El 26 de febrero de 2025, la Comisión Europea presentó el texto definitivo de la Ley Ómnibus de Simplificación, una propuesta legislativa que marca un antes y un después en la regulación de la sostenibilidad y la competitividad empresarial en la Unión Europea. Esta iniciativa tiene como objetivo aliviar las cargas administrativas sobre las empresas, simplificando las normativas existentes y favoreciendo un entorno empresarial más eficiente y propenso al crecimiento. La Comisión Europea se compromete a hacer que la transición hacia una economía más sostenible sea más accesible y rentable para las empresas, y al mismo tiempo, impulsar su competitividad dentro de la Unión Europea.
Contexto y metas de la Ley Ómnibus
La Ley Ómnibus de Simplificación surge en un contexto en el que la Comisión Europea, bajo la dirección de Ursula von der Leyen, busca lograr un balance entre la competitividad de las empresas europeas y su transición hacia un modelo económico más sostenible. A través de esta legislación, se pretende reducir la burocracia que lastra a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas (PYMEs), que a menudo se ven abrumadas por un conjunto de normativas complejas y costosas. Según la Comisión, la simplificación de los marcos regulatorios es esencial para crear un entorno más favorable para la inversión y la innovación.
La Ley Ómnibus, de manera específica, se enfoca en los ámbitos de la sostenibilidad y la inversión, con propuestas clave que afectan directamente a la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés), la Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, en inglés). Estas modificaciones buscan no solo facilitar la implementación de los requisitos, sino también reducir los costos y la complejidad para las empresas, creando un sistema de sostenibilidad que sea más práctico y accesible.
Impacto en la Sostenibilidad y las empresas
Uno de los objetivos clave de la Ley Ómnibus es simplificar la normativa sobre sostenibilidad, particularmente la recopilación de datos e informes sobre sostenibilidad. En la propuesta, la Comisión Europea se compromete a revisar y reducir significativamente los puntos de datos que las empresas deben reportar, lo que facilitará la adopción de las normativas sin que estas representen una carga excesiva. De este modo, las empresas podrán cumplir con los objetivos sostenibles sin enfrentarse a complicadas demandas de informes. Además, se introducirá un umbral de materialidad que permitirá a las empresas que no tengan más del 10% de sus actividades alineadas con la Taxonomía Europea no tener que reportar sobre esta alineación, lo que reducirá las cargas sobre las pequeñas empresas.
La simplificación de la normativa también afecta a la Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). La Comisión ha propuesto relajar algunas de las obligaciones para las grandes empresas, como la reducción de la frecuencia de las evaluaciones de impacto y la limitación de la información que pueden solicitar a las PYMEs dentro de sus cadenas de suministro. Esto aliviará las cargas para las pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles participar en las cadenas de suministro sin verse abrumadas por solicitudes de datos innecesarios.
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), diseñado para gravar las importaciones de productos con alta huella de carbono, también experimentará modificaciones clave. La Ley Ómnibus propone exenciones para pequeños importadores que importen cantidades reducidas de productos, lo que evitará que una gran parte de los importadores se vean obligados a cumplir con las complejas regulaciones de CBAM. Al mismo tiempo, el mecanismo sigue siendo eficaz para cumplir con los objetivos climáticos de la UE, cubriendo más del 99% de las emisiones de los productos importados.
Una de las propuestas más importantes de la Ley Ómnibus es la protección de las pequeñas y medianas empresas de las solicitudes excesivas de información sobre sostenibilidad. Según la Comisión, muchas PYMEs se ven afectadas indirectamente por las regulaciones de sostenibilidad debido a que las grandes empresas, que están sujetas a la CSRD y la CSDDD, requieren que sus proveedores más pequeños proporcionen datos de sostenibilidad. La Ley Ómnibus introduce un «techo de cadena de valor», limitando la información que las empresas grandes pueden solicitar a las PYMEs dentro de sus cadenas de suministro, permitiendo a las pequeñas empresas operar sin una carga administrativa excesiva.
Además, las pequeñas empresas fuera del alcance de la CSRD tendrán la opción de reportar de manera voluntaria utilizando un estándar simplificado que la Comisión adoptará, lo que les permitirá seguir alineándose con las tendencias sostenibles sin tener que afrontar las complejidades de los informes obligatorios. Esto facilitará la participación de las PYMEs en el mercado europeo de manera sostenible, a la vez que reduce la carga de cumplimiento.
Beneficios o riesgos
Según las estimaciones de la Comisión Europea, las medidas propuestas por la Ley Ómnibus generarán ahorros significativos para las empresas, con una reducción en los costos administrativos de aproximadamente 6.300 millones de euros anuales. Esta reducción de costos no solo beneficiará a las empresas al permitirles operar de manera más eficiente, sino que también movilizará unos 50.000 millones de euros en inversiones adicionales, impulsando sectores clave como las tecnologías limpias y la infraestructura sostenible.
Además, las modificaciones a la regulación de InvestEU facilitarán el acceso de las empresas, especialmente las pequeñas, a los fondos de inversión de la UE. La simplificación de los procedimientos de inversión permitirá desbloquear recursos adicionales, lo que fortalecerá la capacidad de innovación y crecimiento en sectores cruciales para la economía sostenible de la UE.
Sin embargo, existen preocupaciones sobre los posibles riesgos que la Ley Ómnibus podría generar en materia de sostenibilidad. La reducción de cargas administrativas y la flexibilización de normativas podrían debilitar estándares ambientales y sociales, permitiendo que algunas empresas eviten compromisos adquiridos en transición ecológica y responsabilidad social. También se teme que, en aras de la competitividad, la revisión de normativas pueda significar un retroceso en regulaciones que han impulsado la sostenibilidad empresarial, lo que afectaría los avances logrados en sectores clave.
La propuesta de la Ley Ómnibus de Simplificación presentada por la Comisión Europea es un paso crucial hacia la creación de un entorno más favorable para las empresas en la Unión Europea. No obstante, es fundamental garantizar que la simplificación normativa no implique una menor exigencia en criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), evitando que el marco regulador pierda su capacidad de impulsar el desarrollo sostenible. Con la simplificación de las normativas de sostenibilidad y la introducción de medidas que protegen a las PYMEs de cargas excesivas, esta reforma no solo facilita la transición hacia una economía sostenible, sino que también mejora la competitividad empresarial. A medida que se implementen estos cambios, se espera que la UE se convierta en un líder global en sostenibilidad y competitividad, siempre y cuando las nuevas normativas no comprometan los avances ya alcanzados en materia de sostenibilidad corporativa.
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