Esta entrevista forma parte del Dosier Corresponsables: el INconFORME, junto a Futuro en Común.
Reforma fiscal justa y del sistema de garantía de ingresos son sus propuestas para combatir la desigualdad y la pobreza. ¿Qué esperan conseguir con ambas propuestas?
La desigualdad y la pobreza deben ser cosas del pasado. Todas las personas deben tener los derechos sociales garantizados y para ello, necesitamos reformas estructurales.
Una fiscalidad justa es un elemento clave para acabar con las grandes desigualdades económicas y también para financiar la transición ecológica. Hay que elevar el nivel de recaudación y hacerlo de manera socialmente justa y desincentivando fiscalmente el daño ambiental. Que pague más quien más tiene y quien más contamina.
Para avanzar en cohesión social y en la lucha contra las desigualdades, es imprescindible garantizar el acceso a la vivienda (aumentando el parque público de vivienda entre otras medidas -hasta un 5% del total como mínimo- y erradicando el chabolismo), así como avanzar hacia una educación y una sanidad públicas, universales y de calidad. Para ello hay que poner el foco en acabar, por un lado, con el abandono escolar prematuro, y reforzando la atención primaria por otro lado, lo, que debe implicar una inversión de al menos el 25% del total del gasto sanitario, que es la llave para una buena atención y de un enfoque preventivo en lugar de solo paliativo.
En lo referente al sistema de garantía de ingresos, es necesario reformarlo para consolidar un modelo más inclusivo. Vivimos en un país con un 26% de población en riesgo de pobreza o exclusión social, pero, cuando ponemos la lupa en determinados grupos de población, este porcentaje de por sí elevadísimo, se dispara. Y aquí queremos hacer una mención especial a la infancia, fundamentalmente la que vive en familias monomarentales (49% en riesgo) o la infancia gitana (89% en riesgo). Estos porcentajes son inaceptables, por lo que el conjunto de medidas que proponemos, como la implementación efectiva del IMV para abordar la pobreza extrema, deben ir encaminadas a que desciendan al menos a la mitad de aquí a 2030. Conjuntamente con la puesta en marcha de otras medidas, el objetivo que perseguimos es acortar la brecha entre el 10% más rico y el 40% con menos ingresos de la población. El blindaje del sistema público de pensiones en la Constitución también es una de nuestras demandas en esta línea.
Y es necesario, también, desarrollar un sistema integral de cuidados que esté presente en todas las políticas públicas. Con el reconocimiento, la valoración y la democratización de los cuidados como principio, porque se trata de un trabajo que es imprescindible para la sostenibilidad de la vida y para que existan las otras dimensiones económicas. Se debe garantizar universalmente el derecho a recibir y prestar cuidados, en igualdad y sin discriminación, de forma que las personas proveedoras de estos servicios esenciales puedan ejercer sus derechos laborales y tener salarios dignos.
¿A qué derechos sociales se refieren cuando proponen que estén garantizados?
Algunos de estos derechos sociales parecen el estribillo de una canción, que pierde todo el valor y la fuerza, porque se repiten sin cesar pero nunca se avanza. Nos referimos, por ejemplo, a garantizar el acceso a la vivienda, para lo que es necesario tomar medidas para aumentar el parque público de vivienda -de compra y en alquiler- y como decíamos antes, erradicar el chabolismo, una situación que vulnera los derechos fundamentales
También garantizar una educación y una sanidad públicas, universales y de calidad. Y sacar de la pobreza a la cuarta parte de la población de nuestro país, que está en riesgo de pobreza o exclusión social.
Es vital frenar el avance de las desigualdades económica, de género, generacional, territorial y la basada en otros ejes de discriminación, como la orientación sexual, la situación administrativa o el origen étnico y/o racial.
¿Su propuesta está considerada a largo plazo o la situación requiere una actuación inmediata en base a su planteamiento?
Todas las medidas que proponemos deben leerse con gafas progresivas: es necesario empezar cuanto antes, dar los primeros pasos para que de aquí a 4-6 años podamos ver que avanzamos y en otros tantos, ver un cambio sustancial.
Como en el caso de la vivienda. Llevamos muchos años denunciando que no se construye vivienda social y son medidas que aparecen únicamente cuando llegan elecciones, pero luego lo urgente las acaba relegando al olvido porque es necesaria una planificación a largo plazo y llegar a consensos entre diferentes actores, administraciones, etc. Este es un problema al que hay que poner solución de manera urgente. La vivienda es el eje central sobre el que pivota todo lo demás. Invertir en acceso a viviendas dignas es invertir en cohesión social.
¿Cuáles son los siguientes pasos que piensan seguir en el marco de este proyecto?
Necesitamos servicios públicos profesionales en un estado de bienestar fortalecido para poder ser garante del derecho al cuidado de manera universal y en todos los rincones del territorio. Hay que avanzar hacia modelos públicos que pongan el bienestar en el centro, así como de la perspectiva comunitaria. La profesionalización también debe asegurar los derechos laborales de las personas prestadoras de estos servicios, eliminando la precariedad, con remuneración y condiciones dignas de empleo. Menores, mayores y personas en situación de dependencia tienen derecho al mejor de los cuidados. Y de la misma manera, sus prestadoras tienen derecho al mejor de los reconocimientos sociales y salariales.
En cuanto al sistema sanitario hay que evitar que siga una evolución hacia un sistema dual, donde haya seguros privados para quien se lo pueda pagar y una sanidad pública, cada vez más descapitalizada, para quien no pueda. Para ello es necesario que las comunidades autónomas aumenten la inversión en una sanidad pública de calidad, poniendo el foco en la atención primaria, que actualmente se sitúa en el 14,7 % del total del gasto, muy lejos del 25 % que recomienda la OMS.
Otro aspecto en el que urge más inversión son los servicios de salud mental, que necesitan ser ampliados para garantizar unas prestaciones de calidad y con un foco muy especial en la gente joven.En cuanto a la educación pública de calidad deberíamos avanzar hacia una mayor inversión. España destina un 9,18 % de su gasto gubernamental a educación, cuando la media mundial está en 13,4 %. Naciones Unidas muestra que el gasto de España en relación al Producto Interior Bruto (PIB) es de 4,59 % en 2021, cuando la media de los países de la OCDE es del 7 % del PIB.
En cuanto a vivienda es urgente la ampliación del parque de viviendas públicas para alquiler social en España, que se sitúa en un 1,1 % del total de viviendas, muy por debajo del 7,5 % de la media de los países de la Unión Europea. Para ello, hay que ir dando pasos hasta alcanzar en 2027 un mínimo de un 5 %. Otro nudo central es contener la espiral inflacionista de los alquileres, y para ello hace falta que los gobiernos autonómicos apliquen la regulación al respecto que recoge la ley de vivienda para garantizar unos precios asequibles. Y la regulación de los alojamientos turísticos es otro de los ejes para zonificar y limitar el número de licencias a través de normativas urbanísticas y de gestión turística y sancionar el alquiler turístico no legal. Vinculado con esto se debe revisar y regular la figura de “alquileres de temporada”.
¿Qué sinergias se han generado al trabajar diversas organizaciones en el desarrollo de este eje de actuación?
Debatir sobre la necesidad de impulsar políticas concretas desde las distintas entidades que conformamos FeC es un proceso reflexivo muy interesante que identifica la alta interrelación existente entre necesidades y posibles impactos. Las medidas para abordar la transición energética, por ejemplo, tienen que considerar cómo afectan o cómo potencialmente beneficiar por igual a toda las personas, considerando especialmente las que viven en una situación de pobreza o exclusión social. Cuando somos capaces de tener esta mirada interrelacionada y dejando atrás las políticas o medidas estanco, avanzamos mucho más, desde lo más global a las iniciativas más concretas.
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