Pablo Bascones Ilundáin, socio de PwC y responsable de servicios de sostenibilidad, RSC e información no financiera en España, considera que la nueva ley va a hacer que las empresas estén orientadas a mejorar sus ratios en RSC; sin embargo, opina que su aplicación debió haber sido paulatina para que muchas empresas puedan prepararse mejor en sus procesos de recolección y reporte de información. Bascones, no obstante, cree que muchas empresas españolas ya tienen un camino recorrido en materia de reporting, lo que posiciona al país en líder en este ámbito.
¿Cuáles son los aspectos que consideras más interesantes y relevantes de la nueva Ley de Información no Financiera?
La nueva Ley pasa a cobrar una importancia similar a la información financiera al someterse ésta a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión. De esta forma, los administradores de la sociedad están obligados a formular el estado de información no financiera y este deberá ser aprobado en la Junta de Accionistas como punto separado del día. Esto, que parece una frase escondida en la Ley, es algo absolutamente relevante porque hace responsables a los administradores de la información contenida en dichos informes.
Por otro lado, la Ley ha ido bastante más allá de lo marcado por la Directiva europea y por la transposición de la misma llevada a cabo por el resto de los estados miembros. Respecto a la Directiva, las principales novedades son que en España se amplía el ámbito de aplicación afectando, por tanto, a un mayor número de empresas que en otros países, que se incrementan los contenidos que las empresas deberán reportar y que se hace obligatoria la verificación de la información por un prestador de servicios independientes.
¿Cuáles son sus principales beneficios y cuáles sus principales hándicaps y barreras para que las apliquen las empresas españolas?
La transparencia es fundamental en el mundo en que vivimos, pero quizá deberíamos haber ido paso a paso y permitir a las empresas que asentaran las bases de información, dejando al menos 1 año de margen para implantar las herramientas y controles necesarios que faciliten la captura de la información requerida en las empresas y hagan que la misma sea verificable.
Tenemos muy buenos ejemplos de empresas que venían ya publicando buena parte de esta información, pero hay muchas empresas afectadas que no están preparadas y lo están pasando mal.
Por otro lado, algunos requerimientos de información están suponiendo muchas reticencias en las organizaciones, fundamentalmente los temas relacionados con diversidad de género y de beneficios e impuestos país por país. Son dos temas en los que estoy absolutamente de acuerdo con que debamos ser transparentes, pero con matizaciones. En el primero de ellos primero hay que asentar bases metodológicas que hagan comparable la forma de calcular la brecha salarial; y en el segundo debemos dejar la oportunidad de que las empresas no reporten cierta información en la medida en que comprometa sus relaciones comerciales.
Pensemos en empresas, por ejemplo, de ingeniería que tienen una sola obra en un país. Si publican sus datos de beneficios e impuestos en ese país estarían suministrando a la competencia y a sus clientes el margen que sacan a sus obras y perjudicando así gravemente la posición comercial de la compañía. La posibilidad de no publicar información en caso de agravarse el posicionamiento comercial de una compañía estaba recogida en el anterior Real Decreto Ley de información no financiera y ha sido eliminado en la nueva Ley.
¿En qué medida consideras que puede ayudar a impulsar la Responsabilidad Social en nuestro país?
La responsabilidad social, a mi parecer, debería ser aplicada voluntariamente por las compañías. La RSC real es la que sale de dentro y por decisión propia, no la impuesta. No obstante, no cabe duda de que esta exigencia informativa con el tiempo va a hacer que las compañías quieran mejorar sus ratios e indicadores en materia de sostenibilidad y RSC, así como otras materias marcadas por la Ley, pero quizá debería haberse implantado paulatinamente y dejar que las compañías se prepararan para este reto.
¿Cuál es la situación actual, en tu opinión, del reporting en nuestro país y cuáles son sus principales retos de futuro?
El reporting no financiero en nuestro país está muy desarrollado entre las empresas grandes. Buena parte de las compañías llevan años reportando información de este tipo y no tenemos nada que envidiar a otros países; diría que estamos en la cima del reporting de información no financiera. No obstante, incluso las empresas grandes, se enfrentan al gran reto de conseguir un grado de fiabilidad de la información no financiera a los niveles de la información financiera y, para esto, queda tiempo.
¿Qué recomendaciones o claves podrías compartir para que las empresas puedan cumplir con la nueva normativa?
Los nuevos requerimientos suponen una serie de implicaciones operativas en las empresas, que deberán iniciar actuaciones para alcanzar un nivel de reporte de la información no financiera en línea al que ya existe para la parte financiera, entre las cuales se encuentran:
- La mejora del entorno de control de los sistemas de la información no financiera, integrando controles internos y desarrollando la función de auditoría interna no financiera.
- La implantación de herramientas ad hoc que permitan la obtención de la información no financiera de una manera más ágil y estandarizada.
- Mayor rigurosidad y fiabilidad de la información reportada a nivel de Consejo, mediante la revisión externa independiente de los datos no financieros por especialistas en la materia y bajo marcos de auditoría sólidos.
- Profundización en la determinación de la materialidad de los aspectos no financieros, dentro del universo de temas a reportar, para la concreción de los temas relevantes sobre los que la empresa debe rendir cuentas de acuerdo con la Ley
