¿Qué son los Derechos Humanos y qué papel desempeñan en la sostenibilidad de un país como Colombia?
Los Derechos Humanos son aquellos atributos que tienen todos los seres humanos sin distinción de su religión, raza, nacionalidad, género, edad u opinión política. Estos atributos permiten a las personas desarrollarse de manera armónica dentro de la sociedad. Los Derechos Humanos, en otras palabras, constituyen una especie de acuerdo que hace la humanidad para crear una mejor convivencia entre nosotros mismos. Estos derechos esenciales al ser humano se caracterizan por ser universales, indivisibles e imprescriptibles. Los Estados deben garantizarlos y los ciudadanos y las ciudadanas deben respetarlos. Las sociedades se basan en las diferencias y debemos ser capaces de proteger las partes que las componen. La riqueza de la humanidad parte de la base de que ningún ser humano es igual a otro.
Nuestro enfoque en materia de Derechos Humanos y empresas se basa en generar impactos positivos en la vida de trabajadores y comunidades. Buscamos que las apuestas de las empresas estén dirigidas al desarrollo humano y bienestar general de las personas y el medioambiente. Estos objetivos hacen que podamos convivir juntos y vivamos de manera armónica y más saludable. Necesitamos compromisos con todos los actores pertinentes para promover este tipo de vida para Colombia. Para hacer esto, necesitamos definir consecuencias legales y sociales cuando los Derechos Humanos de las personas sean vulnerados. No basta con lo jurídico o lo penal: la sociedad en su conjunto debe condenar las violaciones a los Derechos Humanos.
¿Nos puedes explicar los principales objetivos del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas?
En 2013, el Gobierno Nacional avanzó en un proceso de diálogo con más de 15 mil personas en todo el territorio para construir una política en Derechos Humanos. En esta instancia, con la cooperación de los distintos sectores y actores que componen a la sociedad colombiana, el Gobierno Nacional identificó que había un interés en la relación de las empresas con los Derechos Humanos y también con los Derechos Económicos y Sociales promovidos por Naciones Unidas.
Con base a estos antecedentes, se empezaron a definir lineamientos políticos para configurar la relación entre el mundo empresarial y los Derechos Humanos. Esto llevó a procesos de construcción entre la institucionalidad y los sectores sociales que derivaron, en última instancia, a la definición de un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas, expedido por el Presidente en diciembre de 2015.
En términos simples, el Plan recoge un consenso universal en torno a la importancia de respetar y promover los principios rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para el sector empresarial. Al hacer esto, Colombia se convirtió en el primer país no europeo en poseer este tipo de plan. La iniciativa estuvo a la vanguardia durante todo el 2016 y hasta diciembre de 2017, cuando Chile creó su propio plan de empresas y Derechos Humanos. Ahora somos dos países no europeos que tienen un plan de dichas características, pero Colombia fue quien empezó a liderar el proceso en la región.
¿Cuáles son los principios rectores que consideran en su Plan?
Los principios rectores de Naciones Unidas son tres: 1) la responsabilidad de proteger de los Estados; 2) la obligación de respetar los Derechos Humanos por parte de actores tanto públicos como privados; y 3) remediar a quien se le causa daño y proveer acceso a mecanismos de justicia para aliviar vulneraciones de derechos.
Sin embargo, en el caso de nuestro Plan, nosotros hemos puesto énfasis en prevenir que las afectaciones a los Derechos Humanos sucedan. La mirada del Plan es de prevención de riesgos y vulneraciones a partir las mismas actividades del Estado, sus lineamientos de políticas públicas y las obligaciones de debida diligencia de las empresas frente a los riegos que pueden enfrentar comunidades asentadas en los lugares donde desarrollan sus negocios. Creemos que esta perspectiva prevencionista es un valor importante de nuestro Plan.
En el marco de esta estrategia de prevención, cabe destacar que si bien el Plan es de alcance nacional, su implementación se trabaja a nivel territorial. Varias autoridades locales han ido acogiendo nuestra propuesta de relación entre Derechos Humanos y empresas a través de sus respectivas políticas locales. También tenemos muchísimas empresas del sector minero, -energético, agroindustrial e infraestructura que han ido incorporando los lineamientos del Plan en sus procesos de gestión.
¿Cómo han ido implementando el Plan en este último tiempo y cuáles son los retos que ha enfrentado el Estado durante el proceso de implementación?
Los 3 pilares del Plan se implementan a través de 86 acciones atribuibles a varias entidades del Estado. Desde el Gobierno Central no podemos imponerles obligaciones a las empresas en las materias que aborda el Plan. Lo que hacemos es definir recomendaciones o sugerencias de carácter voluntario. Si bien a nivel mundial ya existe un consenso de que los privados también tienen obligaciones en Derechos Humanos, nosotros como Gobierno no podemos imponer medidas de tal tipo al mundo empresarial. Lo que nos deja satisfechos es que el sector empresarial ha ido acogiendo nuestras propuestas y recomendaciones en sus propios modelos de negocios, cadenas de valor y prácticas empresariales.
El Plan se diseñó para implementarse durante tres años. Actualmente, estamos en el tercer año, situación que nos ha llevado a recoger insumos para evaluar la implementación del Plan. Una vez realizada esta evaluación, edificaremos una nueva fase del Plan para los próximos cuatro años. Hemos aprendido mucho de experiencias internacionales que nos permitirán mejorar nuestros instrumentos. Asimismo, nos han invitado a hablar de nuestro programa en el exterior, el cual ha sido recibido con muy buena acogida. En estas instancias, también hemos recibido observaciones y recomendaciones que incorporaremos en la nueva fase del Plan. Por ejemplo, ampliaremos los procesos de participación en el diseño y la ejecución del Plan, y detallaremos de manera más acuciosa algunos de sus metas e indicadores asociados. Ajustaremos debidamente estos aspectos para que el Plan está actualizado y fortalecido.
Cabe destacar que tenemos dos herramientas para la gobernanza del Plan. Una de ellas es un Grupo de Trabajo compuesto por 22 entidades del Gobierno Central. La segunda herramienta es una Comisión Asesora integrada por actores de sectores empresariales, gremiales, sindicales, universitarios, étnicos y de la sociedad civil en general. Esta Comisión ayuda a evaluar la implementación del Plan a través de procesos de retroalimentación. Ambos instrumentos de gobernanza son de suma relevancia porque el Plan no es ejecutado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, sino que por los actores que la protagonizan. La Consejería define lineamientos y articula esfuerzos, pero la implementación queda en manos de las empresas, las instituciones y sus comunidades.
Nuestro primer informe de evaluación fue entregado en marzo de 2017, en él resaltamos la conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional y la Comisión Asesora, órganos de gobernanza del Plan, los cuales permiten articular acciones y esfuerzos para avanzar en la implementación del mismo. Así mismo, establecimos la importancia de las iniciativas multi-actor en la contribución de una cultura empresarial responsable a partir de la debida diligencia en Derechos Humanos, así como, la consolidación del Punto Nacional de Contacto de las líneas directrices de la OCDE, frente a la garantía del remedio no judicial frente a empresas multinacionales.
Estamos a puertas de sacar nuestro segundo informe de evaluación de las medidas del Plan, en este presentamos importantes avances como la suscripción de la Política de derechos humanos del sector minero energético; la expedición de la Guía de Compras Públicas Socialmente Responsables; la directriz del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la que se establece el más alto compromiso con la garantía de los derechos humanos en las empresas con participación mayoritaria del Estado; la formulación de los lineamientos en derechos humanos y empresas de la Alcaldía de Cali, la conformación del Grupo de Trabajo de carbón y derechos humanos y su compromiso con la defensa de la labor de los líderes y defensores de derechos humanos en Cesar y La Guajira; y el documento de recomendaciones para la consolidación de un sistema integral de remedio no-judicial en empresas y derechos humanos.
A nivel general, el 80% de las líneas de acción del Plan han sido ejecutadas, lo cual es promisorio. Sin embargo, aún hay desafíos en materia de apropiación del Plan en cada uno de los territorios y acceso a la justicia en Derechos Humanos frente a casos de vulneración. En esta última materia, tenemos un diagnóstico sobre cuáles son las mejores herramientas para garantizar un acceso eficaz a la justicia. Una de las medidas que queremos impulsar es la creación de mecanismos no judiciales más eficaces, expeditos y asequibles. El mundo entero está en un proceso de debate sobre cuáles son los mecanismos más apropiados para reparar vulneraciones a los Derechos Humanos. Nosotros no nos hemos quedado fuera de esta discusión.
Por último, otro de los desafíos es ampliar el número de empresas y ciudadanos participantes en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas. Esta política es un patrimonio de los colombianos y las colombianas. Creemos que es una buena práctica de política pública que está al servicio del desarrollo sostenible del país y su gente.
¿Qué medidas han adoptado para difundir el Plan en el mundo empresarial?
Hemos priorizado los procesos de difusión del Plan en tres sectores empresariales, el minero-energético, el agroindustrial y el de infraestructura. El primero de ellos es el sector minero y energético. Al respecto, hemos puesto especial énfasis en generar alianzas estratégicas sobre Derechos Humanos con empresas del sector carbonífero. Varios años antes habíamos iniciado conversaciones con otros actores mineros y energéticos sobre cooperación público-privada en materia de Derechos Humanos. Estos diálogos se desarrollaron en el marco del Comité Minero-Energético, espacio institucional que existe desde hace tiempo -inclusive antes de la promulgación del Plan Nacional de Acción.
El tema de los Derechos Humanos para el sector minero y energético es importante porque se relaciona con la seguridad que requieren sus promotores para operar. Para nosotros es fundamental que las empresas mineras y energéticas debatan y definan cursos de acción para balancear criterios de seguridad con respeto de los Derechos Humanos. Ya tenemos dos iniciativas multi-actor para abordar esta situación. Una de ellas es Guías Colombia, la cual empezó hace más de 10 años con el apoyo de Suiza. En su momento se llegaron a expedir 10 guías con pautas y recomendaciones sobre cómo garantizar los Derechos Humanos en las cadenas de valor y de suministro de las empresas; cómo trabajar el impacto territorial de las empresas en Derechos Humanos; cómo prevenir violaciones en Derechos Humanos, entre otras materias.
Otra iniciativa tiene que ver con la vinculación del Plan con los territorios. Por ejemplo, tenemos buenas experiencias de trabajo local en Arauca. En este departamento hay un programa que se llama “Arauca al Futuro”, el cual cuenta con la colaboración de la Gobernación y la Cámara de Comercio de Arauca. Por otra parte, junto con la cooperación de Estados Unidos, trabajamos en implementar el Plan en cuatro municipios del sur de Córdoba. En cada una de estas partes vemos temas de reconciliación y promoción de Defensores de los Derechos Humanos. La Alcaldía de Cali, por su parte, implementará una política de Empresa y Derechos Humanos en su propio territorio.
En resumen, la difusión del Plan se ha realizado desde la institucionalidad o desde el relacionamiento con las empresas y las comunidades. La idea es que cada uno de ellos cuente con instrumentos que les permitan hacer balances, rendir cuentas y medir el impacto real de su gestión en pro de la transparencia. Las empresas han encontrado oportunidades en la adopción y seguimiento de este Plan para relacionarse de manera adecuada con las comunidades. Al mismo tiempo, las empresas también han mejorado su prospectiva en competitividad y reputación al formar parte del Plan. De esta manera, las empresas que contribuyen a la implementación de este programa han permitido multiplicar la atención del medio empresarial en temas de Derechos Humanos.
¿Cuáles son las expectativas que tienen en los próximos cuatro años? ¿Expandirán el Plan a otros sectores del mundo privado o seguirán trabajando con los mismos?
Haremos ambas cosas. Como mencioné anteriormente, en el sector minero y energético ya hemos hecho una labor importante y continuaremos haciendo seguimiento a sus políticas y prácticas en Derechos Humanos. El Ministerio de Minas y Energía tiene la intención de dejar lista la política sectorial de Empresas y Derechos Humanos como un lineamiento estratégico de relación público-privada. Esto es sumamente importante para sectores como el carbonífero, que si bien será probablemente reemplazado en el futuro por su vínculo con el cambio climático, mientras tanto debemos preocuparnos por hacer las cosas bien con los trabajadores y las comunidades. Hay prácticas positivas que serán institucionalizadas por la política que lanzará el Ministerio de Minas y Energía. Esto es un paso importante de nuestro Plan en materia de promoción de los Derechos Humanos en los sectores productivos a nivel público y privado.
Por otra parte, continuaremos trabajando con el sector agroindustrial, particularmente con Fedepalma y Fedecacao, con quienes ya hemos dialogado y desarrollado estrategias a favor de la protección de la niñez. UNICEF ha sido un colaborador clave al respecto. En los escenarios recientes de acuerdos de paz, el sector agroindustrial será priorizado con mayor énfasis en la segunda fase del Plan debido a su vínculo con comunidades vulnerables y en situación de post-conflicto.
En relación a los otros sectores que queremos incluir, hace poco estuvimos en un acto muy importante de una empresa de seguridad y vigilancia que ha desarrollado buenas prácticas muy interesantes en materia de Derechos Humanos. El Superintendente de Seguridad y Vigilancia, que estaba presente en este evento, tiene el interés de continuar trabajando los asuntos de Derechos Humanos en el ámbito de sus competencias.
También pretendemos expandir el Plan al sector alimenticio y flores. Algunas empresas de estos sectores se nos han acercado con buenas prácticas que podrían ser articuladas por el Plan y ser emuladas por otros actores que participan del programa. Esperamos incorporar nuevos actores durante la segunda fase del Plan de manera progresiva.
Por otra parte, también pretendemos prestar asesoría y asistencia a otros gobiernos de la región que están interesados en crear su propio Plan de Acción en Derechos Humanos y Empresas. Guatemala, México y Perú son algunos de los países que quieren saber más sobre nuestra experiencia y contar con nuestra cooperación. Trabajar con estos países también nos permitirá aprender de sus propias experiencias en gestión de situaciones post-conflicto. Colombia puede convertirse en un líder regional en buenas prácticas en Derechos Humanos y Empresas.
¿Qué tan importante es concientizar a la sociedad colombiana sobre la importancia de la responsabilidad social y la sostenibilidad?
A veces se ha creído que la responsabilidad social y la sostenibilidad son aspectos voluntarios de las empresas. Algunas de ellas no han valorado que, al hacer uso de recursos naturales que son escasos, generan un impacto en la vida de las comunidades y el medioambiente. En principio, los impactos nunca deberían ser negativos, pero a veces lo son. En este sentido, lo que hay que hacer es reducir el impacto negativo lo más que se pueda. Las comunidades no deben sufrir con las actividades de las empresas.
La cadena de actividades de las empresas está formada por comunidades que se pueden ver afectadas. Hay que potenciar las capacidades de las empresas para generar bienestar, superar inequidades, mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al proceso de reconciliación nacional. Las empresas son agentes de transformación que pueden promover diálogo e innovación en conjunto con sus grupos de interés. Obviamente hay casos que no cumplen con estos criterios porque las empresas no creen en ellos o no saben cómo implementarlos. Sin embargo, hemos visto casos de empresas que cuando se abren a la responsabilidad social y sostenibilidad, sus marcas y productos se hacen más competitivos. Estos temas no deben ser vistos por las empresas sólo como una “salida” o una forma de pagar “deudas sociales”, sino que son oportunidades para generar valor y riqueza en las comunidades.
En este sentido, los Derechos Humanos sirven para que las actividades de las empresas no generen daños y ayuden a prevenir riesgos en los territorios donde realizan sus operaciones. La actividad empresarial es difícil. Pocos países han vivido los conflictos y guerras internas que nosotros hemos tenido. Ahora estamos en un escenario donde podemos avanzar hacia la paz e impactar positivamente a las comunidades. La conciencia que se ha ido generando en el último tiempo en torno a estos objetivos se ha ido consolidando gracias a la labor de algunas empresas que han liderado con el ejemplo el respeto de los Derechos Humanos. Ya hay empresas que, por temas de competencia de mercado, se quieren sumar a nuestro Plan y objetivos para ser competitivos. Vemos muchas oportunidades a desarrollar a futuro y el Plan ofrece espacios para encontrarnos y aprender colectivamente.
¿Qué tan importante es para ustedes comunicar las buenas prácticas de las organizaciones tanto a nivel interno como externo?
Muy importante. Pasan muchas más cosas sobre Derechos Humanos de las que sabemos. Existen varias iniciativas positivas de empresas que aún no conocemos. Casi siempre se tiende a comunicar lo negativo. La información que consumimos es sobre lo que no tenemos o lo que hacemos mal. La estigmatización que existe sobre ciertos actores, como por ejemplo los empresariales, se debe a que no se comunica lo positivo con debida frecuencia. Entonces, la comunicación es la clave del éxito y de una buena gestión empresarial.
Tener testimonios de comunidades que se han visto impactadas positivamente por buenas prácticas empresariales es fundamental para generar valor público. Por ejemplo, empresas que empiezan a incorporar los temas de género en sus procesos se consideran más productivos y más llamativas para los consumidores. Hay muchos instrumentos nacionales e internacionales que miden este tipo de impactos. Sin embargo, creo que lo más importante es comunicar experiencias de gerentes, directivos, sindicatos y comunidades que den testimonio de los compromisos de las empresas con los Derechos Humanos.
