En años recientes, el sector privado ha enfrentado cada vez más exigencias sobre su responsabilidad respecto a la protección de los Derechos Humanos. Con la puesta en marcha del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el establecimiento de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales por parte de la OCDE, y de los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos, el tema ha generado muchas expectativas e incertidumbre en la comunidad empresarial en todo el mundo.
Uno de los temas sobre Derechos Humanos más vinculados a las empresas es el de la esclavitud moderna, un negocio mundial que genera más de $1,500 millones de dólares anuales mediante la explotación, labor forzada y victimización de casi 46 millones de personas alrededor del mundo, de acuerdo a datos de la Walk Free Foundation.
En el caso de México, y de acuerdo al Índice de Esclavitud 2016, cerca de 378,000 personas viven en condiciones de esclavitud, cifra superior a cualquier otro país en América Latina. De hecho, la trata de personas constituye el tercer negocio ilícito más lucrativo en el país, superado sólo por el tráfico de drogas y de armas.
En un mundo cada vez más interconectado, las cadenas de suministro se complejizan, dando cabida a potenciales riesgos relacionados a la esclavitud moderna. Por ejemplo, en el entorno de negocios internacionales actual, resulta muy difícil para una compañía de manufactura automotriz mantener el registro de la procedencia de los distintos componentes, así como de las condiciones laborales en los lugares en que se construyen las piezas. Al igual que la industria automotriz, las industrias extractivas, la del algodón, el café o el tabaco, por nombrar algunas, están particularmente expuestas.
La inteligencia empresarial, que involucra procesos de planeación estratégica y operaciones, siempre ha tenido un pie en la gestión de riesgos. En la actualidad, el tema de los Derechos Humanos y su relación con el sector privado nos brinda un nuevo panorama de riesgos empresariales que hasta hace poco eran atribuidos a hechos externos.
Con este nuevo enfoque, aumenta nuestra capacidad de entender los impactos positivos y negativos que una actividad productiva puede generar sobre el entorno natural y social. Pero también nos orienta en acciones preventivas para maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos de manera proactiva. Ignorar la posibilidad de complicidad corporativa en casos de esclavitud moderna, aun cuando se suscite en algún punto lejano de la cadena de suministro, resulta injustificable. Además de ser una violación ética y moral, puede ser causa de daños comerciales, legales y reputacionales significativos, e incluso irreparables.
En este contexto, es importante para las empresas realizar la diligencia debida, un proceso continuo mediante el cual pueden prevenir, mitigar y, en caso de que ocurran, remediar los impactos negativos, directos e indirectos, reales y potenciales, de su actuación sobre los derechos humanos. Este proceso difiere entre las empresas en función de su tamaño, el alcance de sus impactos en los derechos humanos y su naturaleza y contexto operacional.
La diligencia debida es un proceso que involucra gran variedad de actores a través de los múltiples departamentos y divisiones que integran una compañía. Si bien resulta un tema de responsabilidad compartida, el rol de los oficiales de cumplimiento (compliance) es imprescindible.
Aun cuando no son – por lo general – expertos en temas de derechos humanos, los oficiales de cumplimiento cuentan con amplia experiencia en el establecimiento de procesos de integridad dentro de las operaciones corporativas, lo que resulta central y vital para asegurar el cumplimiento legal y ético bajo los estándares establecidos en cada país. Su participación resulta particularmente importante si consideramos que los riesgos asociados a los derechos humanos son menos regulados, a diferencia de otros temas como la corrupción, el lavado de dinero o la justa competencia.
En Thomson Reuters nos hemos esforzado por años para informar a nivel mundial sobre cómo la tecnología y los datos pueden ayudar a los oficiales de cumplimiento y riesgo a detener la esclavitud moderna y el tráfico de personas. Por ejemplo, nos hemos aliado con grandes instituciones financieras para ayudarles a identificar transacciones bancarias realizadas por traficantes humanos, además de lanzar la primera plataforma de inteligencia e información global sobre esclavitud moderna en las cadenas de suministro, combinando las soluciones de identificación de riesgos Thomson Reuters Enhanced Due Diligence, y Thomson Reuters World-Check.
Ambas herramientas permiten procesar inmensas cantidades de datos abiertos para desenmascarar potenciales situaciones de tráfico humano y esclavitud. Además, el brazo filantrópico de la compañía, la Fundación Thomson Reuters, dedica el Trust Conference, uno de sus seis programas, a la prevención y erradicación de la esclavitud moderna y la trata de personas a nivel global mediante la articulación de sector público, privado y la sociedad.
La esclavitud moderna y la trata de personas son dos problemas que trascienden fronteras, razón por la cual se necesita una respuesta internacional que involucre procesos de diligencia debida, aunada a la participación de oficiales de cumplimiento en todo el mundo. Thomson Reuters está comprometido a apoyar a las empresas de México y el mundo a atacar este problema.
