La Fundación Juan XXIII Roncalli cumple 50 años. ¿Cuál ha sido su trayectoria?
La realidad de la Fundación Juan XXIII Roncalli comienza con el sueño de un matrimonio, Luis Arroyo y Amparo Martínez, psicólogo y psicopedagoga de profesión, que a principios del año 1966 deciden dar una solución a las necesidades sociales del colectivo de personas con discapacidad intelectual, abriendo las puertas del Colegio de educación especial Juan XXIII.
Siendo conscientes de la compleja situación laboral de este colectivo, los fundadores pusieron en marcha en 1988 un Centro Especial de Empleo con el objetivo de dar continuidad al ciclo de integración sociolaboral de todos los usuarios del centro. Con 27 años de experiencia, el CEE Roncalli cuenta con ocho líneas de actividad y una plantilla de más de 380 trabajadores. En 2005, los entonces Príncipes de Asturias, inauguran la sede de la Fundación Juan XXIII Roncalli en Vicálvaro y en 2006 nace un nuevo servicio: el Centro de Día, destinado a personas con una discapacidad más severa. En 2009 se crea el Centro de Formación para el Empleo, un proyecto para formar a personas con discapacidad intelectual. Ya en 2014, el nuevo Rey de España, Felipe VI, recibe a la Fundación Juan XXIII Roncalli por su encomiable labor.
En 2016, la entidad pasa a denominarse Fundación Juan XXIII Roncalli, tras fusionarse con su Centro Especial de Empleo, que hasta entonces operaba como una sociedad limitada unipersonal perteneciente a la propia Fundación, alcanzando en el conjunto una familia de unas 700 personas
¿Cómo ha cambiado la percepción e inclusión de la discapacidad intelectual en la sociedad?
Tanto la percepción como la integración de personas con discapacidad intelectual han evolucionado muchísimo a lo largo de estos 50 años. El nivel de rechazo de la sociedad ha disminuido considerablemente y el grado de tolerancia y de respeto ha mejorado. Las personas están más abiertas a descubrir a estas personas, sin prejuicios, sin miedos y dispuestas a aprender todo lo que estos chicos nos pueden enseñar.
Lamentablemente, todavía queda mucho camino por recorrer, ya que existe un tremendo desconocimiento y una gran incomprensión hacia este colectivo por parte de la sociedad en general, que tiende a discriminarles, incluso en el ámbito de la atención sanitaria. Por ejemplo, todavía hay profesionales del mundo de la medicina que no saben atender adecuadamente a una persona con discapacidad intelectual, lo que conduce a diagnósticos y tratamientos erróneos.
Por otro lado, a nivel de formación existe un gran desigualdad educativa hacia las personas con discapacidad intelectual, que terminan a duras penas la enseñanza secundaria obligatoria y el actual sistema público educativo no ofrece una solución de formación profesional adaptada a sus necesidades, lo que conduce a unas elevadas tasas de desempleo de este colectivo. Un dato significativo a este respecto que ofrece la OCDE es que la probabilidad de que una persona con discapacidad intelectual encuentre empleo es un 40% inferior a la de una persona con discapacidad física.
¿Cómo le cambia la vida la Fundación a sus beneficiarios?
Pues por los comentarios que nos llegan de unos y otros te puedo decir que el nivel de satisfacción es muy alto. Aquí encuentran un lugar que les acoge con las manos abiertas, que les entiende, que habla su mismo lenguaje y esto hace que usuarios y alumnos se sientan cómodos y felices. Para los familiares, muchos de ellos con escasos recursos económicos, la Fundación les ofrece una solución para educar y formar a sus hijos, les libera de preocupaciones, les proporciona un respiro con la tranquilidad y confianza de que dejan a sus hijos en buenas manos gracias a un magnífico equipo de profesionales, integrado por grandes personas comprometidas con la discapacidad intelectual, que trabajan muy duro para hacer la vida un poco más fácil a los usuarios y sus familias.
¿Cómo han ido evolucionando las relaciones entre la Fundación y las empresas?
El apoyo del sector privado es fundamental para que las entidades sociales podamos cumplir nuestros objetivos. Muchas veces lo que hacemos es cubrir las necesidades que no están siendo atendidas por los servicios públicos. La Fundación Juan XXIII Roncalli es una entidad solvente que no solo se nutre de la financiación y ayudas estatales para desarrollar sus proyectos, ya que sería insuficiente. Más de 80 empresas privadas, con sus ayudas, sus donaciones y la contratación de servicios que ofrece nuestro Centro Especial de Empleo, hacen posible que la Fundación Juan XXIII Roncalli sea un centro de referencia en España.
¿Qué ha supuesto la LISMI para el mundo de la discapacidad? ¿Cómo la ha mejorado la Ley General de Discapacidad?
A pesar de las buenas intenciones de la LISMI, las limitaciones en materia presupuestaria y la falta de desarrollo normativo durante sus más de 30 años de vigencia han limitado los resultados obtenidos.
Además, existe ahora una nueva visión de la discapacidad que pone el acento en la inclusión, reflejado en instrumentos de relevancia jurídica como la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006), que de alguna manera choca con la LISMI y con la nueva LGD, porque en esta última se aclara y armoniza la normativa anterior y se introducen modificaciones terminológicas, pero en lo referente al derecho al trabajo se mantiene exactamente la misma regulación incorporada por la LISMI hace 34 años y desaparece como finalidad primordial de las de las políticas de empleo de las personas con discapacidad su integración en el mercado ordinario de trabajo.
Creo que la normativa sobre discapacidad, más que un texto refundido, lo que necesita es un nuevo texto que dé respuesta a las necesidades actuales y que garantice los recursos necesarios para hacer plenamente efectivos los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Una norma que impulse tanto la inclusión como el empleo protegido porque los dos modelos son válidos, dependiendo de las personas, el grado de afectación de la discapacidad y otros factores económicos y sociales. Muchas veces se contempla a todas las personas con discapacidad como un conjunto homogéneo y esto está muy alejado de la realidad.
A finales del año pasado lanzaron la iniciativa ‘Queremos nuestra propia universidad’ para promover la formación de las personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo está funcionando?
El proyecto va a ayudar a sensibilizar a la sociedad sobre la desigualdad educativa que sufren las personas con la discapacidad intelectual a través del apoyo de un conjunto de universidades que han decidido colaborar en la difusión de este mensaje. Va a suponer que un colectivo tan relevante para el futuro económico y social de nuestro país como es la comunidad universitaria se involucre en esta campaña y haga de altavoz de esta injusticia a toda la sociedad. Estamos presentando el proyecto en las ocho universidades colaboradoras y poniendo en marcha el plan de difusión a través de carteles, flyers y la redes sociales.
