El XV Encuentro Cívico Iberoamericano (ECI) congregó a 28 representantes de Plataformas y Redes Nacionales y Regionales que representan a 2.600 organizaciones, plataformas y redes de la sociedad civil iberoamericana los días 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Este evento marcó un paso decisivo en la articulación de propuestas que serán presentadas en la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, consolidando la importancia de la sociedad civil en la construcción de políticas inclusivas para la región.
Durante la ceremonia inaugural, Humberto Salazar, representante de Fundación Esquel, de la Comisión Articuladora de los Encuentros Cívicos Iberoamericanos y de la Plataforma de Diálogos Nacionales, señaló que este espacio es una «gran oportunidad para Ecuador y la región», destacando la urgencia de abordar temas como la inseguridad, el cambio climático y la inclusión de los grupos más vulnerables. Salazar instó a los gobiernos a fortalecer la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. Martín Rivero, representante de la Secretaría General Iberoamericana, subrayó que este encuentro es la punta del iceberg de un esfuerzo extenso que le permite a la sociedad civil iberoamericana influir en temas cruciales. Además resaltó su capacidad para adaptarse y superar desafíos, garantizando la continuidad de estos espacios de diálogo y participación.
Por su parte, Maite Serrano, directora de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España y miembro de la Comisión Articuladora de los ECI, subrayó la necesidad de un «nuevo pacto social iberoamericano» que priorice a las personas y el planeta, recalcando que este pacto sólo será posible con una sociedad civil fuerte, activa y con mecanismos efectivos de participación.
En representación del gobierno ecuatoriano, la vicecanciller (subrogante) Elizabeth Moreano reafirmó el compromiso del país para impulsar el diálogo y la cooperación con la sociedad civil en beneficio de los ciudadanos, y anunció que la Declaratoria del Encuentro será posicionada en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Cuenca.
A lo largo del Encuentro, los participantes expresaron profunda preocupación por el aumento de las desigualdades en la región iberoamericana, especialmente en América Latina y el Caribe. Cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revelan que el crecimiento económico se ha desacelerado, la inversión está estancada y las tasas de empleo y ocupación han caído, mientras que la brecha de género sigue profundizándose. Según el organismo, «más de 180 millones de personas no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, y 70 millones no pueden adquirir una canasta básica de alimentos.»
Las y los participantes denunciaron que estas desigualdades afectan de manera desproporcionada a mujeres, personas de género diverso, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y otros grupos marginados. Además, subrayaron que la concentración de riqueza y los modelos económicos extractivistas son incompatibles con los derechos humanos, la protección de la naturaleza y el desarrollo sostenible.
En sus conclusiones, el Encuentro hizo un llamado a los gobiernos para fortalecer las democracias y reconocer el papel crucial de la sociedad civil en la creación de políticas inclusivas. También se alertó sobre el debilitamiento del espacio cívico, el aumento de la desinformación y la criminalización de defensores de derechos humanos. Asimismo, se destacó la necesidad urgente de cerrar la creciente brecha tecnológica y garantizar el acceso a la tecnología como un derecho fundamental en un mundo cada vez más digitalizado.
Finalmente, los representantes reafirmaron su compromiso con la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, pilares centrales de la Declaración, la cual insta a los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno a tomar acción urgente en estos temas:
- Defensa de los derechos humanos con la promoción activamente de la protección de los derechos humanos, combatiendo discursos regresivos provenientes de sectores gubernamentales, sociales y empresariales.
- Políticas públicas inclusivas con presupuestos adecuados que garanticen los derechos humanos, fomentando un crecimiento sostenible que valoriza la economía social, solidaria y popular, y reconoce los saberes de las comunidades.
- Reducción de desigualdades con políticas fiscales redistributivas con enfoque feminista, que incluyan mecanismos para reducir las desigualdades y controlar la evasión fiscal.
- Desigualdad de género: Abordar la cultura machista que perpetúa las desigualdades, garantizando la autonomía física, económica y de toma de decisiones de las mujeres, y reduciendo las brechas existentes (salarial, de educación, trabajo y participación política).
- Reconocimiento de las mujeres, valorando su aporte en la reproducción de la vida y la producción de riqueza, asegurando justicia en el acceso a bienes y servicios.
- Políticas de cuidados que promuevan la equidad en las tareas de cuidado, reduciendo la desigualdad entre hombres y mujeres.
- Políticas de sostenibilidad que incluyan justicia climática y tengan en cuenta el impacto desproporcionado del cambio climático en las poblaciones vulnerables.
- Educación ambiental en la agenda democrática, permitiendo que la ciudadanía participe informada en decisiones sobre el medio ambiente.
- Políticas para la transparencia y rendición de cuentas que permitan combatir la corrupción y promuevan la confianza en las instituciones democráticas mediante gobernanza digital.
- Participación ciudadana inclusiva en la toma de decisiones políticas y sociales, fortaleciendo la participación de grupos excluidos y garantizando mecanismos efectivos de democracia participativa.
- Diálogo permanente sociedad civil – gobierno para cocrear políticas públicas y soluciones a problemas sociales.
- Acceso a información confiable y veraz para todas las personas, para combatir la desinformación que afecta gravemente este derecho fundamental.
- Marco normativo para la sociedad civil que facilite la participación de organizaciones sociales, eliminando barreras burocráticas y fiscales que dificultan su funcionamiento.
- Protección de defensores de derechos, garantizando un entorno seguro y protegiéndolos contra hostigamiento, violencia y criminalización.
- Acceso a financiación nacional e internacional a proyectos de las organizaciones que contribuyen al desarrollo social y económico.
- Capacitación para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, mejorando su capacidad de cooperación con gobiernos y entidades regionales.
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