El Acuerdo de París adoptado en la COP21 de 2015[1] introdujo oficialmente la “transición justa” como un pilar fundamental en los esfuerzos globales de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2050. En su preámbulo se enfatiza el “imperativo” de que esta transición sea justa para las personas trabajadoras y cree empleo de calidad y decente.
Finalmente, en la COP28 celebrada en Dubai hace tan sólo dos semanas, se aprobó el primer programa de trabajo[2] centrado en trazar trayectorias de transición justa que además incluye otros elementos clave socioeconómicos, como la promoción del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
Asistí a la COP28 con el objetivo de poner la atención en uno de los actores que puede jugar un papel fundamental en impulsar una transición justa: las pymes. Un mes antes, lanzábamos en España junto a 19 organizaciones el Pacto Activando PYMES x CLIMA y RESILIENCIA que busca crear una red de apoyo a las pymes en su descarbonización.[3]
En España, estas empresas contribuyen a un 61,5% del valor añadido bruto,[4] generan un 62,89% del empleo y suponen un 99,9% del tejido empresarial (un total de 2.926.955 empresas).[5] A nivel global, son el 90% de las empresas y el 50% del empleo.[6] Se estima además que un 50% de las emisiones de GEI de España provienen de las actividades de estas empresas.
Movilizar la descarbonización de las PyMEs es por tanto fundamental no sólo para lograr los objetivos climáticos del Acuerdo de París, sino también para asegurar que la economía real aprovecha las oportunidades que brinda esta transformación. Así lo establece la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en una de sus guías sobre transición justa,[7] donde recomienda a los gobiernos apoyar a las pymes a ser más ecológicas para así derivar esos beneficios hacia las personas trabajadoras y asegurar que la transición sea equitativa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás.
En estas líneas, la OIT ha estado activa durante las negociaciones de la COP28 para que el programa de transición justa enmarque a las pymes como un componente fundamental. El We Mean Business Coalition[8] presentó esta misma petición.
Las pymes no cuentan con los mismos recursos que las grandes empresas para acelerar su transición de forma estructurada y en línea con los tiempos marcados por el Acuerdo de París. Un informe que lanzamos desde Climate Strategy en la COP27[9] (basado en una encuesta con más de 300 pymes españolas) muestra que un 48% de ellas se enfrenta a una barrera financiera significativa y que un 43% desconoce cómo diseñar un plan de acción climática. Esto explica por qué un 58% todavía no ha siquiera calculado su huella de carbono.
Las pymes españolas parten de una situación económica difícil tras el Covid-19, la crisis energética y la inflación que limita sus capacidades de inversión. En 2022, encontramos que un 78% de pymes españolas había sufrido los impactos del alto precio del gas fósil. En 2023, un 37% de pymes ha sufrido un deterioro económico o se ha encontrado en situación vulnerable.[10] Al mismo tiempo, las pymes se enfrentan a riesgos climáticos significativos para su actividad.
Una investigación del World Economic Forum muestra que el cambio climático y las catástrofes naturales afectan al 70% de los sectores económicos y que los riesgos medioambientales son los más significativos en términos de su probabilidad y severidad.[11] A esto hay que añadirle una presión creciente por parte de las nuevas normativas sobre sostenibilidad y las demandas de los grandes clientes que buscan productos y servicios más ecológicos.
El Pacto que hemos impulsado en España busca revertir esta situación utilizando la descarbonización como una herramienta para reforzar la competitividad y resiliencia de las pymes. Cuenta como signatarios con 19 plataformas empresariales, organizaciones profesionales, sindicales y de la sociedad civil que en 2024 movilizarán más de 140 actuaciones que pueden tocar a más de 28.000 pymes.
En los últimos dos años, hemos recopilado 18 ejemplos de pymes innovadoras[12] que muestran que esta transformación no es sólo realista sino también beneficiosa económicamente para la empresa y sus personas trabajadoras, contribuyendo además a un desarrollo local inclusivo en su comunidad.
Como reflejo de la importancia que están ganando estas empresas en la transición ecológica, en la COP28 presenté el Pacto en el primer día oficial de la pyme de la Cámara de Comercio Internacional. Allí compartí también nuestro último informe[13] que analiza cómo la red de entidades formada a raíz del Pacto puede amplificar su alcance e impacto involucrando cada vez más a grandes empresas, bancos, asociaciones de economistas y proveedores tecnológicos.
Todo esto bajo el brazo facilitador del gobierno, que resultará clave para dotar a la red de suficientes recursos y coordinación. Así, estamos construyendo una palanca de impulso a la transición justa que además puede servir de modelo para otros países que buscan aunar la descarbonización con un desarrollo sostenible e inclusivo. Poniendo a las pymes en el centro de la ecuación, estamos también poniendo en el centro el futuro de la mitad de la población global.
