La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) puede contribuir a crear soluciones contemporáneas para estos conflictos que irían en línea con las intenciones de la propia reforma energética, ya que esta introduce aspectos relevantes como el respeto y salvaguarda de los Derechos Humanos de las poblaciones. Precisamente para evitar que las empresas incumplan tales principios, organizaciones como las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han fijado últimamente su mirada ante el campo de las violaciones dentro de los ámbitos empresariales y en especial en el caso de los megaproyectos.
Hay mucho por hacer para crear marcos respetuosos y soluciones para mitigar los conflictos sociales, sobre los cuales todo el sector se encuentra en un proceso de aprendizaje. A estos interrogantes buscan responder tanto la academia como las asociaciones civiles, fruto de lo cual se concibió el taller celebrado recientemente en El Colegio de México. Fue los días 11 y 12 de noviembre de 2016 bajo el título “Responsabilidad Social Corporativa ante la Reforma Energética”, organizado por El Programa de Energía de El Colegio de México, Conecta Cultura A. C., y The Social License Consortium.
El evento se inauguró con la presencia de la presidenta de El Colegio de México (COLMEX), la dra. Silvia Giorguli, quien destacó la importancia de vincular la academia, las políticas públicas y las prácticas culturales para entablar diálogos que conduzcan a la resolución de conflictos. Por su parte, la Dra. Isabelle Rousseau, directora del Programa de Energía del COLMEX, explicó que los conflictos no nacieron con la Reforma, pero la manera de resolverlos sí: “Siempre hubo conflictos, pero hoy hay mayor número de actores”.
¿Por qué era necesaria la reforma?
Esa pregunta respondió la Dra. Rousseau: “era cuestión de eficiencia: había que acelerar la producción en un contexto de apertura económica que abrió el TLCAN en los años noventa, cuando el sector energético estaba cerrado, y donde PEMEX tenía demasiados retos que lo hacían ineficiente.
Otro objetivo es el desarrollo sostenible: la reforma permite que el Convenio 169 de la OIT se reactive en México, pues aunque el país lo había ratificado 1990 es en el año 2014 cuando las consultas indígenas comienzan a tomar relevancia.
Sin embargo, la reforma tiene imprecisiones conceptuales y no existe un marco nacional sobre cómo realizar la consulta indígena en cada territorio, en un contexto en el que no se han resuelto temas fundamentales sobre el reparto de las tierras, y la reforma tampoco consideró las resistencias sociales.
Ante esta perspectiva el dr. José Alberto Moreno, Coordinador de Investigación Histórica de Conecta Cultura AC, habló sobre el impacto jurídico de la reforma. Hasta hace poco, los Estados se consideraban los únicos garantes de los Derechos Humanos; hoy deben serlo también las empresas que pueden llegar a ser agentes de negociación entre comunidades y gobiernos.
Pero el principal problema es el de la legitimidad: si bien el Estado es fuente de legalidad, no siempre lo es de legitimidad para las comunidades y lo mismo pasa con los proyectos: la legalidad no es garante, hay que ganarse la legitimidad. Para poder construir los proyectos hay que construir legitimidad con las comunidades. En este camino la RSC es un camino que puede ayudar a construir el diálogo y legitimidad con las comunidades, no como un acto de cortesía sino de corresponsabilidad.
¿Cómo construir legitimidad con las comunidades?
Superar la resistencia inicial es difícil por varios motivos. Uno es la existencia de dos sistemas operando en las comunidades: por un lado las leyes y por otro los usos y costumbres, que el Dr. Moreno califica como una “esquizofrenia jurídica”.
Otro es que, mientras trabajamos con este nuevo marco legal, también lo hacemos con “lo peor del antiguo régimen (…). Encontramos caciques y otros actores que viven de alargar los conflictos (o el llamado juego suma cero) para elevar el precio de las negociaciones. Sería buena idea que las comunidades y empresas buscasen una solución conjunta”, explica.
Y para construir juntos estas soluciones y pensar un futuro común debemos construir espacios de diálogo: es imprescindible recurrir a todos los mecanismos del diálogo intercultural, que, de nuevo, encontramos desafíos y oportunidades a la hora de realizar la consulta indígena. La Consulta es responsabilidad de la Secretaría de Energía (SENER), para la cual las empresas deberían brindar información, pero paradójicamente algunas veces el gobierno impide que las empresas informen a las comunidades mientras se realiza el proceso de consulta. “Este vacío genera especulación, acuerdos extrajudiciales y aumenta la percepción de ilegitimidad”, aseguró el Dr. Moreno.
“¿Qué clase de empresa quieres ser?”
Es la pregunta que hizo la mtra. Elizabeth Romo, directora de sustentabilidad de The Social License Consortium. “¿Una empresa que ‘parchea’ o una que construye a largo plazo?”. En este sentido, la RSC puede tener varios enfoques: transaccional (la que compensa daños), transicional (la que además dialoga y crea puentes) y transformadora, (que cambia sociedades).
“La RSC por sí sola no funciona”
“La defensa de salvaguardar los derechos humanos es del Estado, pero las empresas también tienen la obligación de no afectarlos. Tenemos que vernos a nosotros mismo como constructores de paz”, afirmó la Dra. “El cambio debe darse de ‘operaciones seguras’ a ‘comunidades seguras’”.
“Está todo listo… pero no podemos construir”
En lo general, existe el fenómeno en el que las comunidades están muy polarizadas a priori, con información basada en rumores que influyen negativamente en sus percepciones y cuyo punto de partida es siempre desde la desconfianza. Sí, cuesta mucho trabajo construir relaciones con las comunidades, especialmente porque son un sector de la población que históricamente ha sufrido abusos.
