Sin duda, Cristina Narbona no tiene pelos en la lengua. Y no es porque se sienta más cómoda ahora que no está en la primera línea de la política española. Cuando era ministra de Medio Ambiente ya destacaba por su abierta sinceridad. Prueba de ello es la frase del titular, que introduce como colofón a su gran expectativa respecto a la Ley de Economía Sostenible: el definitivo abandono de la construcción masiva de inmuebles. También se muestra franca respecto a la Cumbre del Clima de Cancún, al apuntar que seguramente no será todavía posible un acuerdo internacional vinculante.
Recientemente, ha sido nombrada miembro del nuevo Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Mundial de la ONU. ¿Qué papel cree que desempeñará este foro en el ámbito internacional y de qué manera contribuirá a la lucha contra el cambio climático y la protección medio ambiental?
A finales de 2011, el Panel tiene que establecer recomendaciones estratégicas y propuestas concretas sobre cómo hacer efectiva la sostenibilidad en el desarrollo. Desde que en 1987 se definió el desarrollo sostenible, se ha avanzado mucho en el conocimiento científico y tecnológico sobre la relación entre ecología, economía y bienestar social; pero ese avance apenas se ha traducido en cambios reales –cada vez más urgentes– en la forma de producir y consumir. El Panel tiene el encargo de identificar mejor las causas de ese desfase y plantear actuaciones específicas: en materia de gobernanza global, de financiación e incentivos para garantizar mayor sostenibilidad, de herramientas de comunicación y concienciación…
Tras la falta de acuerdo en la Cumbre de Copenhague, ¿cree que se logrará un acuerdo post Kyoto en la Cumbre de Cancún de finales de año?
Seguramente no será todavía posible un acuerdo internacional vinculante, entre otras cosas por la paralización en el Senado de Estados Unidos de la Ley de medidas contra el cambio climático.
Sin embargo, algunos gobiernos, empresas y ciudadanos están adoptando decisiones –todavía muy insuficientes– en la dirección correcta. Un ejemplo concreto son las ingentes inversiones públicas que han colocado a China en 2009 a la cabeza del mundo en cuanto a inversión en energías renovables, o el potente programa de Estados Unidos de mejora de la eficiencia energética y de las renovables.
¿La priorización de la lucha contra la crisis económica está mermando o puede mermar el esfuerzo de los gobiernos en la lucha contra el cambio climático y la protección medio ambiental?
No habrá salida estable de la crisis si no se superan sus causas: confianza injustificada en el crecimiento del PIB y en la máxima desregulación del mercado, derroche consumista sostenido
por un excesivo endeudamiento, incentivos a la especulación y a las decisiones de corto plazo… Una organización tan poco ‘sospechosa’ de ecologismo radical como la OCDE lleva tiempo afirmando la necesidad de una reorientación profunda de la economía, con un fuerte componente ‘verde’ para promover la creación de empleo duradero y un bienestar generalizado,
más allá de la consideración equivocada del PIB como máximo indicador del progreso. Un ejemplo muy interesante es el de Corea, con el porcentaje más elevado de toda la OCDE de inversión en tecnologías ambientales en su paquete de medidas anticrisis.
¿La crisis económica puede provocar o está provocando una disminución de la sensibilización medioambiental entre la ciudadanía?
La crisis provoca un malestar creciente de la ciudadanía hacia quienes se han enriquecido desmesuradamente, así como hacia las instituciones públicas, nacionales o internacionales, que no han sabio evitar los gravísimos efectos del modelo económico dominante. Y, por supuesto, las tímidas exigencias ambientales nada han tenido que ver con el estallido de la crisis, que se ha llevado ya por delante al equivalente del 100% del PIB mundial anual. Las estimaciones más rigurosas indican que bastaría un 2% del PIB mundial anual para financiar los cambios tecnológicos necesarios para la reducción de CO2 a los niveles deseables, en el horizonte de 2050
