¿En qué punto está España en relación a la accesibilidad universal?
Toda sociedad ha de mejorar permanentemente para no quedarse estancada. Y eso provoca una dinámica que quizás no de resultados inmediatos pero que recogerá sus frutos a medio plazo.
Integrar la accesibilidad universal con el resto de normativa técnica, adecuándose a ella para evitar disfunciones, es una tarea que no va a resultar fácil. Accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad son parámetros que han de ir de la mano, como indica la Ley de Economía sostenible, se ha de garantizar el acceso equitativo de los ciudadanos a las dotaciones y los servicios y su movilidad, potenciando al efecto los medios de transporte, especialmente los de uso público, más eficientes energéticamente y menos contaminantes.
¿Se está avanzando en esta materia?
El Gobierno Regional ha invertido 480 millones de euros en accesibilidad, incrementando en un 20% las cifras del año anterior. Al igual que otras administraciones, los avances son constantes, aunque es justo reconocer que aún queda mucho camino por recorrer.
Estaciones de metro, apeaderos de tren, hospitales, parques públicos, etc. La accesibilidad universal todavía ha de materializarse en su totalidad y para ello será preciso también que aumente la concienciación ciudadana y el respeto hacia todas las personas y nuestro entorno.
¿En qué medida influye la normativa vigente?
La normativa es necesaria para materializar medidas en accesibilidad y regular la actividad de los profesionales. Por eso es fundamental que el Código Técnico responda a la demanda de la sociedad y nos ayude a poner en práctica soluciones para personas con discapacidad.
No obstante, a diario atendemos en el Colegio de Aparejadores de Madrid consultas de colegiados o profesionales que tienen problemas para interpretar normativas que entran en conflicto. Por ejemplo, en reformas de edificios antiguos, a menudo se da el problema de que los espacios físicos no cumplen lo establecido en la normativa de accesibilidad, pero una segunda norma de conservación del patrimonio impide hacer las modificaciones pertinentes.
Los profesionales asumimos nuestro papel clave como intérpretes de la normativa, pero ésta tiene que ser práctica y aportar soluciones. No basta con hacer una norma, después hay que aplicarla, contrastarla, adaptarla y mejorarla. En nuestro país hay quizás una normativa demasiado dispersa, que además presenta diferentes planteamientos en cada territorio. Unificar dicha normativa es fundamental.
¿Cuál ha sido y es el papel de la RSE a la hora de fomentar la construcción accesible?
Especialmente en los últimos diez años, la accesibilidad ha ganado especial impulso en nuestro país gracias a una concepción más global de la responsabilidad social empresarial. El mundo corporativo ha pasado de entender la RSE como un compromiso netamente medioambiental, a concebirlo como un compromiso más amplio con las personas y la sociedad a la que sirven.
También las asociaciones y colegios profesionales nos hemos sumado a esta corriente, y por ejemplo en el Colegio de Aparejadores de Madrid, las medidas en accesibilidad se integran en nuestro plan global de RSC al mismo nivel que otros frentes como la igualdad la sostenibilidad, el desarrollo… Así, dirigimos nuestros esfuerzos hacia la adaptación para facilitar el acceso de personas con discapacidad, trabajando en la concienciación de los profesionales mediante jornadas gratuitas o cursos formativos subvencionados, entre otras iniciativas como el Ciclo Accesibilidad y Edificación que estamos desarrollando en colaboración con el Parque de Innovación de Servicios a las Personas La Salle, Madrid.
La RSE es y seguirá siendo un motor para promover la accesibilidad, pero creo que estamos inmersos en un salto de madurez hacia una nueva forma de entender la accesibilidad, en la que tienen cabida sus oportunidades económicas y su integración en la vida diaria, además de un activo de imagen.
En España hay cuatro millones de personas con alguna discapacidad. ¿Debería ser la accesibilidad universal un imperativo?
Más que un imperativo, debería ser un hecho cotidiano y natural en la conciencia colectiva. En este sentido, juega un papel vital la educación y formación en las distintas etapas del sistema. Es obvio que los profesionales de la construcción debemos ser los primeros en introducir la accesibilidad en el día a día, pero para que esto sea posible todos los agentes tienen que estar sensibilizados.
Desde las Administraciones Públicas hasta las entidades privadas, pasando por las escuelas y la propia ciudadanía, que ha de ser formada en accesibilidad desde los primeros años de escolarización. Con el tiempo, nadie debería siquiera concebir unas escaleras sin una rampa a pocos metros, o un cartel de información pública sin braille, por ejemplo.
¿Qué más puede hacerse? ¿Cómo fomentar la accesibilidad universal más allá de la RSE?
Si en España hay unos cuatro millones de personas con algún tipo de discapacidad, podemos decir que en nuestro país hay 8 millones de personas que requieren y demandan espacios adaptados y medidas de accesibilidad, incluyendo el entorno familiar. En otras palabras: estamos ante un rango de usuarios muy amplio, con unas necesidades comunes y fácilmente identificables, que revelan en la accesibilidad un nicho de mercado con un enorme potencial de negocio.
De hecho, abrir servicios hacia personas con discapacidad se apunta como una inversión para salir de la crisis. Por un lado, contribuiría a reactivar el sector de la construcción, y por otro, aportaría ventajas competitivas para captar un nuevo mercado y reactivar el consumo.
El año pasado, el 26% de la actividad constructiva en nuestro país se dedicó a rehabilitación y reformas orientadas a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética. Un porcentaje que asciende al 35% si nos remitimos a la Comunidad de Madrid.
Si nos comparamos con otros países occidentales, ¿en qué situación estamos?
El envejecimiento de la población a nivel mundial precisa una respuesta de los organismos responsables a todos los niveles. En 2008 se adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, lo que se traduce en nuevos retos para todos los países.
Para responder a ello se han constituido un subcomité dentro del marco del comité técnico ISO/TC 173 Ayudas técnicas para personas con discapacidad, desarrollando normas centradas en el diseño accesible.
En marzo 2010 se ha creado un comité específico de ISO para debatir el aspecto del diseño de normas accesibles, constituido por países como China, Dinamarca, España, Israel, Italia, Japón, Reino Unido, República de corea, Sudáfrica, entre otros.
¿Qué retos existen en la materia?
En primer lugar, homogeneizar una normativa a nivel nacional, que esté consensuada por los diferentes agentes que intervienen en la puesta en práctica de soluciones de accesibilidad. No sólo en lo que al entorno constructivo respecta, sino también involucrando a Administraciones Públicas, y especialmente a asociaciones de personas con discapacidad. Por otro lado, también ayudaría contar con una formación global que preste más atención a la accesibilidad en las distintas fases educativas: escuelas primarias y secundarias, educación superior y por supuesto, universitaria. Y por último, consensuar y concretar mejor las interpretaciones que los profesionales debemos dar a la normativa vigente, a fin de que contribuya a aplicar soluciones y a agilizar los procesos de implantación de medidas de accesibilidad.
Para alcanzar estos retos podría ser útil establecer una comisión de desarrollo normativo que ponga en común los intereses de todos los agentes implicados, tal y como adelantó el viceconsejero de Vivienda y Suelo de la Comunidad de Madrid en el último desayuno de trabajo que desarrollamos en colaboración con el Parque de Innovación de Servicios para las Personas La Salle de Madrid.
