Durante la presentación del estudio “Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia (2010-2026)”, la Contraloría General de la República advirtió sobre los importantes desafíos que enfrenta el sector energético del país. El ente de control enfatizó que el país necesita una Política Integral de Seguridad Energética que establezca estrategias e indicadores para un seguimiento continuo. Esta política permitirá mantener a todos los actores del sector, incluidos los usuarios y el país en general, informados sobre el estado de seguridad en los distintos subsectores energéticos y cómo estos avances se integran con la transición energética.
Germán Castro Ferreira, Contralor Delegado para el Sector Minas y Energía, subrayó la fragilidad institucional derivada de la falta de una política coordinada entre las entidades estatales. Explicó que mientras algunas instituciones priorizan los aspectos ambientales sobre la seguridad energética, otras hacen lo contrario, creando una inestabilidad jurídica y tributaria. Ferreira también criticó el actual proceso de licenciamiento ambiental y las consultas previas, que se han convertido en un “cuello de botella” que retrasa la ejecución de proyectos esenciales para la seguridad energética.
El contralor delegado insistió en que la seguridad energética no debe ser subordinada a la transición energética, ya que ambos aspectos deben recibir la misma prioridad. Según Ferreira, abordar la seguridad energética con urgencia es crucial para asegurar un desarrollo estable de la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.
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