Ana Sainz, directora general de la Fundación SERES, asegura que la materialidad es ahora más que nunca un elemento clave para poder elaborar el informe no financiero, de acuerdo a la nueva Ley de Información No Financiera y Diversidad. Para ello, recomienda la identificación de las áreas más relevantes y de los riesgos, de manera que se consoliden indicadores estratégicos que aporten transparencia y confianza.
¿Cuáles son los aspectos que consideras más interesantes y relevantes de la nueva Ley de Información no Financiera?
La nueva ley es un estímulo a una mayor transparencia y aporte de información de valor. En un contexto en el que cada día es más importante la transparencia, también los Consejos tienen que evolucionar hacia modelos de relación con sus stakeholders con el fin de favorecer la rendinción cuentas, mejorar su funcionamiento y contribuir a la sostenibilidad de las compañías. En esta línea los reglamentos y leyes apoyan e impulsan el cambio. No debemos olvidarnos que el verdadero avance es transformar las compañías buscando la generación de valor social y empresarial.
¿Cuáles son sus principales beneficios, minusvalías y barreras para que las apliquen las empresas españolas?
Con el nuevo texto, llegan algunos cambios en el qué, cómo, quién y cuándo. Nos encontramos con que son más las empresas que deben reportar (quién), hay más indicadores (qué), el Consejo tiene un papel clave y la información debe ir auditada (cómo). Así mismo, todos tenemos un plazo de referencia en función del cierre de las cuentas financieras (cuándo); por lo tanto hay una visión global de la medición y se pone de manifiesto la importancia de los intangibles en las organizaciones.
En esta línea, observamos que las empresas que cuentan con una RSE integrada en su estrategia de negocio tendrán identificados de manera más clara los indicadores, que se incorporarán al informe de reporting no financiero. Será sin duda una ventaja competitiva para las empresas responsables.
¿En qué medida consideras que puede ayudar a impulsar la Responsabilidad Social en nuestro país?
Es una buena noticia para todos, comprobar que las empresas robustas desde un punto de vista social lo son también desde el punto de vista financiero. En este sentido, el nuevo texto reclama el peso de lo extra-financiero y de indicadores más estratégicos que garanticen también la transparencia. Hay una demanda de más altura de miras. Finalmente, la propuesta de valor de las compañías no es la misma que hace años. Las organizaciones se diferencian fundamentalmente por la conexión que establecen con la sociedad y cuáles son sus valores únicos. Sin duda, el nuevo marco legal va a facilitar que la RSE tome más peso en las compañías españolas.
¿Cuál es la situación actual, en tu opinión, del reporting en nuestro país y cuáles son sus principales retos de futuro?
Creo que las empresas españolas podemos estar orgullosas de lo que estamos haciendo, pero sin duda queda aún mucho camino por recorrer y no podemos ser excesivamente autocomplacientes. De acuerdo a datos de nuestro último informe de contribución agregada que elaboramos junto con Deloitte indican que la inversión en RSE ha alcanzado los 846 millones de euros (supone un incremento superior al 10% con respecto al año anterior) y ha favorecido a 32,7 millones de personas, de las cuales, más de 24 millones son beneficiarios directos, un 32% más que en el ejercicio anterior.
En cuanto al reporting concreto, queda el reto de establecer una base para gestionar mejor y tomar decisiones que ayuden a la compañía a transformarse y tener mayor impacto social. Por lo tanto, la idea es que esto nos ayude a pasar a la acción.
¿Qué recomendaciones o claves podrías compartir para que las empresas puedan cumplir con la nueva normativa?
El nuevo texto establece que el estado de información no financiera consolidado incluirá información significativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, al respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, así como el impacto social de la organización.
La identificación adecuada de las áreas relevantes o de riesgo es esencial para tener claros los indicadores que se reportarán, así como para dar respuesta a los nuevos requisitos legales. Si pensamos en la realización del análisis de materialidad es importante considerar:
- El modelo de negocio, la estrategia y los principales riesgos: los objetivos, las estrategias, los enfoques de gestión y sistemas, los valores, los activos tangibles e intangibles, la cadena de valor y los principales riesgos.
- Asuntos sectoriales: asuntos identificados por competidores, clientes o proveedores.
- Intereses y expectativas de los grupos de interés relevantes.
- El impacto de las actividades: las compañías deben valorar la gravedad y frecuencia de los impactos de sus productos, servicios y relaciones de negocios (incluyendo cadena de suministro).
- Drivers regulatorios y de política pública.
