Una reciente legislación ofrece incentivos fiscales para las empresas que donen alimentos, marcando un avance significativo en la lucha contra el hambre y la desigualdad alimentaria en el país. La nueva ley, recientemente sancionada por el presidente, establece beneficios tributarios para fomentar la donación de alimentos a bancos de alimentos y otras organizaciones sin fines de lucro.
Cada año, Colombia pierde 9,7 millones de toneladas de alimentos, mientras que una proporción significativa de la población enfrenta inseguridad alimentaria. Este contexto ha llevado a la aprobación de la Ley 2380 de 2024, que promueve la reducción del desperdicio de alimentos mediante descuentos en el impuesto de renta para empresas que realicen donaciones.
La legisladora Saray Robayo, principal impulsora de esta ley, destacó que este marco legal proporciona una herramienta crucial para canalizar recursos que de otro modo se desperdiciarían, mejorando el acceso a alimentos para las comunidades vulnerables y avanzando hacia una sociedad más equitativa.
Entre los beneficios fiscales contemplados, la ley ofrece un descuento del 37% en el impuesto de renta sobre el valor de las donaciones realizadas a bancos de alimentos, iglesias y asociaciones sin ánimo de lucro. Además, los costos de transporte asociados a las donaciones también serán deducibles y las donaciones de productos de higiene estarán exentas del IVA, lo que añade un incentivo adicional para las empresas.
La nueva normativa también facilita la creación o colaboración con bancos de alimentos a nivel nacional y local, con el objetivo de reducir la pérdida y el desperdicio en todas las etapas de la cadena de suministro alimentario. Según la Fundación Ábaco, el 40% de los alimentos desperdiciados en Colombia provienen de la producción agropecuaria debido a problemas en la planificación de la oferta y demanda, mientras que el 16% se pierde en los hogares, a menudo por el vencimiento de productos no consumidos.
Este esfuerzo legislativo se suma a las estrategias existentes para mejorar la eficiencia en la gestión de alimentos y garantizar una distribución más equitativa a quienes más lo necesitan.
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