Los desafíos ambientales que está experimentando el planeta no son ajenos a las empresas, ni a cualquier otro tipo de organización, pública o privada. Son evidentes, cada vez más, los impactos causados por el uso incremental de recursos naturales, así como las prácticas de producción y consumo no sostenibles. Según el Global Risk Report 2015 del World Economic Forum, tres de los diez principales riesgos mundiales en términos de su impacto son ambientales: la crisis del agua en primer lugar, en quinto lugar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y el colapso de ecosistemas en décimo lugar.
Sabemos que toda actividad humana genera impactos por mínimos que éstos sean, con mayor razón cuando hablamos de procesos productivos y comerciales que superan no sólo los límites geográficos, sino también la capacidad de regeneración de los ecosistemas, algunos de ellos frágiles y únicos en el planeta. Sin embargo, también es cierto que dependemos de los ecosistemas para proveernos de bienes y servicios ambientales, y en esa medida necesitamos que éstos se mantengan saludables y cuenten con la capacidad de regenerarse a una tasa mayor que la de extracción.
¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo cambiaría nuestra vida si tan solo prescindiéramos de uno de los recursos más preciados, como lo es el agua? Quizá no. Sin embargo, hoy por hoy podríamos hacerles esa misma pregunta a ciudadanos, de California en los Estados Unidos y de Sao Paulo,en Brasil, dos localidades geográficamente distantes, que están enfrentando la peor crisis hídrica de su historia reciente.
Si el ciudadano común tiene una restricción importante en su acceso a un derecho humano, como lo es el agua, ¿cómo impactaría esta crisis en el sector empresarial? Se prevé en Sao Paulo que las empresas agrícolas, y la industria en general, tengan pérdidas millonarias. Algo similar sucederá en California. También se prevé la aparición y escalamiento de conflictos sociales por la prioridad en el uso de este recurso y una serie de riesgos para las empresas, no solo financieros, sino también reputacionales, de mercado y regulatorios.
Ya en 2013 el Global Compact en su reporte Sostenibilidad Corporativa y la Agenda Post-2015 de Naciones Unidas, señaló que a nivel mundial, la capacidad de mantener el suministro adecuado para la agricultura, la industria y las ciudades y los asentamientos humanos está en peligro, junto con la vida natural que habita en arroyos, ríos, humedales y lagos. Es claro que existe un problema de fondo relacionado con la calidad de las políticas públicas y su incapacidad de resolver los problemas actuales y los que se visualizan a futuro.
Se necesitan políticas públicas que incentiven el cambio en los hábitos de uso y consumo de agua. En el sector privado, las políticas empresariales tampoco han sido efectivas para contribuir a la reducción del impacto de sus operaciones y prácticas sobre los recursos naturales, y en particular sobre el agua.
El momento es propicio para recordar a Stephan Schmidheiny quien señaló hace varios años que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas, y es justo un asunto de éxito o fracaso para nuestra sociedad actual el que podamos compatibilizar también desde la empresa, de una forma real y efectiva, los postulados del desarrollo sostenible. En este contexto, la Sostenibilidad de las operaciones empresariales ya no estará relacionada con el cumplimiento de la ley, sino con la forma como gestiona sus relaciones e impactos ambientales y las demandas sociales, que se mantendrán en continua evolución.
Así, el rol del sector empresarial debe orientarse a fomentar innovación y desarrollo de nuevas tecnologías que le permita ser eficiente en el uso de recursos y en la minimización de desechos en los procesos productivos, también en educar desde una perspectiva ética al consumidor y el fomentar alianzas con el Estado orientadas al desarrollo de políticas e incentivos de largo plazo que mejoren la productividad y eficiencia en el uso de recursos.
