Jerusalem Hernández Velasco, directora de Governance, Risk and Compliance en KPMG analiza la nueva Ley de Información No Financiera y Diversidad de la que destaca la amplitud de la norma que incluye a empresas de más de 500 colaboradores, el alcance de la información a reportar y la obligación de la verificación de un tercero independiente que le reviste de fiabilidad a los datos reportados. Hernández Velasco recomienda que, ante las exigencias de la nueva ley, hay que engranar un sistema en el que las responsabilidades estén bien asignadas y existan políticas y procedimientos asociados al proceso de reporte.
¿Cuáles son los aspectos que consideras más interesantes y relevantes de la nueva Ley de Información no Financiera?
La nueva Ley 11/2018 es una de las trasposiciones más exigentes de la Directiva Europea de información no financiera. Lo más interesante es el peso que este texto otorga a la fiabilidad de la información, un aspecto muy relevante y necesario si se espera que esta información sirva de verdad para la toma de decisiones sobre las compañías que reportan. Cada una de las novedades de esta Ley resulta interesante:
1. La amplitud del alcance de la norma, que ya no se circunscribe a las entidades de interés público (PIE), sino que obliga a todas las empresas de más de 500 empleados que puedan ser consideradas empresas grandes.
2. El nivel de concreción exigido respecto a la información que hay que reportar. La ley no se limita a mencionar los ámbitos de forma genérica o sugerida, sino que detalla el alcance del contenido esperado en cada uno de esos ámbitos: brecha salarial, beneficios obtenidos país por país e impuestos pagados, impacto sobre el empleo y en el desarrollo del entorno, canales de diálogo con los grupos de interés, subvenciones recibidas, etc. Son algunos ejemplos del detalle solicitado.
3. La verificación independiente obligatoria. Este será el verdadero garante de la fiabilidad de la información, pues las compañías habrán de responder por los datos aportados ante un verificador experto independiente. Esto hará también que los administradores, responsables de la veracidad de los datos reportados, firmen con mayor confianza el estado de información no financiera. Igualmente, dará seguridad a aquellos stakeholders que acudan a consultar la información no financiera de las compañías.
¿Cuáles son sus beneficios, sus principales hándicaps y barreras para que las apliquen las empresas españolas?
Los principales beneficios vienen definidos por el interés creciente que muchos grupos de interés, entre ellos los inversores, reguladores, administraciones públicas, clientes y empleados, tienen sobre la información no financiera de las compañías donde invierten, trabajan, etc. Son ellos los que han entendido que los riesgos de una compañía ya no están en los aspectos financieros, sino en estos ámbitos que hemos llamado “aspectos extra financieros” y que, por contar con un menor control, podrían generar un menoscabo en los resultados esperados. Así, la transparencia y la fiabilidad de la información aportada vienen a resolver una solicitud de información que cada vez era más acuciante.
Además, permitirá a aquellas compañías que hasta ahora no medían, gestionaban o publicaban su dimensión no financiera, empezar a preocuparse por esta materia, contribuyendo así a mejorar la gestión del riesgo de su compañía, haciéndola más atractiva para terceros y dotándola de indicadores valiosos para custodiar su longevidad.
Obviamente, la celeridad con la que ha sido aprobada la ley y la excesiva cautela con la que muchas compañías han aguardado este paso final, hace que se den ciertas dificultades para su cumplimiento y el aprovechamiento de las oportunidades que genera: la mayor dificultad está en el cumplimiento de los plazos. La ausencia de sistemas de control internos de información no financiera también plantea dificultades ante esa verificación obligatoria.
Por último, la elevada exigencia respecto a los contenidos hace que ciertas compañías no cuenten con la información solicitada, lo que podría generar incumplimientos si no se explica adecuadamente.
¿En qué medida consideras que puede ayudar a impulsar la Responsabilidad Social en España?
Sin lugar a dudas, el espíritu de la ley lo que pretende es impulsar la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad en las compañías a las que aplica; y así habrá de ser en los próximos años. Si bien en esta primera edición muchos estados de información no financiera van a seguir un enfoque de mínimos, lo más inteligente será aprovechar la energía y el esfuerzo que va a costar contar con todos estos indicadores y políticas para mejorar la gestión de la compañía y con ello su competitividad y su gestión de riesgos. Dado el elevado volumen de compañías a las que aplica esta ley, el listón de la gestión corporativa se va a elevar ineludiblemente, lo que llevará a nuestras compañías a una posición ventajosa.
¿Cuál es la situación actual, en tu opinión, del reporting en nuestro país y cuáles son sus principales retos de futuro?
Según un informe de KPMG sobre el reporting en responsabilidad corporativa, el 87% de las 100 compañías más grandes de España realizaron informes de sostenibilidad en el año 2017. Y así viene siendo en los últimos años. Sin embargo, eso no significa que no existan retos.
El primero de ellos tiene que ver con el sistema de control de la información reportada. Las compañías no podrán reportar a tiempo y con total fiabilidad si no cuentan con sistemas de este tipo. Así como la información financiera dispone de un Sistema de Control Interno de Información Financiera (el conocido como SCIIF), debería existir un SCIINF para la información no financiera, enmarcado en el primero y que desarrolle los elementos necesarios para dotar de los aspectos ambientales, sociales, éticos, del personal, etc. de la misma fiabilidad.
Otro de los retos es el que se percibe a la hora de consultar los objetivos y metas que las compañías publican en materia no financiera; y es que son escasos en la mayoría de las ocasiones. Pocas son las compañías que han publicado sus metas en la lucha y adaptación frente al cambio climático; también son pocas las que publican objetivos de reducción de emisiones con base científica; tampoco se miden adecuadamente los impactos y externalidades de las compañías, los positivos y los negativos; y temas como la brecha salarial no cuentan con metodologías definidas por las compañías para poderlos calcular, reportar y gestionar.
¿Qué recomendaciones o claves podrías compartir para que las empresas puedan cumplir con la nueva normativa?
La principal clave es velar por la fiabilidad de los datos. Empezar a trabajar un sistema de control de información no financiera será clave para poder cumplir con la nueva ley. Este sistema deberá contar con responsabilidades bien asignadas, políticas y procedimientos asociados al proceso de reporte, definición clara de indicadores, una herramienta fiable de recogida de información, etc.
Además, las compañías no deben descuidar su análisis de materialidad: identificar con claridad y seguridad qué es lo relevante en su negocio y para sus grupos de interés, considerando impactos, riesgos y expectativas. De esta manera las compañías podrán seleccionar adecuadamente los indicadores sobre los que van a dar cumplimiento a la ley. Por último, identificar la utilidad que para la compañía tienen los aspectos exigidos por la ley; solo de esta forma se podrá sacar provecho de su monitorización, gestión y reporte.
