¿Puede hablarnos del Sello Bequal, de cómo ha evolucionado estos años hasta la actualidad en cuanto a su penetración y alianzas en el sector de la empresa, universitario y administraciones públicas?
El Sello Bequal surge para poner en valor el compromiso y el esfuerzo de las empresas que incorporan políticas y procedimientos favorecedores de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que no solo cumplen con la legislación en cuanto al cumplimiento de la cuota de reserva de empleo establecida en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión social sino que además en el resto de áreas de la empresa se preocupan de la igualdad e inclusión de los colectivos desfavorecidos y del respeto a la diversidad.
El certificado Bequal les proporciona esa diferenciación respecto al resto de empresas y mejoran su reputación social.
A partir de ese modelo inicial de indicadores verificados por tercero, mediante auditores independientes a la Fundación Bequal, surgió la necesidad de trasladar el modelo a otras organizaciones.
En primer lugar a las administraciones públicas y a las universidades públicas y posteriormente a los Centros Especiales de Empleo, como modelo de empresa que presenta características específicas.
Las administraciones públicas han recibido con gran interés el Sello Bequal tanto desde el punto de vista de utilizarlo como herramienta de inclusión y mejora de los servicios al ciudadano, como desde el punto de vista de la contratación pública socialmente responsable, como vigilante del cumplimiento legal de la cuota de reserva y de la inclusión de cláusulas sociales, derivado de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
¿Cómo cree que han evolucionado la inclusión de las personas con discapacidad y las políticas empresariales y públicas en torno a ella?
Los avances siguen siendo insuficientes, por una parte está el incumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo del 2% en las empresas de más de 50 trabajadores, que sigue sin contar con la debida vigilancia e inspección. Además en muchos casos las empresas acuden para cumplir a las medidas alternativas, donaciones o compras a Centros Especiales de Empleo, que favorecen la empleabilidad pero que no es la mejor solución.
Otro factor favorecedor de la inclusión laboral es el acceso al empleo público, y en los últimos años ha sido escaso debido fundamentalmente a la falta de convocatorias.
El final de la crisis, el aumento de convocatorias de acceso al empleo público y la nueva Ley de Contratos del Sector Público, con la reserva de un porcentaje de contratación a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción debe revertir y coadyuvar a aumentar el nivel y la calidad del empleo para las personas con discapacidad.
¿Cuál considera que es la situación actual en relación a la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país y sus principales barreras y desafíos de futuro?
El número de personas con discapacidad comprendidas entre los 16 y los 64 años en el año 2016 era de 1.840.700 personas, último dato ofrecido por el INE el pasado 1 de diciembre de 2017. De ellos solo el 35,2 % estaban activados, una tasa de actividad inferior en 43 puntos al resto de la población. Además la tasa de paro era de 9 puntos superior al de la población sin discapacidad.
Por tanto hay dos problemas evidentes, uno es el de la baja activación y un segundo que es el de la mayor tasa de paro. Solo 1 de cada 4 personas con discapacidad tiene empleo.
La participación en el mercado de trabajo debe ir acompañada de medidas que fomenten la actividad, con políticas que favorezcan la inserción como las reducciones y bonificaciones en las cotizaciones sociales o las subvenciones a la contratación. Pero también mejorando la formación y empleabilidad, fundamentalmente en los nuevos empleos relacionados con la digitalización y las nuevas tecnologías.
Por ultimo nos parece fundamental una nueva regulación para hacer compatibles las pensiones con el trabajo por cuenta ajena o propia, en muchas ocasiones las personas con discapacidad que cuentan con algún tipo de pensión, contributiva o no, no encuentra alicientes para incorporarse al mundo laboral.
¿Y cuáles son los próximos retos y desafíos de su organización y cómo los piensan llevar a cabo?
El reto principal es ser reconocido tanto por las administraciones públicas como por las empresas como el Sello que certifica la RS de las organizaciones con las personas con discapacidad. Además el reconocimiento como etiqueta social, tal como establece el artículo 127 de la Ley de Contratos del Sector Público, y como certificado verificador del cumplimiento del 2 % a esos mismos efectos.
Para llevarlo a cabo será necesario el establecimiento de alianzas con las administraciones públicas y con otros agentes, como son las universidades, y la internacionalización del Certificado contando con la colaboración, entre otros, de las empresas multinacionales que ya son Bequal. Alianzas imprescindibles también para atender las prioridades de la Agenda sobre el Desarrollo Sostenible y alcanzar la consecución de los ODS. El objetivo final es aumentar el número de organizaciones certificadas y con ello el empleo tanto en número como en calidad de las personas con discapacidad.
