplió esos incentivos, abrieron el camino para un futuro más sostenible. Entre 2019 y 2021, las subastas de energías renovables adjudicaron 2.400 MW en capacidad eólica, posicionando a Colombia como un líder regional, ocupando el puesto 29 a nivel global y el 3º en América Latina en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM).
Sin embargo, con la llegada de la administración de Gustavo Petro, el panorama de la transición energética ha experimentado incertidumbre. Aunque el presidente ha declarado que la transición energética es uno de los pilares de su gobierno, sus discursos frecuentes en foros internacionales, como las COP, no han logrado transformar completamente ese compromiso en resultados concretos. En palabras de Petro, “la transición energética no solo es un imperativo ambiental, sino también una oportunidad para fortalecer la soberanía energética del país”, pero el desafío radica en garantizar que los avances en políticas y proyectos sigan el ritmo de las promesas. El proceso parece estar en espera, con dificultades para materializar proyectos y alcanzar las metas de sostenibilidad comprometidas.
