El gobierno corporativo permite introducir contrapesos en la administración de una empresa, destinados, en primer lugar, a clarificar y definir las responsabilidades en la administración societaria y, en segundo lugar, a que los accionistas asuman su papel, responsabilidad y ejerzan sus derechos como verdaderos dueños de la empresa.
En el contexto analizado, existe entonces una diferencia sustancial entre Responsabilidad Social y gobierno corporativo, pues mientras que los destinatarios principales de la RSE son sus grupos de interés, de orden externo (denominados stakeholders), en gobierno corporativo los destinatarios principales son sus accionistas, directores y los proveedores de financiación, es decir, de orden interno.
Pero existe una lealtad recíproca entre los dos conceptos, ya que si bien es cierto que los principales interesados (y beneficiados) de que una compañía tenga un buen gobierno corporativo son fundamentalmente sus accionistas y sus proveedores de financiación, indirectamente también se benefician el conjunto de stakeholders relacionados con la compañía. Por su parte, si bien es cierto que la RSE se dirige de forma fundamental a los stakeholders, obviamente los accionistas y los proveedores de financiación se ven favorecidos por el hecho de que la empresa desarrolle una sólida actuación en materia de Responsabilidad Social.
La amalgama de estas dos dimensiones, interna y externa, del comportamiento de la empresa, permiten dimensionar el concepto amplio de Responsabilidad Corporativa (RC). La RC es un concepto integrador que aglutina la actuación de la empresa con respecto a sus accionistas, proveedores de financiación y grupos de interés. Por tanto, es un concepto amplio que engloba al gobierno corporativo y a la RSE, dando sentido a la actuación general de la empresa en estas dos materias. Gráficamente el concepto de RC se podría representar como sigue: Si bien en sus orígenes el gobierno corporativo estuvo orientado a establecer principios de transparencia y formalidad en las sociedades que se financian a través de los mercados de capital, lo cierto es que en la hora actual se ha convertido en un imperativo para toda clase de sociedades o unidades económicas, particularmente las pymes y, entre ellas, las que evidencian componentes o intereses familiares intensos, pues tienen en el gobierno corporativo una herramienta idónea que les permite afrontar en mejores condiciones el relevo generacional y los conflictos de interés. Así, el gobierno de una sociedad es básicamente el conjunto de reglas de convivencia que regulan las relaciones entre propietarios, administradores y grupos de interés.
En las sociedades de gran tamaño, propiedad, administración, gestión y otros grupos de interés están normalmente representados por diferentes personas. En estos casos, la función del gobierno corporativo es evitar la dilución de responsabilidad de los administradores y garantizar que éstos actúen de manera congruente con los intereses de los accionistas. Sin embargo, en las pymes ocurre lo contrario, los problemas de gobierno surgen porque la función de propiedad y administración son usualmente responsabilidad de las mismas personas y en el camino se confunden los roles debilitando una o ambas funciones. El gobierno corporativo le recuerda al pequeño y mediano empresario que, ajustándose a su propia realidad empresarial, debe utilizar diferentes sombreros a la hora de tomar decisiones relativas a la compañía.
El gobierno de una sociedad establece cuáles son los deberes y derechos de cada uno de los participantes de la empresa, y los mecanismos para administrar conflictos de interés que siempre se presentarán especialmente en el entorno de las empresas familiares.